Amnistía Internacional instó hoy al presidente peruano, Alan García, a promulgar “sin más demora y sin observaciones” la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que les permitirá decidir sobre las tierras que ocupan ancestralmente, entre otras facultades.
En un comunicado difundido en Lima, la organización afirmó que es “encomiable” que el Congreso peruano haya aprobado la ley el pasado 19 de mayo, porque respeta los fundamentales acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos.
“Despierta admiración ver cómo, a pesar de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas de Perú, sus representantes participaron en un diálogo constructivo y llegaron a acuerdos, demostrando su disposición y buena voluntad para avanzar en cuestiones que son de suma importancia”, agregó Amnistía.
La entidad defensora de los derechos humanos hizo referencia de esa manera a la protesta indígena que concluyó con 34 muertos hace un año en la ciudad amazónica de Bagua, y que se inició por la aprobación de un paquete de leyes considerado perjudicial por los nativos y que no fue consultado previamente.
Según Amnistía, el Estado peruano tiene ahora que “aprovechar esta oportunidad de trabajar de manera constructiva con los pueblos indígenas y revertir la imagen que quedó grabada en personas de todo el mundo que, en junio de 2009, fueron testigos de la previsible y prevenible tragedia que se vivió en Bagua, desatada por años de irrespeto de los derechos de los pueblos indígenas”.
En ese sentido, recomendó que, tras la promulgación de la ley, la legislación, regulaciones, prácticas e instituciones que contradicen el derecho a la consulta sean revisadas y adaptadas.
La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado recomendaciones específicas sobre la legislación y las instituciones que precisan una reforma urgente, y la comunidad internacional vigilará de cerca los esfuerzos del Gobierno peruano para dar cumplimiento a esas recomendaciones.
Asimismo, AI recordó que varios de los decretos legislativos que originaron la protesta siguen vigentes y las concesiones otorgadas que no han sido consultadas apropiadamente también siguen vigentes.
Tras el trágico desenlace en Bagua, que dejó 24 policías y 10 civiles muertos, el Gobierno derogó algunas de las leyes más conflictivas, que modificaban el método de transferencia de las tierras, y formó una mesa de diálogo multisectorial, pero hasta la fecha siguen abiertas las investigaciones judiciales sobre esas muertes sin sentencia ni responsabilidad política alguna.
