A pesar que la prensa limeña afirma lo contrario el proyecto Camisea fue duramente cuestionado en el senado de EEUU e incluso podría trabarse el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Camisea II. Esto sucede en momentos que el gobierno peruano y el BID no esclarecen de manera transparente el origen de las fallas del gasoducto y la auditoria se declara desierta.
El 13 de julio el Comité de Relaciones Externas de los Estados Unidos de Norteamérica realizó una audiencia para verificar si las inversiones de su gobierno mediante proyectos de infraestructura financiados por organismos multilaterales están contribuyendo a combatir la pobreza. Para esta evaluación se tomó como muestra dos proyectos, siendo el principal de ellos Camisea en Perú.
Clay Lowery, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales dijo: “Hemos visto que Camisea no ha sido un proyecto exitoso. Pudo haber sido mejor diseñado y haberse trabajado con los grupos representantes de la sociedad civil”.
El BID fue criticado. Lowery afirmó: “El papel del BID es el de catalizar las inversiones del sector privado, no el de llenar los vacíos de financiamiento”. Indicó que este organismo tiene que resolver los problemas que rondan Camisea 1 y tomar en cuenta las lecciones aprendidas.
Lowery dijo que Washington todavía no había decidido su voto respecto del crédito de 400 millones de dólares solicitado al BID por el consorcio que tiene previsto instalar una planta de licuefacción y un muelle para la exportación de gas. El voto de EEUU es crucial para la financiación solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Tenemos que evaluar una serie de factores como los beneficios de desarrollo para el Perú y sus ciudadanos, tenemos que mirar las garantías sociales y ambientales” entre otros factores, indicó el vocero de estado.
Por otra parte, el Ex Ministro Herrera Descalzi resaltó en la sesión que el Estado peruano fue muy débil para exigir al consorcio de Camisea la ejecución de medidas para controlar el impacto negativo del gasoducto sobre las comunidades indígenas, así como para mitigar el daño al ambiente.
También dijo que hasta el momento, la prometida reducción del costo de la energía eléctrica, como resultado del masivo consumo de gas natural de Camisea, no se ha producido. “Uno de cada cuatro peruanos carece de energía eléctrica, por lo tanto Camisea no ha sido beneficioso hasta ahora para los más pobres”.
El ex ministro de Energía y Minas resaltó además que el Estado peruano fue débil para sancionar drásticamente al consorcio por las continuas roturas de la tubería de transporte del gas líquido, “no obstante que se ha determinado que existe responsabilidad de la empresa”.
La sesión fue presidida por el Senador Republicano Richard G. Lugar quién subrayó su preocupación por la decisión del gobierno de Toledo de destinar una parte de las regalías obtenidas por la explotación de gas a la constitución de un Fondo de Defensa Nacional para la compra de armamento.
Jaime Quijandria -representante del Banco Mundial y también ex Ministro de Energía y de Economía del Perú- trató de justificar estos gastos militares aduciendo la existencia de problemas de seguridad y de secuela de un “tremendo movimiento de guerrilla no hace mucho”.
Jaime Quijandría reconoció que en la ejecución de la primera parte del proyecto Camisea fueron afectados pobladores indígenas que habitan en los alrededores del centro de explotación en la selva, así como el ambiente.
Quijandría admitió que “los indígenas que habitan cerca de la infraestructura de explotación son los más afectados” y que “el impacto más severo fue para algunas de las poblaciones indígenas que no habían tenido contacto con el mundo exterior hasta que el proyecto se inició”.
Quijandría trató de justificar la inmimente necesidad de Camisea II señalando que representa un peldaño más en la dirección adecuada y que “dependiendo de la magnitud de las reservas contribuiremos a la seguridad energética de Sudamérica y eventualmente, de todo el hemisferio”.
