Por: Patricia B. Caffrey
Por encargo de las organizaciones indígenas del Perú:
Consejo Machiguenga del Rio Urubamba (COMARU) y
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
CONTENIDO 2
RECONOCIMIENTOS 3
I. RESUMEN EJECUTIVO 4
II. INTRODUCCIÓN 8
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA 10
A. SISTEMA PARA EL TRANSPORTE DE GAS 10
B. LOTE 88 – EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS 11
IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 15
A. LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO 15
1. Introducción: 15
2. Acuerdos legales internacionales sobre los derechos indígenas 17
3. Análisis del estudio de impactos sociales de Pluspetrol 19
B. OTROS IMPACTOS SOCIALES 22
1. Introducción: 22
2. Prácticas óptimas y estándares internacionales: 24
3. Observaciones: estudios de impacto ambientales, planes de manejo ambientales y planes para relaciones comunitarias: 27
C. IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD 30
1. Introduccion: 30
2. Buenas prácticas y estándares internacionales: 33
3. Observaciones: Evaluación del impacto ambiental y los planes de manejo ambientales: 35
V. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DESEADOS 42
A. CONCLUSIONES 42
B. RESULTADOS DESEADOS 47
RECONOCIMIENTOS
Muchas personas y sus respectivas organizaciones con un amplio número de experiencias y conocimiento han contribuido y enriquecido esta revisión independiente. Quisiera agradecer a las siguientes personas por su ayuda técnica en el análisis: Janet Lloyd de Amazon Watch; Bahram Jafari, un consultor independiente en el diseño y desarrollo de los proyectos de gas; Amparo Herrera de Perú Verde, una organización no lucrativa con cede en Timpia – Bajo Urubamba; Meche Lu de E-Law; y las comunidades Machiguenga de la Región Urubamba. También quisiera agradecer a las siguientes personas quienes revisaron y añadieron sugerencias para fortalecer el reporte: Juan Carlos Riveros de WWF-Peru, Lily la Torre de Racimos de Ungurahui, y Lelis Rivera de CEDIA. Así mismo agradezco a los antropólogos Conrad Feather, Gregor MacLennan y Lev Michael. Los traductores también merecen un reconocimiento especial for su buen trabajo: Violeta Villacorta, Alex Taylor y Roberto Espejo. Hubieron varias personas quienes estuvieron conmigo durante todo el proceso de la producción del estudio independiente y merecen unas gracias especiales: Cathy Ross, Keith Slack y Javier Aroca de Oxfam America, Atossa Soltani of Amazon Watch, y Jorge Agurto – el Coordinador de este esfuerzo. Finalmente, queremos agradecer a la Alianza Amazónica por su trabajo de
coordinación, y a las instituciones Global Green Grants, Oxfam America,
Rainforest Action Newtork, y Tropical Nature para su apoyo financiero.
I. RESUMEN EJECUTIVO
El yacimiento peruano de gas natural de Camisea (Lote 88) y el proyecto del gasoducto será construido en una de las áreas ambientales y sociales más sensitivas del mundo. Camisea, región de gran biodiversidad, alberga a los Machiguenga, Yine, Nanti, y posiblemente a los Kirineri, aparte de otras poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. La Cordillera de Vilcabamba y la Región Baja del Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservación Internacional ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como una de las 25 zonas más importantes del mundo para la conservación dada su riqueza biológica, su alta incidencia de endemismo y su estatus de altamente amenazado. WWF ha designado el Sudoeste Amazónico, que contiene el Bajo Urubamba, como una de sus ecoregiones “Global 200”, ecoregión priorizada para esfuerzos de conservación dada su gran biodiversidad y las funciones ecológicas que realiza y que son de importancia mundial.
Esta revisión provee una evaluación independiente de los potenciales impactos sociales y ambientales más significativos del proyecto del yacimiento de gas natural y del gasoducto de Camisea en el Valle del río Urubamba. La evaluación enfoca su particular atención al análisis de las preocupaciones de las organizaciones de los pueblos indígenas y de las organizaciones ambientales y de desarrollo, internacionales y nacionales, que trabajan para apoyar a los pueblos indígenas en el área. La revisión ha sido supervisada por un consorcio de organizaciones interesadas (Grupo de Interés) por encargo de las organizaciones indígenas peruanas: el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y con apoyo de las organizaciones cooperantes – Amazon Watch, Oxfam América y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica fue llevada a cabo por un grupo independiente de expertos que trabajaron cercanamente con el grupo de interés y los participantes locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos fueron consultores independientes y a ellos se sumó el input voluntario de expertos de las siguientes organizaciones – Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, AIDESEP, WWF-Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam América, Perú Verde, ELAW Perú y Amazon Watch.
Los expertos técnicos revisaron la actual Evaluación de Impacto Ambiental, los Planes de Manejo Ambientales, la Evaluación de Biodiversidad y otros documentos relacionados al proyecto clave, tanto para los proyectos producción “upstream” como transporte o “downstream”. Esos documentos fueron comparados con: (a) documentos similares preparados por el consorcio de Camisea liderado por Shell desde 1996-1998 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) otros documentos similares. El análisis preliminar se presentó, se discutió y se concluyó durante una serie de talleres llevados a cabo con los participantes interesados del Valle del río Urubamba.
Dos consorcios implementarán el proyecto del Gas de Camisea. La parte del proyecto de transporte, será implementada por la Transportadora del Gas del Perú (TGP) – un consorcio de varias compañías: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (USA), Corporación SK (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina – operador principal del proyecto y subsidiaria de Techint). Las principales características de la parte de transporte del proyecto son:
· Gasoducto – dos gasoductos que serán enterrados uno al lado del otro (gas natural y gas natural líquido), a lo largo de 700 kilómetros que principian en los bosques tropicales bajos y terminan en la costa (25 metros de ancho del derecho de vía – ROW). Dichos gasoductos tendrán la capacidad de transportar 250 millones de pies cúbicos de gas natural al día y 70,000 barriles de LNG al día.
· Estaciones de bombeo y de presión: dos estaciones de bombeo en la área sensitiva de bosque tropical.
· Dos campamentos que albergarán entre 500 y 1,000 trabajadores serán establecidos en el área sensitiva del bosque tropical.
Pluspetrol (Argentina- principal operador), Hunt Oil (U.S.A), SK CORPORATION (Corea) e Hidrocarburos Andino S.A.C. (Perú) implementarán la parte de exploración y extracción del proyecto que se llevará a cabo en el Lote 88. Las principales características de esta parte del proyecto son:
· Pruebas sísmicas – caminos de 1.5 metros de ancho serán abiertos aproximadamente cada 300 metros, norte-sur y este-oeste, y producirán explosiones en un área de 800 kilómetros cuadrados, 66 helipuertos y varios campamentos ocuparán 8.5 hectáreas y habrá 6,400 zonas de descarga que ocuparán 23 hectáreas.
· Extracción – plataformas y pozos. Actualmente hay 4 plataformas (1 a 3 hectáreas) y 12 pozos, pero 9 pozos serán agregados en el futuro.
· Transporte – la red del gasoducto entre las plataformas y la planta de procesamiento dentro del Lote 88, 64 kilómetros, 25 metros ROW.
· En Las Malvinas: una planta de separación y condensación de gas, infraestructura relacionada, carretera de aterrizaje, instalaciones portuarias, tanques de almacenamiento y un campamento que albergará entre 500 y 1000 trabajadores. El área de las instalaciones abarcará 72 hectáreas.
El análisis, las observaciones y las conclusiones de este informe son detalladas y extensas. Las principales observaciones y recomendaciones son las siguientes:
Impactos negativos irreversibles y cumplimiento:
El proyecto tendrá impactos negativos irreversibles en la biodiversidad de esta área y en los grupos indígenas que viven aislados a pesar de la implementación de las medidas atenuadoras más estrictas. Adicionalmente, hay preocupación de que aún si el consorcio planease medidas más estrictas, en realidad las compañías no las respetarían ni las cumplirían dentro de sus planes y metas. No existen incentivos financieros ni una aplicación estricta para asegurar el cumplimiento de los planes a lo largo de la vida del proyecto. La capacidad del gobierno peruano para aplicar el cumplimiento es muy débil. Ninguna de las compañías involucradas en el consorcio tiene una historia de aplicar las mejores prácticas ambientales y sociales. En el caso de TGP, las metas atenuadoras y las medidas son deficientes. Los planes del proyecto no incluyen un proceso de monitoreo verdaderamente independiente y transparente y carece de mecanismos para asegurar una supervisión independiente técnica y consultora.
Ninguno de los componentes del proyecto satisface los estándares del Banco Mundial. La exploración, la extracción y las actividades del transporte destruirán bosques tropicales húmedos primarios y conllevarán a la degradación y conversión de los hábitats naturales críticos. Es deficiente el análisis especial de los impactos sobre los grupos indígenas – particularmente el análisis sobre aquellos que están viviendo en aislamiento voluntario. No existen planes para atenuar y prevenir los impactos negativos a estos grupos. Ambas compañías violan la Convención Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A los participantes locales no se les dio información adecuada ni tiempo suficiente para estudiar y contestar al EIA. Las actuales negociaciones de compensación y prácticas no permiten una toma de decisiones libre e informada de parte de los grupos indígenas. Ellos no han estado involucrados en la toma de decisiones sobre temas que los van a afectar.
Reconocimiento de impactos inducidos y control de acceso
Ambos EIA incluyen extensas secciones para el análisis de impactos directos potenciales. No obstante, el análisis de impactos inducidos indirectos y las medidas de manejo ambiental correspondientes para atenuarlos son deficientes. Los EIA para el componente producción o “upstream” no analiza el impacto inducido indirecto. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental es débil cuando se trata de medidas para prevenir o atenuar impactos inducidos. El EIA para el componente transporte o “downstream” no reconoce los impactos inducidos directos; por lo tanto, el plan de manejo ambiental no los considera. Ambos componentes fueron estudiados en forma separada para que no haya reconocimiento del impacto combinado de ambos componentes. Por ejemplo, Pluspetrol planea prohibir la construcción de carreteras para bloquear el acceso. Sin embargo, no se hace mención el hecho que el otro componente, el gasoducto, abrirá acceso a la Cordillera del Vilcabamba, al Bajo Urubamba y al Lote 88. Para un proyecto tan complejo que será implementado en un área extremadamente sensitiva, éste es un defecto significativo. Las comunidades locales y los grupos de derechos humanos y conservación están muy preocupados sobre los temas de impacto indirecto, como la facilitación del acceso que conllevará al incremento de la colonización, a la deforestación, a la degradación ambiental, a riesgos para la salud, a la pérdida de integridad cultural y a conflictos sociales. A las compañías se les debe requerir la implementación de medidas para controlar el acceso.
Relaciones con la comunidad
Las relaciones de las compañías con los participantes locales son problemáticas. Aunque algunas de las consultas iniciales caminaron bien – especialmente aquellas conducidas por ERM, el involucramiento público en las revisiones del EIA ha sido sumamente inadecuado. Las empresas no han tomado en cuenta las sugerencias de las comunidades Machiguengas en el diseño del proyecto, en los planes de manejo ambiental ni en las medidas de compensación propuestas. Las prácticas de negociación de compensaciones han resultado en la división, confusión y el debilitamiento de la comunidad Machiguenga. Las compañías han negociado y están negociando exclusivamente bajo sus propias condiciones y por eso las comunidades encaran tener que negociar temas relacionados con una o tres compañías diferentes. No ha habido ningún esfuerzo para integrar el enfoque entre las compañías. Diferentes “negocios” son presentados a cada comunidad, lo que a las comunidades les parece ser un proceso caótico y divisionista que tampoco atiende sus preocupaciones. Como resultado, dicho proceso está generando falta de confianza entre las compañías y la población local. Las comunidades locales están muy conscientes de los potenciales problemas sociales y ambientales y se dan cuenta que las negociaciones de compensación divididas y parciales no atienden estos temas. Las compañías necesitan combinar esfuerzos y recursos para trabajar con las comunidades y atender sus preocupaciones regionales en forma efectiva e integral. La compañía debería trabajar colectivamente con las comunidades – no individualmente.
Pueblos indígenas que viven en aislamiento
La magnitud del proyecto del Gas de Camisea exige una evaluación minuciosa y precisa de las necesidades y la voluntad de los pueblos que viven en aislamiento voluntario y un análisis riguroso y completo de los impactos del proyecto en sus vidas. Los métodos propuestos para reducir los impactos sociales en los pueblos aislados son muy deficientes. Además, es necesario enfatizar que el mejoramiento de dichos métodos solo reduciría parcialmente los riesgos sustanciales que presenta el proyecto de causar serios impactos sociales en los pueblos indígenas aislados. Los Nanti, los Nahua y los Kirineri serán afectados de diversas formas y en diferentes grados. El Proyecto del Gas de Camisea viola repetidamente los derechos reconocidos internacionalmente de los pueblos indígenas que viven aislados como seres humanos y como pueblos indígenas. Aunque las compañías desaprueben el contacto con estos pueblos, es muy probable que a lo largo de los 33 años durante los cuáles se implementará el proyecto, dicho contacto tomará lugar, aún contra la voluntad de algunos de estos grupos. Los límites de la Reserva del Estado a favor de las poblaciones nativas Nómade Kugapakori y Nahua no han sido respetados al permitir la exploración y la extracción de gas dentro de la Reserva. Tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica se llevarán a cabo en la Reserva. Respetar los límites de la Reserva y los derechos de los pueblos aislados significaría prohibir el desarrollo de tres de las plataformas (Cashiriari 1 y 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica en forma tal que no se lleve a cabo en la Reserva. Finalmente, ningún mecanismo de supervisión independiente ha sido propuesto para asegurar el desarrollo adecuado de medidas y el estricto cumplimiento de las políticas de las compañías, el código de conducta y los planes de contingencia relacionados a las poblaciones indígenas que viven aisladas.
Seguridad en las comunidades locales
Las comunidades locales nunca han estado tan expuestas a un proyecto industrial y se debería tener mucho cuidado para proteger su salud y seguridad. Durante los talleres que llevamos a cabo en el área, las comunidades locales expresaron un alto nivel de entendimiento y preocupación sobre los riesgos potenciales en salud y seguridad. Es muy probable que el proceso de consultas EIA contribuya a esta conciencia. Por otro lado, a pesar de lo meticuloso del análisis de consulta, el diseño del proyecto y los planes no han considerado varias preocupaciones locales principales. El diseño actual instala el gasoducto peligrosamente cerca de las poblaciones humanas y estructuras civiles. Los campamentos de los trabajadores presentarán una intrusión significativa en la población nativa local. Ellos presentan una seria amenaza potencial a la salud y a la cultura de los pueblos locales. Cualquier relación entre los trabajadores y las comunidades locales conllevaría a impactos sociales negativos.
II. INTRODUCCIÓN
El yacimiento peruano de gas natural de Camisea (Lote 88) y el proyecto del gasoducto será construido en una de las áreas ambientales y sociales más sensitivas del mundo. Camisea, que es una región de gran biodiversidad, es el hogar de los Machiguenga, los Yine, los Nanti y los Nahua, incluyendo las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas en el área del proyecto están sumamente preocupados por los impactos potenciales del proyecto sobre su ambiente natural y su habilidad para vivir de ella. La forma de vida de esta población está íntimamente vinculada al hábitat del bosque natural y al agua de los rios que fluyen de las laderas andinas orientales y de la cuenca del río Amazonas en la que viven. La degradación o conversión de estos hábitats naturales alterarían de manera significativa la forma en que obtienen el sustento diario, su salud y su forma de vida. Por esta razón, han solicitado asistencia internacional para revisar los documentos sobre el impacto ambiental relacionado al proyecto preparado para los dos miembros del consorcio, Pluspetrol (producción o “upstream”) y TGP (transporte o “downstream”). La revisión busca fortalecer los esfuerzos de los participantes locales para garantizar que los impactos serios relacionados al proyecto sean atendidos dentro de los procesos administrativos ambientales que se van a establecer.
La Cordillera de Vilcabamba y la Región Baja del Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservación Internacional ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como una de las veinticinco zonas más importantes para su conservación dada su riqueza biológica, su alta incidencia de endemismo y su estatus de región altamente amenazada . El Fondo Mundial de la Naturaleza (World Wildlife Fund-WWF) ha designado el Sudoeste del Amazonas, que contiene el Bajo Urubamba, como una de sus ecoregiones “Global 200” priorizadas para esfuerzos de conservación dada su alta biodiversidad y sus funciones ecológicas de importancia mundial. Una rápida evaluación ecológica producida por el Instituto Smithsonian y Conservación Internacional confirma que la Cordillera de Vilcabamba es una región de biodiversidad de importancia mundial y recomienda que los gasoductos la circunden, que la construcción de carreteras sean prohibidas y la inmigración al área sea controlada. Una serie de estudios de biodiversidad en la Región Baja del Urubamba conducidos por el Instituto Smithsonian declaran que hay pocas áreas vírgenes e intactas en el planeta; vírgenes de toda actividad humana y con su complemento completo de biodiversidad, como el Bajo Urubamba. Continúa diciendo que los bosques de transición del Bajo Urubamba están entre los más biológicamente diversos en el mundo.
Dada la naturaleza social y ecológica altamente sensitiva de estas áreas, los participantes locales esperan que los procesos y las protecciones propuestas satisfagan al menos los estándares establecidos por el líder del anterior consorcio de Camisea, Royal Dutch Shell, y por el Banco Mundial. La Evaluación de Impacto Ambiental (Environmental Impact Assessment – EIA) original conducido por Shell Oil indica que el yacimiento de gas de Camisea y el proyecto del gasoducto podrían causar la pérdida de recursos alimenticios, la pérdida del hábitat y la biodiversidad, la contaminación del suministro de agua potable y un incremento en la incidencia de enfermedades. Cuando Shell Oil condujo una exploración preliminar en la región en la década de los 80, el 42% de la población Nahua murió como consecuencia de enfermedades que contrajeron de los madereros (Shepard, 1999: 38). Los madereros utilizaron los caminos de la prospección sísmica para penetrar profundamente en el bosque. Antes de eventualmente retirarse de este proyecto, Shell se comprometió a minimizar los impactos del proyecto sobre la biodiversidad y sobre las comunidades locales de la región.
Esta revisión ofrece una evaluación independiente de los potenciales impactos sociales y ambientales más significativos del yacimiento de gas natural de Camisea y el proyecto de gasoducto sobre el Valle del río Urubamba. La evaluación presta mucha atención al análisis de las preocupaciones de las organizaciones de los pueblos indígenas locales
La revisión estuvo supervisada por un consorcio de organizaciones interesadas (Grupo de Interés) por encargo de las organizaciones indígenas peruanas: el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y con apoyo de las organizaciones de cooperación – Amazon Watch, Oxfam America y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica se llevó a cabo por un grupo de expertos independientes que trabajaron de cerca con el grupo de interés y los participantes locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos incluyeron consultores independientes además del input voluntario de expertos de las siguientes organizaciones – Racimos de Ungurahui, AIDESEP, WWF Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam America, Perú Verde, ELAW Perú, y Amazon Watch.
Los expertos técnicos revisaron el actual EIA, los Planes de Manejo Ambientales, las evaluaciones de biodiversidad y otros documentos claves relacionados al proyecto, tanto para los proyectos de producción o “upstream” como transporte o “downstream”. Esos documentos fueron comparados con (a) documentos similares preparados para el consorcio de Camisea liderado por Shell de 1996 a 1998 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) documentos similares y prácticas todavía actuales en los proyectos de gasoductos entre Bolivia/Brasil y Bolivia/Cuiaba, incluyendo el sistema de monitoreo independiente, el plan de desarrollo de los pueblos indígenas, los planes de manejo ambientales y los programas para compensar la pérdida de la biodiversidad.
El análisis preliminar fue presentado, discutido y finalizado durante una serie de talleres que se llevaron a cabo con los representantes de las comunidades indígenas y participantes interesados del Valle del río Urubamba. Este documento presenta breves descripciones del proyecto, el análisis técnico, los resultados deseados y recomendaciones. Muchas personas interesadas e instituciones invirtieron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para preparar esta evaluación independiente y es su sincero deseo que los auspiciadores y administradores del proyecto del gas de Camisea utilicen el informe para obtener los resultados deseados. La evaluación servirá de guía a las comunidades de base para evaluar las prácticas y el rendimiento de aquellos que implementarán el proyecto y, en último lugar, el impacto del proyecto en sus vidas y en su supervivencia cultural.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA
A. SISTEMA PARA EL TRANSPORTE DE GAS
El Proyecto será implementado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) – un consorcio de varias compañías: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EE UU), SK Corporation (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina – operador del Proyecto y subsidiaria de Techint). Tres contratos de 33 años fueron firmados con el Gobierno del Perú el 9 de diciembre, 2000: 1) un contrato para construir, poseer, operar y transferir (BOOT – Build, Own, Operate, Transfer); 2) un contrato para BOOT de gas líquido natural a través del gasoducto de Camisea (Las Malvinas) a la costa del Perú (Lurín) y 3) un contrato para BOOT de distribución de gas natural a través de los gasoductos en Lima y Callao. TGP es responsable por el diseño, la administración de bienes y servicios, la construcción y operación del sistema de transporte de gas, el arriendo de servicios de transporte y mantenimiento y el reparo del sistema. El costo estimado del Proyecto es de US $ 1,450 millones. El gasoducto de gas natural será aproximadamente de 700 kilómetros de largo y el “poliducto” para transportar gas natural líquido será de 650 kilómetros. Los dos empezaran en Las Malvinas, en Camisea. El gasoducto de gas natural terminará a la entrada de la ciudad de Lima y el gasoducto de gas natural líquido terminará en Pampa Clarita en Cañete. El Proyecto está diseñado para transportar 76.2 millones de metros cúbicos de gas natural diarios y 70,000 barriles de gas natural líquido diarios. Sin embargo, el uso inicial será de aproximadamente unos 38.1 millones de metros cúbicos de gas natural diarios. El diámetro del gasoducto de gas natural variará de 45.72 cm, 60.96 cm, 81.28 cm; y el “poliducto” variará de 35.56 cm, 32.39 cm, 27.31 cm, y 22.1 cm. Los dos gasoductos serán enterrados a lo largo de toda la ruta. La profundidad de donde los gasoductos serán enterrados se determinará dependiendo de las características del suelo. Por ejemplo, en los cruces de vías estos serán enterrados a dos metros, sin embargo a lo largo de la mayor parte de la ruta serán enterrados a una profundidad de 6 a .9 metros. Los gasoductos cruzarán treinta valles y ríos empinados y los cruces por lo general se construirán convencionalmente, con la excepción probable de los Ríos Urubamba y Apurimac, lo cual podría involucrar una construcción a través de perforaciones horizontales guiadas. Pueda que el Río Acocro requiera un cruce aéreo. Un derecho de vía de 24 metros de ancho será despejado para el gasoducto con la excepción de una posible reducción de 15 metros cuando pasa por cuatro áreas de sensibilidad ecológica (Vol. I R, pg. 64).
El Proyecto también incluirá la siguiente infraestructura como parte del sistema de transporte:
Para transportar gas natural:
2 estaciones para controlar la presión en el kilómetro 0 y kilómetro 482
1 raspador de lanzamiento (launching scraper) en Las Malvinas, 1 “pig” receptor en Lurín y “pigs” raspadores (scraper pigs) intermediarios cada 140 kilómetros
27 válvulas reguladoras, cada 35 kilómetros
4 gasoductos alimentadores (feeder pipelines) para proveer gas natural y generar electricidad en las estaciones de bombeo de gas natural líquido en los kilómetros 0, 70, 173 y 199.
Para transportar gas natural líquido:
Una estación de bombeo inicial en el kilómetro 0.
3 estaciones de bombeo intermediarios en los kilómetros 70, 173, y 199.
2 estaciones de reducción de presión en los kilómetros 421 y 482.
1 “pig” raspador de lanzamiento (launching scraper pig) en Las Malvinas y 1 “pig” receptor en Pampa Clarita y 7 “pigs” raspadores intermediarios (intermediary scraper pigs).
18 válvulas y estaciones reguladoras, aproximadamente a cada 30 kilómetros.
Otra infraestructura relacionada:
Un sistema SCADA – un sistema de control central computarizado que vigila y avisa de cambios de presión por todo el sistema de ductos.
11 asentamientos temporarios – cada uno cubre 40,000-60,000 metros cuadrados.
La construcción de vías de acceso y el mejoramiento de vías existentes (el EIA no indica donde).
La construcción de estaciones de helicópteros (el EIA no indica donde).
B. LOTE 88 – EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS
El proyecto será implementado por un consorcio de compañías compuesto por Pluspetrol (Argentina – operador mayor), Hunt Oil (USA), SK Corporation (Corea) e Hidrocarburos Andinos S.A.C (Perú). Después de seguir una licitación pública, el contrato fue otorgado a estas compañías por el Gobierno peruano el 9 de diciembre de 2000. El contrato estipula que se debería llevar gas a Lima alrededor de agosto de 2004. El proyecto involucrará el desarrollo de cuatro yacimientos de perforación en cuatro plataformas ya existentes ( San Martín 1 & 3, Cashiriari 1 & 3 – previamente construidas por Shell Int.), la construcción de una planta de separación y condensación (la planta y otras facilidades relacionadas ocuparán 72 hectáreas) en Las Malvinas, instalación y operación de una red de gasoductos desde las plataformas hasta la planta (64 km.) y una prospección sísmica 3D de un área de 800 kilómetros cuadrados. El proyecto se ubicará en la Amazonia peruana, cerca del Río Camisea aproximadamente a 20 km. de la ribera derecha del Río Urubamba. El área no se encuentra desarrollada y se le reconoce por su alta biodiversidad. Hay pueblos nativos en el área – algunos asentados y otros nómadas. Una breve descripción de cada componente se encuentra a continuación:
Mapa del Area del Proyecto
Prospección sísmica 3D:
El transporte para la prospección será por helicóptero. Un campamento base (2 hectáreas) que será ubicado temporalmente en Las Malvinas cerca del Río Urubamba con una capacidad para 100 personas, incluirá alojamiento, oficinas, talleres, generador, helipuerto, puerto ribereño y otra infraestructura relacionada. También se construirán temporalmente tres bases subsidiarias en el área, donde cada una ocupará aproximadamente 0.05 hectáreas según el estudio. Campamentos errantes, los cuales acomodarán de 20 a 40 personas, se quedarán en las bases subsidiarias (principalmente cerca de las plataformas) y otras áreas cuando sea necesario ocupando un área de 0.04 hectáreas. Líneas receptoras (1.5 m. de ancho) serán abiertas de Norte a Sur cada 300 m. y líneas de origen serán abiertas de Este a Oeste cada 400 m. Equipos de perforación de aproximadamente 20 personas perforarán cavidades de explosión (7.62 cm. x 15 m.) y detonarán explosivos a lo largo de las líneas de origen con equipo portátil. Equipos de registro de aproximadamente 150 a 200 personas archivarán los resultados a lo largo de las líneas receptoras. La inspección también incluirá 50 pruebas de velocidad, las cuales implican la perforación y explosión de cavidades de 60 metros de profundidad por toda el área. Un helipuerto (70 m. x 50 m.) será construido por cada 4 km. y 2.5 zonas de descarga (6 m. x 6 m.) serán despejadas y construidas por cada kilómetro cuadrado. Todas las líneas, helipuertos y campamentos errantes serán limpiados, restituidos y nuevamente restaurarán la vegetación.
Construcción y operación de perforación: San Martín 1 (SM1) & 3 (SM3) y Cashiriari 1 (CR1) & 3 (CR3):
Se proyecta que 21 pozos serán desarrollados en los dos yacimientos – San Martín y Cashiriari. El desarrollo inicial incluirá 12 pozos. Se prevén 4 pozos de inyección de gas para re-inyección de gas. El EIA trata con el desarrollo de cuatro yacimientos de perforación (grupos) en cuatro plataformas existentes: San Martín 1 & 3 y Cashiriari 1 & 3. Despejes que incluyen las plataformas cubrirán 1 a 3 hectáreas – espacio suficiente para la plataforma, alojamiento, fosos de lodo, almacenamiento de agua, otros desechos, áreas de tratamiento y almacenamiento químico y de equipo, y áreas de aterrizaje y despegue de helicópteros. Vías serán construidas para transportar entre pozos y no serán construidos externamente. Equipos de transporte pesado y de perforación serán transportados por barcaza y/o helicóptero hasta el yacimiento. Sustancias químicas usadas para perforar serán empacadas, transportadas y almacenadas en fosos del yacimiento. Un sistema de circuito cerrado de drenaje y contención será usado durante las operaciones de perforación. La campaña previa de perforación no ayudó a identificar el mejor medio para efectuar el tratamiento de lodo y efluentes y diferentes problemas fueron encontrados, por lo tanto las opciones tienen que ser mejor exploradas para cada uno de los yacimientos. La profundidad de los pozos variarán de 100 m. a 2,800 m. con diámetros variando de 21.59 cm. a 66 cm.
Planta de tratamiento de gas de Las Malvinas:
La planta se ubicará en la ribera derecha del Río Urubamba, aproximadamente a 50 kilómetros de los yacimientos de producción. La planta incluirá una facilidad de compresión de agua donde la turbo-expansión enfriará, condensará y últimamente separará el gas natural líquido (LGN) del gas natural. El LGN será almacenado en tanques cilíndricos horizontales y después serán transportados vía gasoductos a Pampa Clarita. La planta producirá inicialmente 11.3 MM m3 por día y 165 m3 de LGN por hora que se expandirá eventualmente a 22.6 MM m3 por día y 330 m3 de LGN por hora. Se estima que la planta de energía producirá 140,000 HP para el año 2005. La instalación también incluirá una carretera de aterrizaje (1,800 m.), un helipuerto, un malecón, vías, talleres, alojamiento, estación de combustible, servicios auxiliares, sistema para combatir fuegos, oficinas, y un sistema de luz que ocupará 72 hectáreas. Se estima que 500 personas tomarán parte en la fase de construcción y 100 en la fase de operación. Equipo y materiales de construcción serán traídos por barcaza y arena y roca serán obtenidas de la ribera del río. La planta incluirá las siguientes unidades: separador de líquidos, estabilizador de condensado, deshidratación por medio de un biombo molecular y un sistema de glicol, criogénicos por medio de la turbo-expansión, venta y compresión de inyección, instalaciones de bombeo y almacenamiento de LGN condensado, y doce unidades de servicios generales (sistema de ventilación de antorcha, sistema para combatir fuegos, sistema de agua, sistema de aire comprimido, almacenamiento de combustible / lubricante, sistema de inyección química y sistema de inyección diesel).
Sistema de gas y transporte de LGN:
Un sistema de tubería de gas construido en acero de carbón o de un metal aleado resistente a la corrosión (Cr13 acero de carbón) será construido a lo largo de una red de 64 km. para transportar el gas desde los yacimientos de perforación a la Planta en Las Malvinas que incluye un sistema de re-inyección que re-inyectará gas desde la Planta a los yacimientos. Se usará un sistema de inyección continua para prevenir la corrosión en el sistema de tuberías. El diseño incluye tres líneas: gas, gas líquido, y gas re-inyectado. La altura del sistema de colección variará de 425 a 650 metros. Las líneas irán de SM3 a SM1 y de CR3 a CR1 y después que las líneas recorran unos 6.1 a 14.7 km. respectivamente se juntarán en la línea central, la cual recorrerá 16.3 km. a la Planta de Malvinas. El diámetro externo de la tubería variará del yacimiento inicial al segundo yacimiento a la línea central y de la línea central a la Planta, respectivamente: 40.64 cm, 50.8 / 60.96 cm, 71.12 cm para la tubería de gas; 11.43 cm, 16.8275 cm, 21.9075 cm para la tubería de gas líquido; y 21.9075 cm, 27.305 cm a 40.64 cm para la tubería de re-inyección de gas. El mantenimiento de la línea incluirá “pigging”, limpieza de las bandejas (trays) de goteo, eliminación de líquidos del sistema de drenaje y colador (strainer) de ventilación, mantenimiento de los impulsores y las válvulas de las tuberías, sistema de protección catódica, pintura y vegetación a lo largo del derecho de vía. Se instalarán “intelligent pigs” en las coyunturas del tubo donde la anchura cambia, se lanzarán raspadores periódicamente y se instalarán válvulas de bloqueo y retención. El ancho del derecho de vía será despejado a un máximo de 25 metros y el derecho de vía se utilizará para transportar gente, equipo, y construcción. La profundidad y el ancho de las zanjas donde se enterraran los tubos variarán y cumplirá con los Estándares de ASME B31.8.
IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
A. LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
1. Introducción:
El proyecto de desarrollo de gas Camisea impactará a tres pueblos indígenas que se sabe que viven en aislamiento voluntario dentro de la Reserva Nahua Kugapakori en la región de Camisea. Cada uno de estos pueblos tiene su propia identidad, lenguaje, cultura, prácticas socio-económicas y territorios geográficos. Basado en la documentación de la ONG CEDIA, el EIA de Pluspetrol declara que hay 450 Yora (Nahua) y 950 Nanti (Kugapakori) en la Reserva aunque estas cifras son consideradas aproximaciones.
Estos pueblos y grupos de familias son diferentes y tienen diferentes grados de contacto, pero todos prefieren vivir en aislamiento. Aunque muchos de los Yora y Nanti viven en asentamientos estables y tienen contacto frecuente con trabajadores de salud, misionarios y antropólogos, tienen estado semi-contactado, ya que ellos continúan evitando el contacto generalizado con el mundo externo. Además, ellos continúan sustentándose casi completamente con recursos naturales que se hallan por todo su territorio, y emigran en diferentes grados cada estación para tener acceso al surtido completo de recursos necesarios para su supervivencia. Cada uno será afectado en distintos grados y de diferentes formas por el desarrollo del proyecto de gas según su ubicación dentro de la Reserva. Aunque se encuentren semi-contactados o no-contactados, estos tres pueblos serán afectados por el proyecto de gas Camisea debido a la reducción de la base de sus recursos naturales de los que ellos dependen para sobrevivir y debido a otros impactos que se exploran debajo.
La Reserva Nahua Kugapakori, creada en 1989, cubre unas 443,000 hectáreas. La Reserva se demarcó para garantizar el territorio de los pueblos indígenas que como los Nahua y Nanti se encontraban en situación de aislamiento y en contacto inicial, y para protegerlos contra las perturbaciones de actores externos. Los territorios específicos para cada uno de los dos pueblos Nahua y Nanti no fueron demarcados separadamente dentro de la Reserva. Sin embargo, en concordancia con el Convenio 169 y de acuerdo a la Ley de Comunidades Nativas, se les otorgará los títulos de propiedad una vez que se defina una de las 2 situaciones siguientes: si la población ha adquirido carácter sedentario, o si realizan migraciones estacionales.
Los Nahua (o los Yora, como ellos se autodenominan) son recolectores y cazadores que viven en las regiones cabeceras de los Ríos Mishagua y Sepahua, la cuenca del Bajo Urubamba y a lo largo de algunos tributarios del Río Manú en la cuenca de Madre de Dios. La necesidad de evitar enfermedades y la esclavitud que trajo el principio del siglo veinte bajo el auge del caucho concentró a las poblaciones Nahua alrededor de estas cabeceras remotas. Aunque los Yora viven en aislamiento voluntario, la competencia por recursos naturales los empujó al contacto con otros pueblos indígenas, madereros, comerciantes y representantes de compañías petroleras. Después de contactarse con trabajadores de madereras y petroleras en 1984, el 42% de la población murió debido a enfermedades respiratorias introducidas en la región (Shepard, 1999: 38). Los Yora son indígenas cazadores recolectores de zonas interfluviales desde tiempos inmemoriales entre las cabeceras de los ríos Mishagua, Sepahua y en la cuenca del Bajo Urubamba y algunos afluentes del Manu en la cuenca del Madre de Dios. Los investigadores estiman que entre 220 y 250 Yoras semi-contactados viven en un asentamiento en Serjali, migrando entre la cabecera del Serjali y Caspajali; ambos dentro de la de la confluencia de los ríos Mishagua y Serjali. Hay desacuerdo sobre la presencia de grupos de Yora más alla del asentamiento, pero algunos investigadores argumentan que un número pequeño de ellos vive en aislamiento total emigrando alrededor de las cabeceras Serjali y Caspajali dentro de la Reserva Nahua Kugapakori.
Los Nanti (mal llamados Kugapakori – “asesinos” – por la sociedad occidental), están ubicados en la parte alta del Río Camisea y pertenecen al grupo etnolinguístico Arawak. Son unas 250 personas quienes migraron al área en la década de 1950 después de los conflictos entre comunidades en la región de Timpia. Desde fines de la década de 1980, miembros y familias Nanti han sido contactados gradualmente por otras comunidades indígenas como los Machiguenga, y más recientemente por un pequeño número de misioneros, empleados de salud y educación, y científicos sociales. A mediados de los años noventa, aproximadamente 220 Nanti se instalaron en dos comunidades, Malanksiá (también conocida por los Machiguenga como Marankiato) y Montetoni. De acuerdo a algunos observadores, un gran número de los 600 miembros de los semi-nómadas Nanti viven en aislamiento total en grupos familiares pequeños pero numerosos, principalmente a lo largo de los ríos Timpia y Ticumpinía. Algunos investigadores estiman que la población total Nanti llega a unas 800 personas.
No hay acuerdo absoluto entre los investigadores acerca de su número y origen, sin embargo se considera que el pueblo Kirineri vive en aislamiento casi total a lo alto de los ríos Paquiria y Serjali. (El término “Kirineri” es una palabra Machiguenga similar a “Kugapakori” término despectivo que significa “salvaje o asesinos”), que es como han sido llamado los Nantis antes que se autodenominaran Nanti (gente buena). Un conocimiento limitado sugiere que son un pueblo Arawak, posiblemente de origen Machiguenga y que está compuesto de unos 200 miembros. Existe evidencia que sugiere que los Kirineri han estado presentes en la región por décadas, y algunos han tenido contacto esporádico con las comunidades Machiguenga. Además, los investigadores han notado que existen grupos pequeños de pueblos Machiguenga y/o Nanti en aislamiento total en la región comprendida entre los ríos Timpía y Ticumpinia, en el interior del Santuario Nacional Machiguenga Megantoni. Dicho santuario está a punto de aprobarse
Los pueblos aislados de Camisea actualmente controlan el alcance y naturaleza de su interacción con el mundo externo y han decidido tener contacto mínimo. El tema de control sobre el contacto es de mayor importancia. Todas las culturas cambian y evolucionan – los pueblos aislados no son culturas “pre-modernas congeladas en el tiempo”. No son “víctimas” pasivas de fuerzas más grandes. Capaces de formar su propia participación en sociedades amplias y su economía, los pueblos en aislamiento voluntario administran activamente el paso del cambio dentro de sus culturas.
Mientras ellos subsisten del bosque casi totalmente, algunos Yora y Nanti en contacto inicial toman parte en la economía del mercado al vender voluntariamente productos del bosque para adquirir medicinas, motores de lancha y otros productos. La adquisición de productos no-indígenas puede fortalecer su posición social y económica en cuanto al mundo externo y no se debe malinterpretar únicamente como una disolución de su ‘tradición’.
Sin embargo, cuando el mundo externo comienza a penetrar agresivamente en sus territorios, reduciendo de esa forma las fuentes de sus recursos naturales, el paso del cambio socio-económico se descontrola, dejando a los pueblos aislados sufriendo los efectos de la dislocación cultural y otros problemas sociales visibles, como la introducción de enfermedades y malnutrición.
Es claro que el proyecto de desarrollo de gas Camisea traerá tales consecuencias. En el centro de cualquier análisis de impactos sociales del proyecto de desarrollo de gas Camisea se encuentra el problema de la distribución desigual (entre las compañías multinacionales de energía, el gobierno peruano y los pueblos que viven en aislamiento voluntario) del poder político y recursos económicos. Estos pueblos se encuentran excluidos de los procesos políticos de la nación. No existe la presencia estatal en sus vidas. Mientras tanto, la influencia política y económica de las compañías de energía que dirigen el avance del proyecto Camisea es inmensa.
A pesar de su remota ubicación, esos pueblos son parte de una dinámica política y económica amplia que configura la región de Camisea y la economía global del Perú. Premeditadamente o no, frecuentemente los foráneos que se contactan con pueblos aislados buscan usarlos para promover sus propias agendas. Las desigualdades fundamentales (que son la base de las experiencias de los pueblos aislados en esta amplia dinámica) se complican con la presencia de las compañías de energía. Cuando discuten los precios de sus productos forestales con mestizos locales, los miembros de los grupos en contacto inicial experimentan mayores desventajas. La desigualdad de poder se intensifica cuando discuten con los representantes de las compañías los impactos del proyecto de gas Camisea.
El análisis de los impactos sociales del proyecto de desarrollo de gas Camisea sobre los pueblos que viven en aislamiento voluntario contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental de Pluspetrol Perú SA está basado en esta penetrante desigualdad de poder. Las deficiencias de los dos EIA en evaluar y señalar los impactos potenciales de las operaciones de producción y transporte de gas, sobre los pueblos aislados de la región, viola sus derechos humanos e indígenas, tal y como están contenidos en las normas internacionales.
2. Acuerdos legales internacionales sobre los derechos indígenas
Considerando los derechos históricos de los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (ILO – International Labour Organization) tiene un instrumento obligatorio exclusivamente enfocado en los derechos indígenas: la la Convención 169 de 1989. Un borrador más comprensivo y progresivo de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), el cuál se está discutiendo actualmente ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (UN Human Rights Commission) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas (UN Working Group on Indigenous Populations). Todavía falta ratificar el borrador de la Declaración. Sin embargo, en conclusión, estos pueblos pueden afirmar sus derechos legalmente para vivir de acuerdo con sus propias culturas y mantener su forma de vida; para participar completamente en las decisiones de sus pueblos; para dar consentimiento libre e informado; para aplicar e imponer leyes usuales; para representarse a sí mismos por medio de sus propias autoridades e instituciones tradicionales; para ser dueños de sus tierras comunales ancestrales y poder controlarlas y administrarlas (véase la sección B2 para un debate mas amplio del reconocimiento de los derechos indígenas en la ley internacional).
Aún así, la legislación internacional no toma en cuenta todos los derechos únicos de los pueblos semi-contactados y no-contactados. Reconociendo este hecho, otros actores han desarrollado políticas para proteger los derechos de los pueblos no-contactados, principalmente en Brasil. La agencia de asuntos indígenas del gobierno brasilero, FUNAI, fundó departamentos federales y estatales enfocados exclusivamente en los temas de pueblos no-contactados. Una década de análisis de las políticas dentro de FUNAI llevó a adoptar en la década de los 90 una política para pueblos aislados basada en el principio de ‘contacto no forzado’. Reconociendo los deseos de los pueblos aislados y como resultado de una serie de casos de ‘contacto forzado’ que terminó en fatalidades entre los grupos aislados a causa de enfermedades y conflicto, ahora FUNAI previene activamente que actores externos se contacten con pueblos semi-contactados y no-contactados.
El gobierno colombiano también ha adoptado pasos únicos para proteger los derechos de pueblos semi-contactados y no-contactados creando una zona de protección permanente que cubre los territorios ancestrales del pueblo Nukak Maku de la Región Amazónica.
Se está creando un debate sobre los derechos de los pueblos semi-contactados y no-contactados dentro del gobierno peruano. Al trabajar para defender los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de Madre de Dios, la organización indígena FENAMAD ha desarrollado políticas aclamadas internacionalmente sobre los derechos de los pueblos semi-contactados y no-contactados. (En 1997 FENAMAD ganó el premio internacional Bartolomé de las Casas por su trabajo en defensa de pueblos semi-contactados y no-contactados amenazados por el desarrollo petrolero del consorcio delas empresas Mobil, Exxon y Elf). FENAMAD basa su política en el reconocimiento del derecho inalienable de los pueblos semi-contactados y no-contactados de mantenerse sin contacto. El derecho fundamental de tales pueblos de definir y escoger los términos y la magnitud de contacto está claramente definido. FENAMAD defiende la política de ‘contacto no forzado’ que significa que cualquier contacto debe ser iniciado por tales pueblos. FENAMAD establece que:
“el contacto de foráneos con estos pueblos significaría un grave atentado contra el derecho fundamental a la salud, identidad cultural, integridad moral, su libre desarrollo y bienestar, y a la posesión sobre la tierra de estos pueblos al someterlos a condiciones que afectarían sus derechos posibilitando su extinción definitiva como individuos y como pueblo indígena con una identidad cultural propia.”
3. Análisis del estudio de impactos sociales de Pluspetrol
Datos de base y metodología pobres
La Política del Banco Mundial sobre los Pueblos Indígenas (O.D. 4.20) especifica que se deben hacer estudios de base adecuados para identificar temas y preocupaciones indígenas claves en la fase de identificación del proyecto. Los datos de base del Estudio de Impactos Sociales (EIS) de ERM sobre pueblos que viven en aislamiento voluntario no son suficientes, en parte por las metodologías pobres de adquisición de datos. Existe una clara diferencia entre la acumulación de la cantidad extensa de datos para el estudio de base de las comunidades del río Machiguenga y los datos sobre los pueblos que viven en aislamiento voluntario.
El estudio reconoce la existencia de pueblos que viven en aislamiento voluntario en el área de Camisea. Incluye una corta historia del pueblo Nanti y un poco de información sobre el uso de sus recursos naturales. Hace referencia al pueblo Nahua ubicado cerca a la desembocadura del Río Serjali y “grupos nómadas” que viven dentro y a las afueras de la “Reserva Estatal de los Nahua y Kugapakori (cap. 4, p.22). Describen brevemente su estilo de vida “en un estado equilibrado en relación con su bosque” (cap. 4, p.30).
También reconocen la existencia de “varios grupos nómadas en aislamiento relativo con contacto mínimo o temprano” que se asume son Machiguenga (cap. 4, p.21). Sin embargo, la parte en el documento donde se hace referencia al Santuario Megantoni no menciona a los pueblos aislados que se ubican ahí (cap. 4, p.31).
Para mejorar esta adquisición de datos para el estudio de base, Pluspetrol pudiera haber recurrido al conocimiento sobre la Reserva de pueblos aislados entre los expertos locales, ONG y científicos sociales. Se debe señalar que el vuelo de helicópteros sobre asentamientos de pueblos semi-contactados y no-contactados (conducidos por Pluspetrol de acuerdo con testigos locales) no es un modo adecuado para estimar el tamaño de población o los patrones de uso de sus tierras. Es más, tales vuelos aterrorizan y dispersan a los grupos aislados.
Contradiciendo las recomendaciones de FENAMAD sobre los pueblos semi-contactados y no-contactados, Pluspetrol admite que los representantes de la compañía entraron a las comunidades Nanti de Montetoni y Malanksiá para conducir entrevistas. Esta acción claramente contradice las políticas de ‘contacto no forzado’ para tales pueblos. Mientras estos dos asentamientos Nanti tienen algunos lazos con actores externos por medio de visitas esporádicas de trabajadores de salud y científicos sociales, su deseo de mantenerse en aislamiento es evidente en sus propias prácticas al no iniciar contacto excepto en casos raros para propósitos de intercambio. Las amenazas que causan tales visitas están delineadas en la declaración de FENAMAD.
Además, parece que las entrevistas en las comunidades Nanti fueron conducidas sin una metodología para poder guiar el contacto con los pueblos aislados. No existe una metodología evidente para identificar el potencial de la comunicación incompleta e imperfecta entre grupos culturalmente incomparables que se encuentran en desigualdad dentro de las jerarquías de recursos y quienes mutuamente utilizan un marco de referencia y normas conceptuales sociolingüísticas incompatibles y no inteligibles. El uso de intérpretes inexpertos machiguengas también hubiera contribuido a una comunicación imperfecta. Los lenguajes Machiguenga y Nanti son similares, pero no idénticos. Como resultado, la posibilidad de la falta de comprensión es alta, particularmente durante discusiones sobre conceptos relacionados al desarrollo petrolero desconocidos por las dos culturas. El potencial de que haya una comunicación equívoca en tales situaciones de contacto refuerza la necesidad de una política de “contacto no forzado”.
Las deficiencias en los estudios de base para pueblos semi-contactados y no-contactados explica en parte la falla de EIA en identificar y mitigar de manera adecuada los impactos del proyecto en ellos.
Marco inadecuado para la consulta y participación de los interesados y afectados
Es imperativo que cualquier compañía vinculada con la extracción de recursos involucre a todas las personas y grupos afectados en todas las fases del proyecto, un principio prescrito en todas partes de la Convención 169 de la OIT. Se debería prestar especial atención a las personas interesadas y afectadas quienes son las más vulnerables a los impactos del proyecto. El Artículo 7 del Convenio 169 de a OIT se refiere a los derechos de los pueblos indígenas de “participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que podría afectarles directamente.”
Se debería proveer a estos grupos de una manera adecuada, oportuna y efectiva la información del proyecto propuesto, sus impactos, la naturaleza del proceso de decisión y los mecanismos para la participación de los interesados y afectados. La participación debería ser proactiva y significativa para permitir que los grupos tengan una verdadera influencia en el proceso de decisión. De acuerdo al OD 4.20 del Banco Mundial, la participación significativa exige un mecanismo que permita el involucramiento indígena en la planificación e implementación del proyecto.
No hay ninguna evidencia sobre la participación de algún pueblo en contacto inicial en el proceso de decisión del proyecto de gas Camisea en el Estudio de Impactos Sociales. Aunque se visitaron comunidades Nanti, no se ha identificado un mecanismo participativo. No hay ningún reporte sobre los comentarios y las opiniones del pueblo Nanti en el proyecto y parece que su contribución no ha sido integrada en ninguna fase del desarrollo del proyecto. La falta de información sobre como se dirigieron las entrevistas con los Nanti, implica que hay una falta de transparencia de parte de las compañías y pone en mayor duda las metodologías de encuentro.
Al no ser recomendado el contacto forzado, no es posible para los pueblos semi-contactados y no-contactados de la Reserva Nahua-Kugapakori participar de cualquier manera en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas para el proyecto de gas Camisea. De este modo, el gobierno debería proteger a estas poblaciones al no permitir que se ejecuten actividades industriales en la Reserva que fue creada para protegerlos de este tipo de contacto muy prematuro.
Evaluación deficiente de los impactos sociales
El EIS enfoca su evaluación de impactos casi totalmente en las comunidades Machiguenga asentadas. Identifica correctamente a los numerosos impactos que dañan sus vidas a causa del proyecto, incluyendo los suministros reducidos de caza y pesca, suministros de agua contaminados, colonización, tensión sobre la infraestructura local inadecuada, aumento de conflicto social, delincuencia y prostitución.
Hace falta la evaluación de los impactos del proyecto sobre pueblos aislados. Los niveles de influencia que se han estimado establecen que las prospecciones sísmicas influenciarán indirectamente a las comunidades de Nanti Montetoni y Marankiato y “las comunidades arriba de Las Malvinas hasta el pongo de Mainique” serán indirectamente influenciadas por el tráfico (cap. 4, p.4). “Los que posiblemente podrían ser afectados” incluyen ”grupos nativos nómadas dentro de los Nahua-Kugapakori,” pero no se estipula la naturaleza de la influencia sobre estos pueblos (cap.4, p.2).
No se ha desarrollado el reconocimiento inicial de los ”impactos potenciales” e “impactos indirectos” sobre pueblos en aislamiento mientras progresa el análisis. Solo se contemplan tres impactos del proyecto sobre pueblos indígenas:
· Se mencionan brevemente las comunidades aisladas en una discusión sobre la posible propagación de madereros de Sepahua a la Reserva Nahua-Kugapakori. Se declara que “esto podría causar conflictos territoriales en el evento que los madereros invadieran tierras privadas y áreas protegidas como la Reserva Nahua-Kugapakori” (cap.4, p.116). No se considera el efecto del trauma del conflicto sobre estes pueblos.
· La probabilidad de la contaminación del Río Camisea resultará en la reducción de suministros de pesca y se considera que aumentará la malnutrición, pero no hay una referencia directa del impacto resultante sobre pueblos aislados que pescan en ese río (cap.4, p.117).
· El estudio reconoce que los trabajadores involucrados en las actividades de prospección sísmica en áreas remotas podrían entrar en contacto con pueblos aislados. Se declara que en esos casos se deberían tomar “medidas de contingencia” (cap. 4, p.116). Como no se han elaborado estas medidas de contingencia, no es posible verificar si son aplicadas.
No es claro porque no se extendió el análisis de impactos sobre las comunidades del principal río Machiguenga para incluir los impactos directos e indirectos sobre pueblos que viven en asilamiento voluntario. La identificación de impactos sobre las comunidades del río principal ha debido ser ampliada para incluir la consideración de los efectos asociados sobre los pueblos en aislamiento. El aumento de presión sobre la base de los recursos de las comunidades del río principal forzará a la población creciente del río Urubamba a buscar recursos que se hallan aún en las tierras de los pueblos aislados. Tomando en cuenta estos efectos asociados, el proyecto de desarrollo de gas Camisea influenciará las vidas de los pueblos aislados de la región. Diferentes grupos e individuos serán afectados en grados variados por los siguientes impactos:
· El aumento de la presencia de trabajadores de la compañía, colonos, madereros y miembros de otros grupos indígenas dentro de sus tierras que podrían resultar en conflictos sobre tierras y diversos tipos de recursos naturales.
· Empobrecimiento nutricional de la alimentación debido a la reducción de la base de sus recursos naturales de los cuales ellos dependen casi por completo para su subsistencia, debido al aumento de la población local y el ruido de los helicópteros que ahuyentarán la fauna de caza.
· El aumento de la necesidad de obtener ingresos monetarios para adquirir alimentos alternativos por el aumento de su involucramiento con la economía de mercado.
· La reducción de flora y fauna limitan el acceso a los recursos ceremoniales y medicinales tradicionales y materiales de construcción y herramientas de trabajo.
· El aumento de enfermedades introducidas ocasionan muerte, mala salud y acrecentará la necesidad de medicinas no tradicionales.
· El aumento de la mala salud a causa de la contaminación del agua potable por medio de los desechos industriales y la erosión de sus tierras.
· La desintegración social y cultural, la depresión, y la toma de decisiones influida por el miedo.
Al establecer estos impactos sociales, el proyecto de desarrollo de gas Camisea viola un número de acuerdos internacionales y causa un importante número de amenazas sobre los derechos indígenas reconocidos internacionalmente.
B. OTROS IMPACTOS SOCIALES
1. Introducción:
El proyecto de gas de Camisea puede causar impactos en la vida de aproximadamente 7,000 personas que viven en 22 comunidades en la región de Bajo Urubamba y para un número adicional de entre 500 y 1,000 personas indígenas que viven en aislamiento. También pueden ser impactadas aproximadamente 4,000 Machiguenga que viven en 19 Comunidades Nativas y otras 20,500 personas campesinas que viven en la región del Alto Urubamba. Los impactos posibles negativos en grupos indígenas que viven en aislamiento han sido discutidos en la parte previa del informe. En adición, hay posibles impactos negativos que puedan afectar a toda la gente que vive dentro de las áreas de influencia directas y indirectas del Proyecto – el Valle del Río Urubamba.
El EIA de ERM indica que hay seis grupos étnicos diferentes en el Valle Bajo Urubamba – cinco de los cuales son nativos de la zona. En los grupos indígenas hay aproximadamente 4,800 del grupo Machiguenga, 700 del grupo Yine, 700 del grupo Asháninka y entre 500 y 1,000 de los grupos que viven en aislamiento – los Nanti “Kugapakoris” y Yora o Nahua. Se estima que hay aproximadamente 800 personas de origen mestizo en Bajo Urubamba. Los indicadores de bienestar social e económico señalan que la mayoría de las personas del área viven debajo del nivel de pobreza. La mortalidad infantil llega a 126 de cada 1,000 niños. La esperanza de vida mediana es aproximadamente 50 años de edad. Treinta por ciento de la población que tiene más de 15 años es analfabeta. El ingreso mediano se estima a US $60 al año.
La población indígena ha vivido en el área por miles de años y han subsistido por medio de su ambiente natural, bosques y sus sistemas acuáticos de ríos, en una forma sostenible. Las poblaciones indígenas comprenden que su supervivencia depende de la salud de los ecosistemas en los que viven. Ella subsisten del cultivo de pequeñas parcelas agrícolas al borde del bosque, la caza, la pesca y la extracción de productos no hechos con madera como por ejemplo frutas, nueces y productos medicinales. Al igual que muchos grupos indígenas, ellos reconocen la importancia de vivir en armonía con su medio ambiente y tener una relación reverente y mística con sus alrededores naturales expresados en sus ceremonias tradicionales y prácticas sostenibles.
Sin embargo, los pueblos indígenas que viven en comunidades establecidas también participan en el sistema político local, regional y nacional y han sido influenciados por gente que ha migrado hacia el área – más notablemente: misioneros, un pequeño número de proveedores de servicios gubernamentales, y colonos agrícolas mestizos, compañías petroleras, trabajadores y comerciantes de la industria maderera. Ellos interactúan en una economía mercantil que suplementa productos disponibles en su ambiente natural. No están aislados del mundo circundante, pero han podido mantener sus culturas y tradiciones particulares. Su influencia política no es tan fuerte como otros actores sociales en el Perú y por est
