De esta forma el gobierno debió ceder ante la presión de las Organizaciones Indígenas, los Comités Cívicos Provinciales, la Defensoría del Pueblo y ONGs Nacionales e Internacionales.
La primera fase de la Auditoría Ambiental al Gasoducto Lateral Cuiabá (Bolivia-Brasil) solicitada por las organizaciones indígenas de los pueblos Chiquitanos y Ayoreos hace un año atrás, comenzó hoy en San José de Chiquitos, donde arribó una nutrida delegación de Inspectores del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, dirigidos por Cristina Orellana Directora de la Unidad de medio Ambiente, quienes están encargados de verificar las denuncias realizadas por las comunidades afectadas sobre el incumplimiento del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).
Un grupo de promotores ambientales indígenas y dirigentes cívicos de la zona, apoyados por organizaciones no gubernamentales, a las que se unió el Diputado Nacional Sr. Isaac Avalos, presentaron oficialmente los documentos del monitoreo independiente que respaldan las denuncias. Estas no solo incluyen el incumpliento del plan de reforestación, el incumplimiento del plan de desarrollo indígena y la destrucción sin reparación de hábitats de vida natural y fuentes de agua esenciales para la vida de las comunidades indígenas, sino también incluye la violación de los derechos indígenas realizada por las multinacionales ENRON y SHELL junto a los organismos del Estado, que han omitido aplicar la Ley 1257 (Convenio 169 de la OIT) al promover la formación de la supuesta Fundación para la Conservación el Bosque Seco Chiquitano (FCBC) impidiendo la participación de los pueblos indígenas afectados en la preservación de los recursos naturales dentro de sus propios territorios.
La controvertrida Fundación de ENRON y SHELL ha sido acusada de tráfico de influencias cuando se comprobó que los científicos de varias instituciones conservacionistas que inicialmente abogaban por desviar la ruta del gasoducto para evitar daños en el bosque prístino de la Chiquitanía (considerado entonces entre los 200 mejor conservados del mundo), cambiaron su opinión a cambio de una gratificación de USD 20 millones de dólares otrogada por las empresas para un supuesto plan de conservación del bosque que nunca funcionó. La falta de transparencia del plan de conservación llevó a romper las relaciones entre World Wildlife Fund (WWF) y las cuestionadas multinacionales petroleras. El año 2001 la prensa nacional reveló que miembros de la FCBC realizaban biopiratería al exportar, sin autorización, material genético de una especie originaria del “maní silvestre” encontrada en el bosque chiquitano.
En mayo del 2002, una comisión investigadora del Parlamento Nacional Boliviano encontró que ENRON había creado una segunda “fundación fantasma” que fue utilizada por sus ejecutivos para comprar acciones del Gasoducto Cuiabá y hacer subir ficticiamente los precios de la obra para lograr enormes ganancias estafando a los accionistas. La agencia de crédito norteamericana OPIC retiró todo su apoyo a este proyecto en medio de la escandalosa quiebra de ENRON cuyo fraude comprobado alcanza los USD 2.500 millones de dólares. Meses después, el Ministerio de Desarrollo Sostenible de Bolivia amonestó a la Fundación de ENRON y SHELL por incumplimiento de la Ley del Medio Ambiente pero de manera poco clara el gobierno boliviano a evitado aplicar las sanciones económicas correspondientes, mientras que ENRON continúa siendo el principal socio de Bolivia para la exportación del gas a Brasil.
El “affaire” del Gasoducto Cuiabá volvió a tomar notariedad en noviembre del 2002 cuando durante una visita del recién electo Presidente Sanchez de Lozada a Washington DC, parlamentarios indígenas junto con organizaciones ambientalistas denunciaron el descubrimiento de una válvula construida en secreto por la multinacionales para abastecer con gas la Mina Don Mario de propiedad de Orvana Minerals empresa cuyo prinicipal propietario es el propio Sánchez de Lozada. También se descubrió la construcción de un gasoducto privado de exclusividad para la mina del presidente que no estaba considerado en el EEIA, “la comprobación de estos delitos deberían llevar a la expulsión de ENRON de Bolivia” dijo el diputado Isaac Avalos. “Ahora se espera, que se identiquen claramente las irregularidades, se verifiquen los impactos sociales y ambientales y se incluyan recomendaciones precizas para reparar los daños a las 31 comunidades indígenas afectadas y mitigar la destrucción de los ecosistemas del Bosque Chiquitano y el Pantanal Boliviano”, concluyó.
El proceso de Auditoría Ambiental, que se inicia con la inspección in situ de las denuncias de impactos sociales y ambientales es inédito en Bolivia, toda vez que la ley del medio ambiente no es específica sobre los impactos sociales ni la violación de derechos indígenas. Por eso se requiere de un enfoque integrado y multidisciplinario cuya evaluación podría sentar importantes precedentes para regular mejor la implementación de los proyectos hidrocarburíferos en territorios indígenas. “Un aspecto preocupante en la etapa actual es que los funcionarios del Estado encargados de la inspección, que se supone deben estar al servicio de la ley y el interés público, son huespedes de las corporaciones multinacionales que aparentemente corren con buena parte de los gastos que implica este trabajo de campo y mientras exista esta dependencia nada podrá ser transparente” señaló Jose Bailaba, diputado indígena chiquitano.
Las visitas de inspección están programadas entre el 15 y el 26 de Abril y se realizan al mismo tiempo de un intenso debate nacional sobre la posible construcción de un nuevo gasoducto hacia el Oceáno Pacífico para la exportación de gas boliviano a los Estados Unidos, proyecto que está provocando serias fricciones al Gobierno de Sanchez de Lozada con diversos sectores que se oponen, incluso dentro de las fuerzas armadas. Encuestas recientes revelan que la mayor parte de los bolivianos piensa que en las actuales condiciones los gasoductos de exportación solo benefician a las empresas multinacionales y no al país. Lo perverso de la Auditoría Ambiental al gasoducto Cuiabá, es que podríamos estar por comprobar que mientras ENRON y SHELL esperan ganancias durante los próximos cuarenta años, a los bolivianos sólo les podría tocar hacerse cargo de la destrucción del medio ambiente y del aumento de la pobreza en las comunidades afectadas.
