Esta noche el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, viajará a Washington para responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre del Estado peruano por el decreto legislativo 982 que pretendería reprimir las protestas sociales y por presuntas violaciones de derechos humanos a pueblos indígenas que rodean el proyecto gasífero Camisea.
La audiencia ante la CIDH será este viernes.
En el primer caso, el Perú deberá rendir explicaciones a pedido de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la cual asegura que “durante el gobierno de Alan García, el Perú ha vivido un acelerado proceso de criminalización de la protesta social”, al establecer en el DL 982 la inimputabilidad de militares y policías que causen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber, la inhabilitación de funcionarios públicos que participen en huelgas, entre otros puntos.
El polémico DL fue promulgado por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para luchar contra el crimen organizado.
Salgado dijo a este diario que argumentará que la medida era necesaria para que la PNP y las FF. AA. no se inhiban en su lucha contra el crimen, y que si “hay algo que precisar lo hará el Congreso como sucede en cualquier democracia”.
En el caso de los pueblos indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha solicitado medidas cautelares para estas poblaciones, por considerar que el Estado vulnera sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
El dato
PUJA. Aidesep pide que se paralicen labores de Camisea en el lote 88 porque afectan los derechos de los indígenas, pero Salgado considera que eso es inadmisible. Para él, el Estado implementa acciones para proteger sus derechos, pero los indígenas dicen que son insuficientes.
