Los organismos de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo coinciden en señalar que las negociaciones para decidir los montos de la compensación por el impacto ambiental fueron asimétricas. No se respetaron todos los derechos de los indígenas.
“Acta de donación de víveres por incidente.
Comunidad Puerto Huallana.
31 de enero del 2006.
Mediante la presente Acta de Donación, la oficina de Coordinación de Relaciones Comunitarias de la Región Selva TGP, en nombre del proyecto Camisea hace entrega de lo siguiente: seis sacos de arroz, cuatro sacos de azúcar, 30 kilos de sal, 50 litros de aceite, 100 kilos de fideos, ocho cajas de atún, cuatro cajas de leche, 40 kilos de menestras, 100 kilos de cebolla y 20 kilos de ajos.
Esta donación forma parte de un gesto de solidaridad y de buena vecindad de la empresa con las familias de la comunidad nativa, como previsión de los daños por el incidente del derrame en el KP 50, que ocurrió el 24 de noviembre del 2005. La entrega se hace para cinco días”.
Este es el documento que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) deja, junto a los víveres, a las zonas afectadas por el derrame. Ahí se detallan los alimentos de toda una semana, para una comunidad cuya población bordea el medio millar de habitantes.
El jefe de Puerto Huallana es Gabriel Menkori. Era la segunda semana de febrero cuando lo visitamos. Ese día nos comentó que TGP les había comunicado que ya no les entregaría más víveres, pues el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) señalaba que la calidad de las aguas del río se encontraban dentro de los estándares establecidos. “Dicen que a vuelto a su normalidad, pero los peces no han vuelto”, nos dijo.
Lo que le extrañaba a Menkori es que haya sido la misma empresa responsable del derrame la que le entregue el informe. “No sabemos si es un comunicado oficial, si es cierto o no, porque no tiene ningún sello, ya nos hubieran llamado por radio para comunicarnos”. Pero no nos llamaron, dijo Menkori.
En Lima, Fausto Roncal, funcionario de Digesa, nos ratificó la autenticidad del reporte.
-Las aguas han vuelto a su normalidad
-Pero los peces no han vuelto, y ahora la concesionaria dice que ya no entregará los víveres…
– Nuestra función es exclusivamente evaluar la calidad del agua.
Consultados sobre la posibilidad de hacer un estudio hidrobiológico en la zona, para conocer cuántas generaciones de peces pudo comprometer el derrame, Roncal explicó, una vez más, que esa era una tarea importante pero que no le correspondía. En el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) dijeron lo mismo. Precisaron, sin embargo, que esa era una atribución del Ministerio de la Producción, a través del viceministerio de pesquería.
Representantes de este ministerio informaron que tal estudio no se está realizando, pero que están sembrando algunas especies de peces en los ríos Picha y Urubamba (afectados por el derrame). “Son peces que no se pueden reproducir, los siembran para que los nativos los pesquen”, dijeron.
PAGOS DIVERSOS
Luego de los dos derrames de líquidos de gas en la zona, la concesionaria del ducto negoció por separado el pago de la indemnización para cada una de las comunidades. En Segakiato ofrecieron instalar paneles solares de electricidad para cada una de las viviendas. En el caso de Kirigueti se les indemnizó con 532 soles por persona, dice Job Korinti, jefe
de la comunidad.
Además, luego del paro fluvial que los machiguengas del Bajo Urubamba protagonizaron el año pasado, días después del cuarto derrame, la empresa se comprometió a construir piscigranjas. A la fecha no se conocen los montos de la indemnización que TGP ha entregado, aunque hay algunas comunidades con las que aún no se llega a un acuerdo. Ese es el caso de Camaná, Mayapo y Puerto Huallana, donde están pidiendo entre 300 mil y 800 mil dólares por este concepto. Lo preocupante es que en las negociaciones para fijar los montos de la indemnización, los nativos se encuentran solos. Solo algunas cuentan con el asesoramiento técnico de la sociedad civil. Aquí el Estado tampoco interviene.
NEGOCIACIÓN DESIGUAL
Un monto distinto a la indemnización es la compensación económica. Es la suma que pagan las empresas concesionarias por el impacto ambiental que generan durante la implementación del proyecto. De acuerdo con las zonas de influencia, las empresas compensaron por la evaluación sísmica, la perforación de los pozos productores, la construcción de la planta Las Malvinas y la instalación de los ductos de gas.
Al respecto, los informes del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia) y de la misma Defensoría del Pueblo sostienen que las negociaciones entre las empresas y las comunidades (para determinar los montos de la compensación) no siempre fueron justas. Salvo aisladas excepciones, los machiguengas nunca contaron con asesoría profesional para discutir estos temas. “Esto generó inequidad en perjuicio de las comunidades y afectó su derecho a una compensación adecuada”.
En conclusión, dice el informe de la Defensoría del Pueblo, “durante la ejecución del proyecto no se han respetado todos los derechos de las comunidades indígenas”. La causa: “un proceso de consulta deficiente, un proceso de negociación asimétrico y propuestas de compensación inadecuadas”.
GASTOS SIN DESARROLLO
El proyecto Camisea le debe el nombre al río y la comunidad nativa próxima al lugar donde se localizan los pozos de extracción. Con los 176 mil dólares de compensación que recibieron por el lote 88 se compró medicamentos, se construyó un local para el club de madres y un centro educativo de material noble y se electrificó la comunidad. En Segakiato se construyó el salón comunal, un colegio inicial y se compraron calaminas para todas las viviendas.
La prioridad del gasto de la compensación (que se deposita en la cuenta de la comunidad) ha sido la electrificación, la compra de equipos de radiocomunicación, la construcción de colegios, postas y la entrega de becas para estudios en Quillabamba o Sepahua, con la única condición de que esos jóvenes regresen. Es decir, con el dinero que debería servir para invertir en programas de largo plazo que amortigüen el impacto ambiental, las comunidades se han visto obligadas a asumir las obras que deberían ser construidas por el Estado.
POLÍTICAS DISTINTAS
A pesar de desarrollar parte de sus operaciones en un área común y tratar en varios casos con las mismas comunidades, los consorcios involucrados en el Proyecto Camisea, TGP y Pluspetrol, no han aplicado una misma política compensatoria.
El plan de compensaciones de Pluspetrol, dice Lelis Rivera, director del Cedia, se basa en un estudio de valoración económica de los recursos naturales de la zona, elaborado por una consultora privada. TGP no hizo este estudio. El Gobierno Peruano menos.
La Defensoría del Pueblo sentencia: “Corresponde analizar si estos contratos realmente contemplan una compensación económica justa(…) o si, por el contrario, hay una vulneración de derechos de las comunidades y poblaciones. La revisión de los contratos podría tener como resultado una visión más amplia y precisa respecto de su contenido”, se lee en su último informe sobre el tema.
32.300 soles entregó la concesionaria del ducto a la comunidad nativa de Ticumpinía como indemnización del primer derrame.
417 muertos en la zona denunció la Defensoría del Pueblo y pidió una investigación sobre estos casos
