Habría daños irreparables en el medio ambiente y en la salud de los pobladores de la zona.
La Defensoría recomienda al Congreso y a los ministerios de Energía y Minas y de Salud emitir normas específicas de protección de los pueblos indígenas.
Lima, Peru – La Defensoría del Pueblo presentó ayer el Informe Defensorial Nº 103: “El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas”. Los resultados le dan un jalón de orejas al Gobierno en su manera de manejar el impacto ambiental de un importante proyecto que debió ser “un paradigma de gestión ambiental desde el Estado”.
17 muertes en comunidades nativas y la aparición de enfermedades como la sífilis y la influenza en poblaciones aisladas serían algunas de las consecuencias de la mala aplicación del estudio de impacto ambiental que debió efectuarse antes en Camisea.
El defensor adjunto para los servicios públicos y medio ambiente, Carlos Alza, explicó que los problemas con consecuencias más graves en la salud de los pobladores de las comunidades afectadas se deben a la ausencia de estudios que hubiesen determinado con anterioridad la morbilidad en la zona. Aclaró que la ausencia de estudios de base no permiten determinar la relación exacta con las muertes y la presencia de trabajadores de Camisea en la zona.
