Corresponsal en Italia Esta semana el Gobierno (regional) de Renania del Norte-Westfalia (NRW) de Alemania anunciará su posición sobre el controvertido proyecto del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que lleva adelante la compañía OCP Ecuador.
El Estado de NRW es, indirectamente, co-partícipe de esta obra, pues posee el 43, 2 por ciento del Westdeutsche Landesbank (WestLB), el banco (cabeza) que concede el préstamo de 900 millones de dolares para la construcción del ducto de 503 kilómetros de longitud.
El resto de las acciones pertenece a las autoridades locales y a las cajas de ahorros del NRW. Por eso, esta semana será clave para Ecuador y Alemania, donde los grupos ambientalistas esperan que los financistas (WestfaliaLB) del oleoducto ecuatoriano retiren su apoyo y paralicen su construcción.
El caso del OCP se convirtió en un verdadero escándalo en Alemania que ha afectado la imagen del Gobierno y del WestLB, que han sido el blanco de todas las críticas. El propio WestLB no quiso pronunciarse sobre el informe. Su portavoz, Hans Albers, dijo que pidieron una declaración sobre el informe a la compañía del proyecto y a Stone and Webster, los consultores americanos del WestLB.
Tampoco lo hará el Gobierno Regional. “Antes de la sesión del parlamento en el día 30, no vamos prestar ninguna declaración”, dijo Walter Jakobs, portavoz de la Staatskanzlei. Hoy la comisión “Política Europea y de un Mundo” del parlamento regional se centrará a discutir sobre el proyecto.
En ese país se cuestiona la participación gubernamental en un proyecto que no respeta los estándares mundiales y que constituye una amenaza para la forma de vida indígena, según los ecologistas. “El banco tiene que cancelar el crédito, sino lo hace el Gobierno debe obligarlo.
Ir adelante con él sería destruir su imagen, porque el mundo entero reconocería que el socio del contrato del WestLB puede hacerle un fraude fácilmente”, opina Werner Paczian, portavoz de Rettet den Regenwald (Rescate de la Selva) desde Hamburgo-Alemania.
El informe de Robert Goodland, un investigador canadiense, estudioso de los estánderes ambientales del Banco Mundial (BM), causó revuelo y levantó aún más los ánimos. Goodland confirmó (ya lo han repetido los otros informes y estudios), que la construcción del OCP incumple con las políticas ambientales, operativas y sociales que rigen para este tipo de proyectos.
“El banco siempre declaró públicamente que es parte del contrato que el OCP se construya el 10 por ciento de acuerdo a las políticas del BM. El WestLB tiene derecho a cancelar el contrato si hay alguna violación y estas han sido comprobadas por Goodland. Ignorarlas significaría no tomar en serio el contrato”, dice Paczian.
El partido Verde y las organizaciones ecologistas, como la Rettet den Regenwald, Vamos e.V o Greenpeace Alemania, llevan meses luchando contra la financiación del WestLB para la construcción del oleoducto. Su objetivo es lograr que el Gobierno use su influencia e impida continuar con esta obra. Los medios de comunicación se han sumado a esas críticas. Los principales periódicos de la región como Spiegel, Die Tageszeitung, Suddeutsche Zeitung, publicaron varios reportajes, noticias y crónicas sobre el OCP.
Cuatro cuestionamientos que serán analizados Ute Koczy, la diputada de los Verdes que preside la comisión “Política Europea y de un Mundo”, y que ya viajó dos veces al Ecuador por el OCP, piensa que es el momento para una acción del WestLB. “Robert Goodland confirma la posición que nosotros, los Verdes, siempre teníamos.
Pensamos que en los cuatro puntos relevantes, impacto ambiental, hábitats naturales, reasentamientos por fuerza y pueblos indígenas, los estándares del Banco Mundial fueron violados…”, dijo Koczy. Aunque la comisión formalmente no tiene la competencia de mandar parar el proyecto, Martin Kaiser, de Greenpeace espera una señal importante: “Todos los partidos deben mostrar claramente al Gobierno, que debe parar este crédito y aumentar la presión sobre los gremios del banco”.
Hace dos semanas el canadiense Robert Goodland, que durante sus veinti cinco años de actividad como funcionario del BM elaboró una gran parte de sus estándares ecológicos, presentó un informe nada favorable acerca del oleoducto. Según Goodland, la construcción del OCP viola por lo menos cuatro normas del BM.
Critica que la ruta norte del OCP la parte más polémica que atraviesa la zona del bosque Mindo-Nambillo ya fue determinada por lo menos un año antes del Estudio de Impacto Ambiental y no después. Goodland también cita el corredor biológico Chocó-Andino, financiado por la Facilidad Global del Ambiente del BM. Otra crítica es que el Estudio de Impacto Ambiental no trata de las consecuencias de la mayor exploración en la Amazonia a causa de la subida de la producción petrolera. Johannes Beck para El Comercio.
Los criterios de la compañía OCP Ecuador Los trabajos de construcción del oleoducto privado está previsto que se terminen entre junio y septiembre del 2003.
Los permisos . La compañía sustenta que los normas de construcción e instalación de la tubería están fijados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas.
El informe . OCP Ecuador desestima los criterios emitidos en el informe del ex funcionario del Banco Mundial y señala que los argumentos de violación no se ajustan a los parámetros del organismo de crédito multilateral.
La revisión . Según el contrato suscrito con el Estado, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía deberá realizar inspecciones periódicas a los procesos de instalación de la tubería en los sitios de mayor sensibilidad ecológica.
El avance . La construcción global del OCP registra un avance de más del 60 por ciento. Para acelerar la obra los cinco frentes de trabajo se subdividieron en 11, a lo largo de la ruta que va desde Esmeraldas hasta Lago Agrio.
Más personal . A partir de octubre se intensificó la contratación de personal para superar un retraso de dos a tres meses del proyecto. El número de trabajadores supera a la fecha los 8 000.
