¿Ecuador se despojó de su inmunidad a ser procesado o sometido a un arbitraje internacional el 27 de agosto de 1993?, la pregunta la tienen que analizar y resolver las autoridades ecuatorianas.
Bajo este tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos, el país deberá solucionar sus controversias, en primer lugar, negociando en los tribunales de justicia o con un arbitraje.
El acuerdo binacional tiene una duración de 10 años desde la fecha que entró en vigencia, 11 de mayo de 1997, y solo podría terminarse, en el caso de que una de las partes anticipe un año su decisión de hacerlo.
Cualquiera sea la decisión del árbitro, la parte perdedora deberá pagar a la otra sin derecho a apelación. No se sabe si el arbitraje de Texaco para obligar a Petroecuador a compartir las responsabilidades de los daños ambientales, también se basa en este.
A través de la Procuraduría, Ecuador hizo llegar a Bradley Soto, el árbitro que lleva el caso, y a Michael Kolis, abogado de la firma Jones Day, que el país no ha dado su consentimiento para someterse a la decisión de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) sobre sus divergencias con la trasnacional.
Ecuador insiste en su inmunidad e invoca al contrato de concesión de hidrocarburos de 1964, donde una cláusula señala la sujeción a las leyes y cortes ecuatorianas.
Empero, el acuerdo bilateral de 1993 incluye varias excepciones a favor de EE.UU. y dos para Ecuador, además implica la renuncia de varios aspectos de soberanía jurídica en cuanto a contratos de inversión.
EL COMERCIO dialogó con Soto. Él señaló que no está autorizado a informar sobre el arbitraje y pidió hablar con Kersten Norlin, vicepresidenta de comunicaciones corporativas, la cual habló en los mismos términos e insistió en la confidencialidad de los casos y en la prohibición de revelar los detalles a la prensa.
En el arbitraje, nada tiene que ver la parte demandante que le sigue un juicio a la petrolera en Nueva Loja. En principio Cristóbal Bonifaz, abogado que representa a los demandantes , calificó al arbitraje de inmoral e imposible de que llegue a parte alguna.
No obstante, su posición cambió. “Mis asociados encontraron que, con el tratado de 1993, Ecuador renunció a su inmunidad soberana en caso de inversión. Presiento que las autoridades están dormidas y puede ocurrir lo mismo que con Occidental, pero esto es peor porque el arbitraje de Texaco es por 5 000 millones”.
Además pidió a la AAA su participación como observadores y proveedores de material que demuestre los daños causados por la Texaco. La respuesta de Soto no fue favorable y, además, señala que si Ecuador rehusa participar en el arbitraje, este proceso de todas maneras seguirá, ya que no hay de por medio la intervención de una corte.
Ante la existencia de ese tratado, Bonifaz cree que Ecuador tiene que detener ese proceso. “La oportunidad para abortarlo es ir a la Corte de Nueva York y aclarar que la demanda que está en Lago Agrio no es por violación del contrato sino por negligencia”.
La imparcialidad del arbitraje es puesta en duda por Bonifaz, cuando hace notar que Charles James, vicepresidente y consejero general de Texaco, es miembro de la AAA. En efecto, su nombre aparece en la lista de directores.
¿Quién puede ayudar en esta defensa? Terrance Collingsworth es solo uno de los estudios jurídicos interesados en representar al país sin costo. Este Diario entró en contacto con él, pero a falta de una decisión nada puede decir.
A los ojos de Bonifaz, Texaco quiere intimidar al juez, porque si él dicta en contra de la petrolera lo harán sentir culpable de que el mismo país pague. “Presiento que esa es una estrategia del Gobierno de Ecuador a favor de Texaco. Sé que Ivonne Baki, en una reunión con la Embajadora de EE.UU. y los ministros, dijo que para librarse del arbitraje hay que hacer perder el caso”.
Mañana se inician las diligencias del juicio
Dos pozos del campo Sacha, en la provincia de Orellana, serán inspeccionados, mañana y el jueves, para determinar las responsabilidades de Chevron-Texaco en la contaminación de la zona.
Esta acción se produce en el marco del juicio que las comunidades amazónicas plantearon contra Chevron-Texaco, por los daños ambientales causados por sus operaciones hidrocarburíferas.
Mañana se prevé la visita a Orellana del presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Efraín Novillo, de los abogados de las partes y de tres peritos ambientales. Estas diligencias se realizarán durante varios meses, pues se deben constatar más de 122 lugares.
Además, Bianca Jagger, defensora de los Derechos Humanos, actuará como observadora de las inspecciones judiciales. Jagger dijo a este Diario que este es el peor desastre ecológico producido en América por una petrolera. “Hay 627 piscinas contaminadas y hay que ver el impacto no solo en la Amazonia sino en las redes fluviales de todo el país”.
Si el Ecuador gana este denominado “juicio del siglo” se buscará una indemnización de 6 000 millones de dólares, para la remediación ambiental.
En favor de las comunidades amazónicas se conformó un equipo llamado Selva viva compuesto por ocho personas, que pide más inspecciones. Hoy, Chevron-Texaco hablará sobre el inicio de inspecciones , en el Hotel Marriott, a partir de las 10:00.
Un proceso caro
Los gastos que demande el arbitraje y sus miembros serán pagados en partes iguales, pero si el tribunal lo aprueba una de las partes deberá pagar más.
Las audiencias se realizarán en un plazo de seis meses. La decisión final del arbitraje se dará máximo hasta el 11 de diciembre.
Quién es el árbitro del caso
En Estados Unidos, la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) es conocida por mediar en casos en casi todos los países del mundo.
Para citar cifras: 646 casos internacionales por un costo de 3 000 millones de dólares, que involucraron a 88 países es su balance.
En su último informe habla de más de 230 000 casos tratados sobre finanzas, construcción, laborales, de seguros médicos y disputas tecnológicas. Posee 36 oficinas en Estados Unidos y Europa y en la lista de sus representantes y miembros están los directivos de las grandes multinacionales estadounidenses.
La AAA, que fue fundada en 1926, tiene por propósito resolver una amplia gama de controversias a través de la mediación, el arbitraje u otras formas de solución extrajudiciales. Es una organización de servicio público sin ánimo de lucro.
El dato
Las partes tienen 2 meses, después del pedido de arbitraje, para designar sus miembros. El presidente será un tercero no en disputa
