Los Machiguengas del Camisea. Viajamos al Urubamba para conocer el impacto del proyecto. Esta es la primera crónica de un viaje en bote que duró 22 días.
“Kobeni, Kobeni, Narotari, obambaroataka, narotari, niavagitacharina,okasanka, gitetapakira kobeni” (Qué sería de nosotros si no existiera la naturaleza, moriríamos, no existiríamos)
Canto machiguenga
Hay instantes que guardas en la memoria, como detenidos en el tiempo. Se quedan ahí, insistentes, resumiendo un largo viaje. El instante que guardo del viaje que hicimos por 11 comunidades machiguengas del Urubamba, en la selva del Cusco, para conocer el impacto del proyecto Camisea, me traslada a Camaná. Una mañana de fresca calma luego de una noche lluviosa. El olor de la tierra húmeda. Una asamblea comunal al costado de una cancha de fútbol. Cushmas tradicionales, confundidas entre jeans y polos sintéticos. Casiano Jeremías muestra dos pequeñas latas de atún entomatado, un poco de arroz y cebolla. No habla castellano, no es necesario. Su angustia traduce la queja por los peces ausentes luego del último derrame. “Esto es lo que nos entregan por contaminar el ambiente”, dice.
El nativo de 45 años nos señala con el dedo. “¿Cuándo el machiguenga ha comido cebolla? ¿Cuándo ajos? Ustedes, los blancos, no nos entienden, a nosotros nos gusta pescar. Solo queremos que los peces vuelvan al río”, insiste. Sus palabras esconden resentimiento. Salvo excepciones, la penetración de la cultura occidental en las comunidades machiguengas ha sido brusca, violenta.
Primero los caucheros y su codicia por el látex, luego los hacendados y su voraz apetito por los bosques para convertirlos en tierras de cultivo. Y siempre la agresión. Los nativos fueron explotados como peones, cambiados por gallinas y vendidos al mejor postor, hasta que, a mediados del siglo XX, se instalaron las misiones dominicas. Son ellas las que cumplieron un rol fundamental en los cambios sociales que experimentaron los machiguengas. Los organizaron en comunidades y les brindaron educación y salud.
Solo después, durante la década de los 80, cuando la empresa Shell descubrió los yacimientos de gas, el Estado llegó para decirles: la explotación de estas reservas no dañarán el ambiente. “Dijeron que el proyecto no nos perjudicaría, que por el contrario, mejoraría nuestra calidad de vida”, recuerda Job Korinti, jefe de la comunidad de Kirigueti.
Pero la Shell no se quedó, pues nunca llegó a un acuerdo con el Gobierno. Recién a comienzos de esta década se les otorgó la concesión de la explotación y transporte de gas en la zona amazónica a dos empresas operadoras: Pluspetrol y Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Los machiguengas recibieron con buenos ojos la inversión a pesar de que la mayoría no entendía en qué consistía los detalles del proyecto. Era el 22 de noviembre del 2004 cuando una noticia perturbó la calma a la que esta sociedad está acostumbrada. La tubería se quebró. La tranquilidad todavía no volvía cuando hace cuatro meses el ducto se quebró por cuarta vez: dos mil barriles de líquidos de gas contaminaron el río. (Las dos veces anteriores el derrame se registró en la sierra).
VUELOS QUE PERTURBAN
La última semana de febrero partimos hacia el Cusco, y de ahí, por una carretera más teórica que real, luego de 24 horas de viaje, llegamos a Ivochote, la zona del río Urubamba desde donde parten todas las embarcaciones hacia las comunidades machiguengas. En el puerto nos esperaba Marcial Shiviturori, el experimentado motorista que cruza sin aspavientos los remolinos del pongo de Mainique en esta temporada de recia lluvia. Sería a él a quien, desde ese día en adelante, nos encomendaríamos cada vez que las feroces aguas del Urubamba intentaban hacernos una mala pasada.
Eran las ocho de la mañana en Poyentimari, la primera comunidad que visitamos. Durante la noche, el sordo ruido de los insectos acompañó nuestro sueño, pero luego lo que nos acompañó fue un ruido más persistente, el de un helicóptero surcando el cielo de la Amazonía y el motor de un bote en el río. Con el traqueteo, los primeros en ahuyentarse fueron los pájaros. Bautista Goshi, nativo de esta comunidad, nos dirá luego que los animales del monte también han escapado. Antes, para cazar un sajino tenía que caminar tres horas, ahora anda dos días.
Lo mismo ocurre en las otras comunidades. La fauna se ha escondido. En todo el viaje solo logramos ver un pez. Esta huida condena a los machiguengas a la desnutrición, pues el 75% de sus proteínas proviene del río.
“NOS ESTAMOS MURIENDO”
La asistencia médica que las comunidades afectadas recibieron, luego del derrame fue insuficiente. Los nativos aseguran que a ninguno se le entregó un diagnóstico médico. “No sabemos si estamos muriendo… Creo que estamos falleciendo de a pocos”, dice Juanito Pérez, nativo de la comunidad de Mayapo. “La gente no sabe si está enferma o sana. ¿Por qué no vienen los médicos?”.
‘Ovegaga tanaka’ significaba hasta un par de años en lengua machiguenga “todo está malogrado”. Después del derrame esta frase adquirió una definición más precisa: “el ambiente está contaminado”.
El último 25 de noviembre los nativos de Camaná, Puerto Huallana y Mayapo pescaron en abundancia. Comieron doncellas y zúngaros con desmesura. Solo varias horas después TGP les comunicó el derrame. La empresa, sin embargo, sostiene que antes tenían que confirmar el escape de los líquidos.
Ya nadie come pescado en abundancia. Carlos Pérez, nativo de Mayapo, dice que tiene que salir a las cuatro de la mañana y caminar hasta la cabecera del río para pescar algo. Si tiene suerte, regresará en la tarde con tres mojarritos para alimentar a sus seis hijos. Este alimento complementará en algo los víveres que les entregan luego del derrame.
El impacto ambiental acentuó las diferencias económicas. La situación es menos complicada para quienes tienen un ingreso económico adicional (comerciantes o trabajadores de las empresas). Ellos pueden comprar alimentos a los eventuales comerciantes. Los otros, como Carlos Pérez, seguirán caminando horas en busca de algún pez.
Antes, todos los machiguengas cazaban, pescaban y comían lo que las chacras les proveía. Antes, no tenían la oportunidad de salir a estudiar fuera o acudir a un mejor centro de salud. Ahora, parecen estar condenados a buscar dinero para comer. Y los que sí lo consiguen, estudian en Quillabamba o Sepahua, y se atienden en puestos de salud de estas ciudades.
MÁS RIESGOS
El riesgo de que las aguas del río se contaminen está presente, no solo por los derrames sino por el masivo traslado de las embarcaciones fluviales. El año pasado, en Kirigueti, un bote que pasaba a excesiva velocidad atropelló a una niña y la ahogó. Desde entonces, las reglas de transporte son más exigentes.
El jefe de la comunidad de Camisea, Matías Ríos, reconoce que otro de los grandes temas tiene que ver con la salud. Y no se equivoca. Los sanitarios de varias comunidades reconocieron la presencia de enfermedades de transmisión sexual en algunas nativas. Ríos explica que si bien estas empresas han generado puestos de trabajo, hay el riesgo de que sin la presencia del Estado se pueda provocar un problema social. “Hay mucho dinero, pero aquí no llega”. Y tiene razón. La pasividad del estado es tal que tampoco fiscaliza que las empresas operadoras cumplan sus compromisos ambientales.
UNA ZONA SIN PROTECCIÓN
El proyecto Camisea es una oportunidad. No solo económica, también ambiental, pues promete modificar la utilización de combustibles sucios por uno menos contaminante, el gas natural.
Es por eso que resulta paradójico cómo solo algunas operadoras del proyecto asumen con cabalidad sus compromisos ambientales en la selva. En estas fotos vemos cómo la basura que dejan los trabajadores de TGP queda tirada en medio del monte. Lo mismo ocurre con los puentes que la misma empresa se comprometió a desinstalar. Dicen que los dejaron a pedido de la comunidad, pero ahora las intensas lluvias los han destrozado y arrastrado. ¿Quién los recoge? ¿Y el ente fiscalizador del Estado?.
Los fierros oxidados siguen ahí, dañando las aguas del río. ¿El Estado no lo sabe? ¿Qué espera?
LAS CIFRAS
4800 Machiguengas viven en la zona del Urubamba
417 muertos en la zona denunció la Defensoría del Pueblo y pidió una investigación sobre estos casos
