Quito, EFE –
La petrolera estadounidense Chevron-Texaco, acusada de causar daños ambientales en la Amazonia de Ecuador, usa una base militar de este país para “sabotear” el juicio que se sigue en su contra, según denunciaron hoy los demandantes.
Steeve Dozinger, uno de los abogados del Frente de Defensa de la Amazonia, que integra a los 3 000 colonos e indígenas afectados por la contaminación de Texaco, dijo a corresponsales extranjeros que la petrolera mantienen en vigor un convenio para el uso de las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales “24-Rayo” del Ejército, en la ciudad amazónica de Nueva Loja.
Dozinger indicó que un jefe militar de esa unidad colaboró con Texaco en la elaboración de un “informe falso”, que obligó a suspender, en octubre pasado, una inspección judicial en uno de los sitios supuestamente contaminado por la multinacional estadounidense en la Amazonia.
El abogado de los demandantes recordó que el Ministerio de Defensa de Ecuador aceptó que el informe presentado por el jefe miliar fue inventado, por lo que sancionó al responsable.
Sin embargo, Dozinger denunció que, pese a que la relación entre los militares y Texaco ya ha incidido en el proceso, aún se mantiene en vigor un contrato entre las partes para el uso de las instalaciones militares en Nueva Loja, la capital de la provincia de Sucumbíos, donde se desarrolla el juicio.
El contrato, según Dozinger, demuestra que Texaco ha estado utilizando una base militar en la zona para llevar adelante un plan para “sabotear el proceso”.
Además, el letrado consideró “inaudito” que una compañía estadounidense “pague a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por beneficios privados”.
Precisó que el contrato supone el uso de unas casas instaladas en el interior del Grupo “24-Rayo”, que Texaco construyó, y por el que paga un arriendo de 3 000 dólares, pero remarcó que la relación entre las dos partes rebasa la utilización de las viviendas.
Aseguró, además, que el ex capitán del Ejército ecuatoriano Manuel Bravo, que ahora es jefe de seguridad de la compañía, es quien coordina acciones con los militares ecuatorianos.
Dozinger lamentó que el gobierno de Ecuador no hayan dado respuesta a los reclamos de los demandantes y que las Fuerzas Armadas hayan perdido la “neutralidad” que se requiere para “la marcha justa del proceso”.
La organización internacional “Amazon Watch” se sumó hoy a una campaña de “vigilancia del proceso”, por considerar que Texaco está “ejerciendo enormes presiones” para sabotear el denominado en Ecuador “Juicio del Siglo”.
Atossa Soltani, directora de “Amazon Watch”, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al gobierno de Ecuador proteger a los dirigentes de los demandantes y a los abogados, que han sido amenazados de muerte y han sufrido constantes hostigamientos, atribuidos a Texaco por los demandantes.
En abril próximo, indicó Soltani, se efectuará en EE.UU. una reunión de los accionistas de Texaco, en la que un grupo de inversores reclamará a la compañía por su actuación en el proceso.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de la Amazonía, Luis Yanza, indicó que el próximo miércoles se efectuará una nueva inspección judicial en el campo petrolífero de Texaco en Santa Rosa.
Yanza insistió en que las inspecciones en 36 zonas donde trabajaba Texaco entre 1972 y 1992 han arrojado pruebas suficientes que demuestran el “enorme daño” ambiental causada por la compañía.
El dirigente recordó que la demanda contra Texaco asciende a unos 6.000 millones de dólares, que servirán para recuperar las zonas afectadas e indemnizar a los miles de personas afectadas por cáncer, enfermedades genéticas y otros males atribuidos a las sustancias tóxicas vertidas en la zona.
Fausto Peñafiel, un experto en sustancias químicas, indicó que en las inspecciones hechas en los depósitos de deshechos dejados por Texaco en la Amazonía se han encontrado valores de más de 30 000 miligramos de sustancias tóxicas, como el boro, por cada kilogramo de suelo analizado, cuando la ley ecuatoriana establece un máximo de 1 000 miligramos.
