Los Machiguengas Del Camisea. Ausencia del Estado. En los centros de salud no hay médicos ni medicamentos. Nativos pagan para que los libros ‘gratuitos’ lleguen a sus comunidades. Las denuncias caen en saco roto.
ELLOS ESPERAN. Las ratas han destrozado el techo de este colegio en Segakiato y el Estado se ha encargado de minar las oportunidades de estos niños. A este colegio no ha llegado ni un sol de los S/.300 millones de canon energético.
El techo del colegio primaria de la comunidad nativa de Segakiato ha sido perforado por los murciélagos y tragado por las ratas. Las aulas del centro educativo de Mayapo han sido remendadas con viejos tablones que la asemejan más al resultado de un terremoto.
En Camaná, la educación se pesa en kilos: si quieren recoger los libros que el Estado distribuye ‘gratuitamente’, la comunidad debe pagar un sol por cada kilo de ejemplares que quiera trasladar desde Ivochote, la zona donde termina la carretera y se inicia un viaje fluvial de diez horas.
En casi todas las comunidades las bibliotecas son locales fantasma, refugios de telarañas, guarida de murciélagos. Es por eso que las comunidades han gastado en educación el dinero de las compensaciones que entregan las empresas operadoras en la zona por el impacto ambiental. En Nuevo Mundo, por ejemplo, se ha construido un moderno local de cemento con tres aulas destinadas a la educación primaria e inicial. Solo esperan que en este mes el Ministerio de Educación pueda enviarles algunos materiales básicos para la enseñanza.
En las comunidades del Urubamba solo hay dos colegios de educación secundaria, la de Kirigueti y Sepahua. Ambas reciben el desmedido apoyo de las misiones dominicas. Pero la educación necesita más que buena voluntad, requiere dinero. “Aquí no llegan libros, todo se basa en dictado”, dice Davi Montesinos, voluntario de la misión.
Estas condiciones terminan minando el aprendizaje de los niños. Durante el viaje que hicimos, ninguno de los niños mayores de 12 años con los que conversamos pudo contarnos quiénes eran los incas. Mucho menos lograban explicar la importancia del Cusco, su departamento.
SALUD EN CUESTIÓN
En Segakiato nos encontramos con una perversa realidad: con el dinero de la compensación la comunidad construyó una posta médica de material noble que hasta ahora no funciona porque no hay médicos ni medicamentos ni equipos. No hay nada. Solo paredes recién pintadas y un tímido letrero colgado en una de las puertas que dice Botica.
La responsable del cuidado del medio ambiente en esa comunidad, Miguelina Cabrera, sostiene que las empresas deberían apoyarlos más. “No solo darnos la compensación”. Cree que eso es más viable que el apoyo que la municipalidad de Echarate o el gobierno regional del Cusco pueda darles. Este es el tenor común en muchas comunidades: exigir a la empresa que asuma el rol del Estado, cuando este ya cuenta con una cifra millonaria, producto del canon, para invertir en esta zona.
Hay postas, como la de Ticumpinía (Chocoriari), donde su botiquín básico ignora los antídotos contra la mordedura de víboras. El joven sanitario Miguel Samperi está obligado a dar lo único que más o menos nunca falta: analgésicos, el medicamento más utilizado en el Urubamba.
Y es que las emergencias son un lujo que nadie puede correr en esta zona. Cuando visitamos Kirigueti, una señora se acercó al centro de salud. Estaba embarazada y tenía una anemia aguda: dos de hemoglobina. Necesitaba una transfusión de emergencia. Un miembro de la misión se ofreció como donante, pero cuando se acercó a la posta, la enfermera le dijo que no tenían los equipos suficientes para la transfusión. La familia de la señora tuvo que pagar 80 soles para trasladarla en un bote comercial. Navegaron diez horas por el caudaloso Urubamba, pasaron el Pongo de Mainique y se alojaron en Ivochote. La mañana siguiente, abandonaron el río y tomaron un microbús hacia Quillabamba: diez horas más. La situación era crítica, por eso fue enviada al Cusco: otras nueve horas. La paciente viajó más de tres días. Sin duda, el traslado por emergencia más lento del mundo.
La falta de un bote propio convierte a los centros de salud en islas. A pesar de que Pluspetrol tiene un convenio con las comunidades para trasladar por aire a pacientes en casos de emergencia, esto no siempre es posible. No siempre se cuentan con vuelos disponibles. “En estas condiciones es imposible brindar un buen servicio”, dice la enfermera de Kirigueti, una mujer de 35 años, para quien lo más difícil de vivir en esta zona es la falta de alimentos.
POBLACIÓN VULNERABLE
Las obras del proyecto Camisea se ubican en una de las áreas ambientales y sociales más vulnerables del mundo. Los nativos están expuestos a las infecciones respiratorias y gastrointestinales, pues carecen de anticuerpos. En la edición de ayer informábamos sobre los casos de sífilis que se habían reportado en Camisea y Shivancoreni. Las comunidades atribuyen estos hechos a la aparición de prostíbulos en Ticumpinía, zona donde se instalaron los campamentos de la empresa Techint.
De todos los machiguengas, son los Kugapakori Nahua los más expuestos al proyecto. El encuentro entre los trabajadores de las empresas operadoras, durante estos 33 años de explotación, va a ser frecuente. A la falta de anticuerpos para algunas enfermedades occidentales, “se suma el empobrecimiento nutricional debido a la reducción de los recursos naturales en la zona, de los cuales dependen su subsistencia”, precisa Lelis Rivera, director del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia).
DUCTOS NO SE CONTROLARON
Pero la ausencia de los gobiernos central, regional y local, con programas asistenciales y planes de desarrollo, no es el único tema en estas comunidades. Antes de que la explotación y el traslado de gas fueran entregados en concesión, el gobierno creó espacios territoriales para proteger las comunidades nativas y la biodiversidad que los rodea. Ahí están la Reserva Comunal Machiguenga, la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori Nahua, el Santuario Nacional Megantoni y el Parque Nacional del Manú, próximo al Lote 88.
Sin embargo, la fiscalización de las entidades correspondientes, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Inrena y Osinerg, hasta la fecha ha sido ineficiente. Así también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo. No solo eso. En su último informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Camisea, la consultora E-Tech advierte que en las pruebas de presión que se hicieron a las tuberías administradas por TGP no estuvieron presentes los representantes del Gobierno.
Estas pruebas garantizaban la integridad del ducto antes de ponerlo en servicio. “Es común volver a someter los tramos fallados a otra prueba (…) Sin inspectores independientes no se puede confiar en las pruebas”, dice el informe.
Frente a estas observaciones, Gustavo Navarro, director de Hidrocarburos del MEM, sostiene que su despacho no está en la obligación de supervisar esas pruebas y que, además, no cuenta con los técnicos necesarios. “Esa es una función que le compete al Organismo Supervisor de Energía (Osinerg)”, dijo el funcionario. Esta entidad aún no responde.
AL CONGRESO
De otro lado, luego del reportaje presentado ayer por este Diario, sobre el incumplimiento de los compromisos ambientales por parte de TGP, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Walter Alejos, presentó una moción a la junta de portavoces para que el pleno les otorgue funciones fiscalizadoras. “Si no nos entregan esas facultades, formaremos una subcomisión investigadora y convocaremos a todas las entidades involucradas en el tema”, dijo Alejos.
Y mientras aquí, en la capital, sede de todas las entidades responsables de velar por el buen desarrollo del proyecto, se continúa discutiendo sobre las responsabilidades técnicas de las concesionarias, y la empresa TGP dice que no dará explicaciones a la denuncia formulada por este Diario; allá, los machiguengas continúan ingeniándoselas para enfrentar las malas prácticas empresariales y la ausencia de un plan de prevención social.
