Una nueva denuncia contra la construcción de la planta de fraccionamiento de Camisea en la playa Lobería hicieron las asociaciones ambientalistas: la obra no cuenta con licencia de habilitación urbana.
Esta sería una razón más para la conformación de una comisión investigadora del Congreso que evalúe el caso, afirmaron durante conferencia de prensa los miembros de las asociaciones de ambientalistas conjuntamente con el segundo vicepresidente del Congreso, Pedro Morales.
En una reunión reciente convocada por el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conam), Pluspetrol fue consultada sobre el citado documento que debía expedirlo el concejo provincial de Pisco, necesario para que el municipio distrital entregue a su vez la licencia de construcción.
Los representantes de la empresa, de capitales argentinos, reconocieron que no contaban con tal documento, relató Liliana Miranda del Foro Ciudades Para la Vida. Eso sería suficiente para que el alcalde provincial de Pisco, Diego Molina, determine paralizar la obra, señaló.
Para Guillermo Benvenuto, del Colegio de Arquitectos, el caso es similar al ocurrido con la construcción de la Fábrica de fideos Lucchetti en los Pantanos de Villa.
En la conferencia también fue denunciado el problema ocasionado en el río Pisco, en el tendido del ducto hacia la planta de fraccionamiento.
María Elena Foronda, presidenta de la Sociedad Nacional del Ambiente, informó que remitieron una carta a la premier Beatriz Merino para que les conceda una reunión y así informarle, con detalle, de las irregularidades.
Pedro Morales advirtió que el gobierno debe resolver el problema de la planta de fraccionamiento a través de su reubicación, de lo contrario el mercado mundial podría cerrar sus puertas al gas de Camisea.
Indicó que planteó la conformación de una comisión especial multipartidaria que investigue las presuntas irregularidades en la aprobación del estudio de impacto ambiental y los estudios complementarios de la planta de fraccionamiento y terminal de carga submarina.
TGP indemnizará a agricultores
Transportadora de Gas del Perú (TGP), consorcio que desarrolla la fase de transporte del gas de Camisea, realizará inspecciones para determinar las indemnizaciones a los propietarios de las tierras por donde pasa la tubería de los ductos, luego de terminadas las obras.
Así lo afirmó Fernando Deustua, gerente de relaciones institucionales de TGP, quien informó que realizaron cerca de 400 talleres con comunidades en costa, sierra y selva, con los directamente involucrados, para que tengan un periodo de comunicación y consulta respecto a los contratos que se suscribirán. Luego de ello se firmaron más de 2,300 contratos ante notario público, los cuales consideran un porcentaje de pago pendiente y una cláusula por daños adicionales.
Explicó que los trabajos para el paso de los ductos duran un promedio de entre 4 a 6 meses, con una franja de 25 metros. El proyecto es por 33 años con un derecho de servidumbre, “la indemnización es por toda la vida útil del proyecto y ellos pueden sembrar y cosechar a partir del término de la construcción”, señaló.
Para los trabajos en el río Pisco tuvieron conversaciones con la población y sus autoridades. Anotó que firmaron un convenio con la Asociación de Gremios Recolectores y Acopiadores de Camarón, la Asociación de Extractores y Acuicultores del río Pisco, y con la Asociación de Recolectores y Acuicultores del río Huancano, con los cuales se comprometen a repoblar los ríos con 200 mil larvas de camarón, así como una donación de equipos.
Artistas solicitan a Bush bloquear financiamiento
Un numeroso grupo de artistas del cine y de la música pidieron al presidente de EEUU, George W. Bush, que ordene votar contra todo financiamiento internacional al proyecto de Camisea, por considerarlo una amenaza contra la selva amazónica.
Catorce estrellas, entre ellas el británico Sting, la estadounidense Susan Sarandon y el panameño Rubén Blades, firmaron una carta enviada ayer a Bush, instándolo a asegurarse de que sus “impuestos no contribuyan a la destrucción masiva de una de las selvas de mayor biodiversidad en el planeta”.
Los artistas dijeron que se opondrán al proyecto mientras el gobierno peruano no tome medidas para proteger la reserva forestal y las comunidades indígenas. “Si los consumidores de California supieran el alto costo social y ecológico, estarían muy opuestos a ello”, agrega la misiva. (AFP)
