Según OCP, hoy se está acabando la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados. Sin embargo, LA OBRA NO ESTA TERMINADA, sólo se concluye la parte que le interesa al consorcio, es decir la que le permite transportar el crudo lo más pronto posible. ¿Pero podemos considerar como concluida una obra que no nos ofrece condiciones MINIMAS de seguridad? ¿PUEDE EL PRESIDENTE DE LOS ECUATORIANOS dar el visto bueno a un consorcio que huye de sus responsabilidades, que roba y engaña a los ecuatorianos? ¿SE PUEDE sellar de oro el “último punto de la construcción” mientras, en otros tantos lugares se sigue desenterrando EL oleoducto para corregir los errores de construcción o para reparar los daños ya existentes?
De hecho, si bien el oleoducto está soldado y enterrado, se sigue trabajando en el derecho de vía, lo cual no corresponde a una obra acabada. En varios lugares, como en El Reventador, el OCP apenas enterrado volvió a aparecer en la superficie. En otras partes, la mala remodelación del terreno sigue interrumpiendo el curso de los riachuelos y las familias que perdieron su fuente de agua con la construcción nunca volvieron a recuperarla.
En general, la “revegetación” con especies nativas de las áreas protegidas y de los terrenos privados no es más que una leyenda. De hecho, en la mayoría de la ruta sólo se intento sembrar gramíneas, de las cuales la mayoría murió a pocas semanas de ser plantadas. Y así quedó el derecho de vía, en muchos lugares desnudo y sujeto a la erosión, y en otros cubierto de malezas y vegetación típica de áreas degradadas.
El OCP tiene responsabilidad por la destrucción de vías y puentes debido al paso incesante de camiones y maquinarias pesadas a lo largo de los 503 kilómetros. Este hecho no preocupa ni a OCP, ni a las autoridades, que no han hecho nada para arreglar esta situación. Tampoco se preocuparon por las numerosas negligencias ocurridas durante la construcción y no resueltas hasta la fecha, como la pérdida de material radioactivo en el río Quinindé, la muerte voluntaria o accidental de más de dos decenas de sus trabajadores, la contaminación de la Laguna de Papallacta con sus impactos sobre el agua de Quito, etc…
A todo lo largo de la ruta, tampoco están concluidos los tratos con los afectados y con los Municipios. En Sucumbíos, la Red Amazónica por la Vida, que agrupa a más de 250 familias afectadas por el paso del OCP, sigue reclamando unas justas indemnizaciones que tomen en cuenta los impactos de la construcción no contemplados en los contratos. En Quijos, la asociación Unidos Somos Más, que agrupa a 255 socios, presentó una demanda contra OCP basándose en la Ley de Gestión ambiental. En Mindo, Acción por la Vida interpuso una demanda en contra del OCP por violación de los derechos privados contemplados en la Constitución (Art. 23, 86,87,89 y 91), así como de varios artículos del Código civil y normas de la Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y de vida silvestre.
El OCP ha sido construido con demasiado apuro. Todavía no está acabada su construcción ya que no presenta las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad de la población y la conservación del medio ambiente.
ACCION ECOLOGICA ALERTA A LA OPINION PUBLICA QUE RECIBIR UNA OBRA EN ESTAS CONDICIONES SERA UN NUEVO ATROPELLO A LOS DERECHOS E INTERESES DEL PAIS Y SOLO SIRVE PARA LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS DEL OCP
