Contra la naturaleza: millones de dólares destruyen el medio ambiente El gasoducto a Cuiabá destruyó bosques vírgenes de la Chiquitania
Una grave denuncia contra la otrora gran multinacional Enron, acerca de la construcción del gasoducto a Cuiabá —en selvas vírgenes de Bolivia—, fue difundida ayer por el diario estadounidense The Washington Post, cuyo contenido señala que la obra no debió ser construida.
Según el rotativo, las numerosas maniobras políticas en Washington que Enron realizó antes de su quiebra para la construcción del gasoducto a Cuiabá podrían tener las más graves consecuencias en el Bosque Seco Chiquitano.
Habiendo logrado un financiamiento norteamericano de 200 millones de dólares, Enron construyó el gasoducto por este bosque virgen rico en fauna y flora en peligro de extinción.
El gasoducto, terminado el año pasado, ha abierto el bosque al tipo de daño que grupos medioambientalistas habían predicho: depredadores utilizan esas vías para acceder a la explotación de madera y a la caza, ya hay ganadería ilegal, e incluso una mina de oro abandonada acaba de reabrir y sus trabajadores acampan sobre la vía del gasoducto.
Quizás lo más impactante, para los funcionarios públicos (norteamericanos) que revisaron el proyecto, fue la forma en que Enron persuadió a la agencia norteamericana Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a apoyar el gasoducto pese a su determinación de proteger bosques frágiles como el chiquitano.
“No debió ser construido”, dijo Mike Colby, un ex consejero medioambientalista del Departamento del Tesoro, según The Washington Post.
“El bosque ya había sido declarado por el Banco Mundial como uno de los dos más valiosos de Latinoamérica. Y OPIC prefirió ignorar eso. Estaban decididos a financiar el proyecto a cualquier costo”, añadió.
La historia del proyecto de Energía Integrada Cuiabá es un caso de una relación simbiótica. Mientras Enron buscaba millones de dólares en préstamos y seguros de la OPIC, la compañía gestionaba en el Congreso la forma de salvar a OPIC de la extinción.
Enron necesitaba el respaldo porque ningún banco comercial financiaría el proyecto. “Teníamos que contar con el voto del directorio de OPIC antes de empezar la construcción”, dijo recientemente el presidente de la Enron, John Hardy.
Enron también incluyó el proyecto Cuiabá en una transacción para inflar las utilidades de la empresa y esconder pérdidas y para enriquecer a varios de sus ejecutivos.
Contadores de Enron registraron una ganancia de 65 millones de dólares antes de que el proyecto haya distribuido gas. Pero los números reales, ahora conocidos, muestran que Cuiabá se retrasó tres años con un presupuesto excedido en 50 por ciento, de 475 millones de dólares a 750 millones.
OPIC ahora está revisando su desempeño dentro del proyecto y ha pedido al Departamento de Justicia estadounidense que examine todas sus operaciones con Enron por posible fraude. Enron y Shell querían construir una rama de la línea ya existente para llevar gas natural de Bolivia a la planta de energía de Cuiabá, en Brasil, un complejo de Enron que genera 480 megavatios, y que ayudaría a cubrir la demanda energética del vecino país.
Una organización ecológica advirtió de la amenaza
Desde el anuncio del proyecto Cuiabá, en 1998, la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) consideró como una amenaza inminente para el Pantanal y el Bosque Chiquitano.
En 1997, la petrolera Enron se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la localidad brasileña de Cuiabá. Enron, en asociación con Shell, capitalizaron Transredes, razón por la que estas tres empresas encararon el proyecto. El tendido del ducto a Cuiabá se inició en julio de 1999, a pesar de las observaciones de la WWF.
Para llevar gas a la termoeléctrica se decidió la construcción de un ramal del gasoducto Bolivia-Brasil, el que parte de San Miguel (Santa Cruz) hasta llegar a Cuiabá, en Brasil.
En 1998, la WWF envió una carta a la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) —ente que financió el proyecto a Cuiabá—, en la que expuso las amenazas del ducto para el bosque chiquitano.
Entre las principales: alta sensibilidad de las áreas naturales que atravesaría el ducto: 160 kilómetros del bosque chiquitano primario y 100 kilómetros de Pantanal.
Además, según WWF, el estudio no hizo un análisis adecuado de la ecología de ambas ecorregiones y su estado de conservación.
Por otro lado, cruza por el área protegida San Matías sin previsiones especiales para mitigar impactos, entre otros. No obstante, luego de un segundo estudio de impacto ambiental, realizado por Entrix (subsidiaria de Transredes), la OPIC dio curso al financiamiento.
Sobre las denuncias de la WWF, Gasoriente Boliviano (empresa que construye el ducto) sostiene que el trazo del gasoducto, originalmente establecido y aprobado, fue mejorado entre los kilómetros 113 y 271, para ofrecer mayor protección ambiental y evitar al máximo el cruce de ríos.
