Un conjunto de organizaciones indígenas y ganaderas pidieron al Ministro de Energía y Minas (MEM) suspender la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Lote 56 mientras no se esclarezcan las causas del reciente derrame de hidrocarburos y se adopten otras medidas pertinentes.
En una tensa reunión realizada ayer con Clodomiro Sánchez, Ministro de Agricultura, y otros funcionarios, Roger Rivas Korinti, Jefe del Consejo Machiguenga del Rio Urubamba (COMARU) denunció que los gasoductos del Proyecto Camisea son una coladera pues en solo 5 meses de operatividad se observan fallas y desperfectos.
En un escrito entregado al Ministerio solicitan que se suspenda la audiencia pública para el EIA del Lote 56, adyacente a Camisea, mientras no se esclarezcan las causas del derrame, se realice una auditoria ambiental independiente, se sancione a las empresas responsables, se repare el daño y se indemnice a las comunidades afectadas.
Ismael Hernández, representante de la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA) desmintió categóricamente al Ing. Navarro, Director de Hidrocarburos del MEM, al desmentir su afirmación que no hubo impactos al ambiente por el derrame ocurrido el 22 de diciembre último.
Hernández dijo que hubo muerte de miles de peces y los trabajadores de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) juntaron apresurados los peces muertos en barriles para ocultar las huellas del desastre. “Si los sapos saltaban, no era de felicidad -como afirmó Navarro- sino para escapar de la contaminación del río” concluyó, poniendo en aprietos al responsable de Hidrocarburos.
Los representantes del Centro Ganadero Agropecuario y de la Asociación Ganadera Agrícola Shintorini, ubicados en el área de Camisea, desmintieron a los voceros del MEN en el sentido que el derrame duró siete minutos. “El derrame duró más de cuatro horas” dijeron. “De igual modo nos preocupa cómo la tierra está cediendo al gasoducto en diversas partes lo cual es una amenaza para nuestras vidas y el ambiente” afirmaron
El Ing. Julio Salvador, representante del Órgano Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), sostuvo en la reunión que su institución viene estudiando seriamente los daños producidos y de verificarse que el proyecto es una coladera se tendría que paralizar el proyecto como medida cautelar. Muy pronto se enviarán especialistas geotécnicos a la zona para efectuar los estudios correspondientes y luego de ello tomar una determinación.
Julio Cusuriche, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señaló que todos los actores sociales: indígenas, colonos y ganaderos, estan unidos para defender la vida y la naturaleza y por consenso no acudiran a la audiencia pública convocada para el 20 de enero sobre el EIA del lote 56.
Luego del derrame se ha generado una situación crítica y de conmoción en nuestras comunidades pues se sabe que el derrame se debió afallas técnicas de la propia empresa y ésta incumplió con aspectos relevantes de su Plan de Contingencia, como por ejemplo, dar aviso oportuno a la población, dijo Cusuriche.
Por eso exigimos que se suspendan las audiencias hasta que se esclarezcan los problemas a plenitud, concluyó Cusuriche.
Los vicios del proyecto
Diversos especialistas consultados dijeron que una de las debilidades del proyecto Camisea es su deficiente proceso de consulta y la falta de un monitoreo independiente.
Esta situación ha provocado que el proyecto se haya aprobado de manera apresurada, sin la adecuada participación de las comunidades indígenas y con un deficiente proceso de monitoreo.
La empresa TGP ha causado serios daños ambientales al bosque tropical del Urubamba y fue multada en dos ocasiones por OSINERG. Sin embargo, a la fecha, están pendientes de ejecución pues la empresa ha apelado. Las multas ascienden a 750 u 1000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
De igual modo, tampoco el MEM expresa voluntad política por respetar el Convenio 169 de la OIT y efectuar adecuados procesos de consulta, de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias.
El XVI Congreso de Comunidades Machiguengas realizado del 4 al 6 de noviembre de 2004 acordó solicitar un plazo de 90 días para evaluar el EIA del Lote 56. Este plazo les permitiría comprometer el apoyo de asesores y técnicos necesarios para dicho fin.
Sin embargo -según el documento presentado por las organizaciones del Urubamba- el Ministerio no ha respondido al pedido de las comunidades enviado por fax el 3 de diciembre ni el oficio del 8 de diciembre de 2004.
La Dirección de Asuntos Ambientales emitió el 02 de diciembre un oficio mediante el cual hace del conocimiento de Pluspetrol la acogida al pedido aislado de una comunidad para postergar la audiencia por30días, y que se cumple el 20 de enero de 2005.
Entre los fundamentos de la petición presentada por las organizaciones se sostiene que está de por medio el acceso a la información por parte de las poblaciones involucradas, como el derecho de analizar la información brindada y que consiste en muchos volúmenes con miles de páginas.
“Es obligación del Estado garantizar el derecho a la información de nuestras comunidades; es decir a que estén debidamente informadas de los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo para nuestra participación en la Audiencia Pública” se afirma en el documento.
“De no ser así, la autoridad estaría actuando de mala fe, desatendiendo los fines éticos implicados en la norma y violentando, además, derechos fundamentales como la efectiva participación ciudadana” señala la solicitud.
Finalmente, indican que de no atenderse la petición se estaría afectando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales el Estado Peruano es parte.
