Bogotá – La Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL- dará inicio al Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la exploración de petróleo en territorio U´wa, con el fin de establecer los posibles impactos positivos y negativos que dicha actividad puede tener sobre la pervivencia cultural y social de este pueblo indígena, y determinar las medidas apropiadas para prevenir, mitigar, corregir o compensar, dichos impactos.
No obstante la negativa de los U´wa a la realización de cualquier actividad relacionada con la exploración o explotación petrolera en su territorio, la empresa estatal realizará el estudio amparada en el concepto 1708 del Consejo de Estado sobre el procedimiento legal de consulta previa que señala: “el Estado Colombiano ha surtido todos los trámites legales para el proceso de consulta previa al pueblo u´wa, dando plenas garantías de su participación”, y por tanto no es necesario ningún trámite adicional para dar inicio al proyecto petrolero de exploración sísmica “de interés general en las áreas de los resguardos indígenas cuya participación se provocó”, siempre y cuando se cumpla con los estudios ambientales pertinentes, “en cuya realización debe razonablemente tenerse en cuenta las objeciones y observaciones formuladas por los pueblos indígenas, en defensa de sus derechos constitucionales a la integridad étnica, social, cultural y económica.¨
El PMA es un estudio técnico de vital importancia que permite identificar y potenciar los impactos de la exploración y/o explotación petrolera en una zona determinada, en este caso en el territorio U´wa. El mismo ha sido presentado por ECOPETROL como un importante avance que la empresa ha desarrollado para optimizar su labor frente al medio ambiente y las comunidades, para dar cumplimiento a la legislación en la materia y reducir algunos costos operativos.
En el caso de los U´wa de Arauca, ya se adelantó un Plan de Manejo Ambiental contratado por Ecopetrol en el año 2005, durante el proceso de Consulta Previa con la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento -Ascatidar-, que terminó con una negativa rotunda de éstas comunidades a la explotación petrolera. No obstante, en dicho plan se identificó como uno de los posibles impactos negativos la afectación de la cultura por el aprovechamiento forestal de sitios sagrados, determinándose que “bajo ninguna circunstancia, el contratista podrá intervenir sitios sagrados ubicados dentro del resguardo de la comunidad indígena U´wa”.
En el caso de los U´wa de Santander, representados por AsoU´wa, no se adelantó dicho estudio porque estas comunidades rechazaron la consulta previa al considerar que con ella se buscaba legitimar una decisión estatal ya tomada, en perjuicio de su integridad.
Aunque Ecopetrol asegura que ha implementado un proceso de planeación y diseño técnico para cada uno de los aspectos ambientales que pudieren generar algún impacto socio-ambiental negativo, tales como evitar la construcción de vías de acceso, ubicar el menor número de campamentos y llevar los materiales y equipo por helicóptero para no abrir caminos, la organización AsoU´wa, que representa las comunidades de Santander, Norte de Santander y Boyacá, continúa expresando su negativa a la realización de cualquier actividad relacionada con la exploración o explotación de hidrocarburos en su territorio, porque considera que según el Convenio 169 de la OIT su pueblo tiene el derecho de ejercer el veto al proyecto petrolero.
De acuerdo con la oficina de Responsabilidad Social de Ecopetrol, las medidas de protección socio-ambiental para exploración sísmica se han llevado a cabo de manera exitosa en las zonas donde se realiza exploración sísmica para establecer la presencia o no de hidrocarburos, tales como: Sarare, Arama, Pachaquiaro y Caño Sur en el Meta, Uribante, Puerto Barco y Petrólea en el Norte de Santander, Quebrada larga en San Vicente de Chucurí – Santander y San Gabriel en el Cauca.
Según la empresa, las actividades que se realizan en estos estudios se han modificado de manera tal que se reduzcan los impactos negativos de la intervención en la zona. Ejemplo de ello es que “anteriormente las trochas se hacían con buldózer y en este momento únicamente se tumban los árboles estrictamente necesarios para que pasen el trochero, el topógrafo y el cable, y se retiran los árboles con machete”.
Igualmente “se han introducido cambios respecto del manejo de los campamentos de los trabajadores. La empresa aseguró que se realizan con carpas como de camping, donde duran ocho días como máximo, así que no hay mayor impacto. Luego se retiran los desperdicios y residuos dejando el sitio en iguales o mejores condiciones”. Así mismo, se hacen letrinas portátiles o pozos sépticos para garantizar que no haya contaminación de las fuentes de agua; las aguas domésticas se manejan con tratamientos que cumplan con las interventorías ambientales de la fase exploratoria, que realizan tres entidades: ECOPETROL, el contratista y una interventoría externa contratada por la petrolera.
Dice la empresa que en la fase exploratoria la mayoría de los impactos negativos se han reducido. Sin embargo, para la fase de perforación los procedimientos son diferentes y conllevan otro tipo de impactos tales como la adecuación de caminos, caso en el cual, si se produce una afectación, es necesario esperar a que se desarrollen las investigaciones que determinan la responsabilidad o no del proyecto, y posteriormente, en caso de que la empresa sea hallada responsable, se procede al resarcimiento de los daños causados.
Según fuentes de la empresa y de la Dirección Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, el PMA representa una nueva oportunidad para que las comunidades participen y documenten los riesgos que deben preverse, a fin de que sean tenidos en cuenta y se busquen alternativas de solución en la implementación del proyecto. Si las comunidades se niegan a participar, como es de esperarse, tomarán como referencia importantes estudios avalados por U´wa tales como: la declaración de la Profesora Terry Karl, respecto del impacto del desarrollo petrolero en el área de Samoré, y el estudio realizado por la Universidad Javeriana para la delimitación del Resguardo Unido U´wa. “No se trata de presionar ni generar división en la comunidad, porque esa no puede se la herencia de este proceso, dijo extraoficialmente un funcionario a Actualidad Étnica.
Por su parte, el Asesor externo de AsoU´wa Evaristo Tegría manifestó que la participación en la definición del PMA es algo todavía no se ha definido, y esa es una situación que debe analizar y discutir el pueblo U´wa con sus autoridades tradicionales.
A pesar de la implementación de medidas a favor del medio ambiente y de las poblaciones involucradas en proyectos petroleros, tanto ECOPETROL como la Repsol, su socia para la exploración en territorio U´wa, han sido recientemente cuestionadas por daños al entorno y la calidad de vida de las personas, en las zonas aledañas a los campos de explotación de hidrocarburos. Según el Periódico Vanguardia Liberal, del 10 de enero de 2007, en el proyecto Cira- Infanta de Barrancabermeja “su redacción pudo comprobar el avanzado estado de deterioro de los carreteables que conducen…” a varios municipios. En Bolivia, un estudio independiente que circula en la Internet, bajo el nombre de Dossier Repsol, dio cuenta en estos días de un accidente fatal con gas en el campo de la Planchada Surubi D, en Cochabamba, y que cobró la vida de dos personas.
Resulta fácil comprender que las medidas contempladas por las empresas petroleras no abarcan la totalidad de los posibles impactos, ni de los riesgos que puede entrañar el desarrollo de estos proyectos. Tal es el caso del incremento de las actividades delictivas comunes o subversivas que, según los estudios de Terry Karl en los países miembros de OPEP, se incrementan en estas zonas como consecuencia de la actividad petrolera. Otro estudio reciente del Ministerio del Interior y la Universidad del Rosario, publicado en el mes de mayo de 2006, señala que “son varias las formas que utiliza la guerrilla para apropiarse del producto de la renta petrolera: el secuestro, el boleteo y la extorsión de población civil y de funcionarios de empresas petroleras, la presión, secuestro y asesinato de funcionarios públicos para desviar recursos públicos y el sabotaje contra la infraestructura petrolera”.
Así las cosas, la realización del Plan de Manejo Ambiental parece ser uno de los pasos necesarios para determinar si la exploración y explotación petrolera son viables en un área determinada. Será el gobierno nacional quien con base en este estudio, las condiciones de orden público de la zona, el fallo del Consejo de Estado, los argumentos de los pueblos indígenas U´wa y la opinión pública que se genere al respecto, determine la conveniencia o no de seguir adelante con el proyecto petrolero, Sirirí – Catleya.
