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Ex Ministro Reyes Villa Avaló Tendido del Ducto a Cuiabá

May 10, 2002 | El Deber

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

IMPACTO. La ex viceministra de Medio Ambiente, Neysa Roca, dijo que la obra se tenía que hacer pese a la depredación. “Es el costo del desarrollo” justificó. La organización WWF hizo muchas observaciones
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El Ministerio de Desarrollo Sostenible, entonces a cargo Érick Reyes Villa (NFR), avaló, en 1999, la construcción del gasoducto a Cuiabá, que implicó la destrucción de 10.800.000 metros cuadrados (en un área de 360 kilómetros de largo y 30 metros de ancho) de bosques tropicales primarios (tierras vírgenes) en la Chiquitania. El gasoducto “no debió ser construido”, dijo, según el Washington Post, Mike Colby, un ex consejero medioambientalista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Yo no firmé nada”. Así de conciso fue el ex Ministro cuando fue consultado por La Prensa acerca de su responsabilidad en el caso. Según el artículo 103 de la Constitución Política del Estado (CPE), los ministros de Estado son los responsables de los actos de administración en sus respectivos ramos, juntamente con el Presidente de la República. A pesar de serias observaciones, entre ellas la de la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF), la entonces viceministra de Medio Ambiente, Neysa Roca Hurtado (ADN) otorgó, el 17 de diciembre de 1998, la Licencia Ambiental a Gas Oriente Boliviano Ltda., empresa que construyó el ducto desde San Miguel hacia la frontera con Brasil. Aunque reconoció que el área afectada es “un bosque primario y frágil”, Roca Hurtado dijo a La Prensa que su ejecución era necesaria a pesar de la depredación. “Son los riesgos del desarrollo; no podemos impedir, por ejemplo, la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que también cruza bosques”, señaló al ser consultada acerca de por qué su autoridad no evitó el proyecto. Aún así negó su responsabilidad en el caso. Dijo que lo que hizo su oficina fue simplemente emitir la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) en sujeción a los informes técnicos del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, entonces a cargo de Carlos Alberto López. Roca Hurtado confesó que la concesión emitida por su despacho no tomó en cuenta las observaciones ni de WWF ni del Banco Mundial, que había declarado al bosque chiquitano como uno de los dos más valiosos de Latinoamérica. El Viceministerio de Medio Ambiente depende del Ministerio de Desarrollo Sostenible, cartera de Estado que cuando se concedió la licencia en favor de Gas Oriente estaba manejada por Érick Reyes Villa (NFR). “La Licencia Ambiental es sólo un requisito, no una autorización (para la ejecución del proyecto), que se ha hecho en base a informes técnicos”, explicó Reyes Villa.En marzo de 1999 WWF recomendó a Enron considerar una ruta alternativa para el gasoducto atravesando los caminos ya impactados San Matías-San Rafael-San José de Chiquitos-Taperas. Un mes más tarde ejecutivos de Enron, Shell, WWF, Friends of the Earth y Conservación Internacional se reunieron en las oficinas de WWF en Washington, D.C. y trataron de encauzar el Proyecto en la forma adecuada. Las empresas rechazaron la ruta alternativa con la justificación de que sería mucho más costosa la construcción del gasoducto si ésta se postergaba y que había sido planificada para la época seca de 1999. Explicaron que si no empezaba el bombeo de gas a Cuiaba, a partir del 1 de marzo del 2000, soportarían multas de $us 1 millón diario. No hubo acuerdo acerca del estudio suplementario y Enron ofreció financiar un pequeño estudio independiente hecho por parte de las organizaciones científicas independientes (ISEA). GOB declaró silencio absoluto Aun cuando todas las acusaciones de daños al ecosistema del bosque seco chiquitano apuntan a las empresas constructoras del gasoducto a Cuiabá, la compañía Gas Oriente Boliviano (GOB) -cuyos accionistas son Enron y Shell-, que lleva adelante la obra, decidió no formular ningún tipo de comentario sobre las denuncias aparecidas el 6 de mayo último en el periódico estadounidense The Washington Post. El gerente Frank Sugrañes es la única persona que puede hacer declaraciones a nombre de la empresa, que decidió quedarse en silencio absoluto y no tocar el tema de ninguna forma. El gerente ambiental, David Lozano, tampoco está autorizado a hablar. Fundación dice que todo estaba autorizado La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, rechaza las denuncias que aparecen en el peródico estadoundense The Washington Post. El director de la organización, Hermes Justiniano, dijo que la mina de la que habla la publicación será reactivada en la zona debido a una mejora del precio del oro. “No es cierto que los trabajadores estén acampando sobre el derecho de vía, porque la mina está a cinco kilómetros del ducto, y además el acceso se lo hace por el antiguo camino que también conduce al aserradero Pontón. Conocemos las facilidades de la mina, tiene sus campamentos muy bien montados, tiene dormitorios, comedores. Es una operación moderna y bien controlada”, explicó. Justiniano indicó que cuando las organizaciones ecologistas empezaron a preocuparse por el derecho de vía que atraviesa el bosque chiquitano, el Gobierno ya había autorizado a las empresas a construir el gasoducto. De la misma manera los municipios, las organizaciones indígenas, ganaderos y madereros habían negociado sus planes de compensación y mitigación con los dueños del gasoducto. “Cuando empezamos a entrar en el tema, las cosas estaban decididas, autorizadas y en curso de ejecución, incluso había convenios firmados y montos desembolsados, esto fue a inicios de 1999.

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