La empresa petrolera Talismán fue acusada por los dirigentes de las comunidades nativas achuar del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto),de generar las condiciones para un enfrentamiento que pudo saldarse con muchas vidas.
Se trata de Lucas Irar Miik y Puanchir Mitiap Kapuchak, residentes de las comunidades de Rubina y Churus, respectivamente, quienes hoy presentarán ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra la compañía canadiense por tentativa de genocidio.
En el documento, se refiere que, a fines de abril pasado, unos 130 comuneros achuar de las cuencas del Huituyacu, Manchari y Huasaga, se trasladaron hacia la base de Talismán, ubicada en Setuchi Central (quebrada afluente del río Morona), para pedirle a sus directivos su retiro inmediato de los territorios ancestrales.
La petrolera se negó a dialogar con los nativos y optó por trasladar en sus helicópteros a comuneros achuar y wampis afiliados a la Federación Achuar del Morona (FASAM) con la que está vinculada.
Los indígenas, muchos de los cuales portaban armas, fueron colocados frente a la delegación procedente del Huituyacu, Manchari y Huasaga. De acuerdo a los testimonio de varios de los comuneros presentes, se estuvo muy cerca de desatar un enfrentamiento armado entre ambas facciones.
En 1996 hubo un primer enfrentamiento debido al ingreso de la empresa Arco. En el caso de Talismán, el dirigente achuar señaló que la empresa se ha dedicado a captar miembros de la comunidad para dividirla y ganar aliados que apoyen sus actividades en el Lote 64.
Por su parte, el abogado Julio Dávila -quien asesora legalmente a los nativos achuar- indicó que la denuncia se encuentra respaldada por un video, donde se aprecia a miembros de FASAM portando armas de diverso alcance.
Explicó que el artículo Nº 319 del Código Penal describe la figura de tentativa de genocidio “ocasionar la matanza de personas, o de estos grupos o crear las condiciones que puedan traer como consecuencia la desaparición total o parcial de estos grupos”.
Finalmente, precisó que el objetivo de la denuncia es poner en claro a las autoridades que tienen que cumplir con sus funciones y responsabilidades. “Estas empresas tienen que regirse por nuestras leyes. Los lotes petroleros no son zonas extraterritoriales”.
(Con información de CNR)
