Redacción Sociedad
El tercer piso de Ciespal lució abarrotado ayer por decenas de periodistas. Las luces, flashes y grabadoras se apuntaron a la mesa donde los acusadores denunciaron “los documentos ocultos de Chevron Texaco”.
Los demandantes, quienes se turnaron para hablar, enumeraron las acciones por las cuales la multinacional petrolera “ha boicoteado el proceso judicial” que se ventila en la corte superior de Nueva Loja, desde el 2003.
Por ejemplo, acusaron a Chevron Texaco de manipular a la corte para que se suspenda la inspección en la Estación Guanta. Alejandro Ponce Villacís, abogado de los demandantes, señalò que se forjó un informe falso y que la corte lo acogió y dictó una providencia en pocos minutos.
Además, entregaron copias del convenio que mantiene Chevron Texaco con la Cuarta División del Ejército Amazonas, la cual citaron una muestra de su injerencia en otras funciones del Estado. En el acuerdo consta que ChevronTexaco construirá una villa en la Unidad Militar GFE 24 Rayo.
La petrolera con el mantenimiento del predio, el cual es ocupada por los abogados de Texaco.
Por su parte Rodrigo Pérez, representante de Texaco, minimizó las declaraciones de los demandantes y exigió pruebas de las acusaciones emitidas. “Hasta ahora no han podido comprobar nada de lo que nos acusan. Ante esta realidad, han pasado el juicio a los medios de comunicación”.
Pérez, reconoció que el equipo legal aún utiliza las instalaciones de la Unidad Militar y que pagan el arrendamiento estipulado en el contrato (3 000 dólares por mes).
“El convenio establecía la posibilidad de renovarlo y eso se está cumpliendo hasta la fecha”.
Estas declaraciones se produjeron como marco de la inspección judicial número 36 que se realizará el miércoles en la población de San Carlos, provincia de Orellana. Es uno de los sitios en donde se ha estudiado más el impacto de petróleo en la salud humana.
