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Maniobras de Enron afectaron bosque Daño – El Bosque Seco Chiquitano Quedó Partido en Dos con el Gasoducto

May 9, 2002 | El Deber

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – Las numerosas maniobras políticas en Washington que Enron realizara antes de su quiebra para la construcción del gasoducto a Cuiabá, podrían tener las más graves consecuencias en el Bosque Seco Chiquitano.

Habiendo logrado un financiamiento norteamericano de $us 200 millones, Enron construyó el gasoducto por este bosque virgen rico en fauna y flora en peligro de extinción. El gasoducto, terminado el año pasado, ha abierto el bosque al tipo de daño que grupos medioambientalistas habían predecido: depredadores utilizan esas vías para acceder a la explotación de madera y a la caza, ya hay ganadería ilegal, e incluso una mina de oro abandonada acaba de reabrir y sus trabajadores acampan sobre la vía del gasoducto.

Quizás lo más impactante, para los funcionarios públicos (norteamericanos) que revisaron el proyecto, fue la forma en que Enron persuadió a la agencia norteamericana Overseas Private Investment Corporation (Opic) a apoyar el gasoducto pese a su determinación de proteger bosques frágiles como el Chiquitano. “No debió ser construido,” dijo Mike Colby, un ex consejero medioambientalista del Departamento del Tesoro. “El bosque ya había sido declarado por el Banco Mundial como uno de los dos más valiosos de Latinoamérica. Y Opic prefirió ignorar eso.

Estaban decididos a financiar el proyecto a cualquier costo.” La historia del proyecto de Energía Integrada Cuiabá es un caso de una relación simbiótica. Mientras Enron buscaba millones de dólares en préstamos y seguros de la Opic, la compañía gestionaba en el Congreso la forma de salvar a Opic de la extinción. Enron necesitaba el respaldo porque ningún banco comercial financiaría el proyecto. “Teníamos que contar con el voto del directorio de Opic antes de empezar la construcción,” dijo recientemente el presidente de la Enron, John Hardy. Enron también incluyó el proyecto Cuiabá en una transacción para inflar las utilidades de la empresa y esconder pérdidas y para enriquecer a varios altos ejecutivos.

Contadores de Enron registraron una ganancia de $us 65 millones antes de que el proyecto haya distribuido gas. Pero los números reales, ahora conocidos, muestran que Cuiabá se retrasó tres años con un presupuesto excedido en 50%, de $us 475 millones a 750 millones. Opic ahora está revisando su desempeño dentro del proyecto y ha pedido al Departamento de Justicia norteamericano que examine todas sus operaciones con Enron por posible fraude.

Enron y Shell querían construir una rama de la línea ya existente para llevar gas natural de Bolivia a la planta de energía de Cuiabá, en Brasil, un complejo de Enron que genera 480 megavatios, y que ayudaría a cubrir la demanda energética del vecino país. La idea era atrevida y controversial: el plan de Enron cortaría en dos al bosque Chiquitano, una perspectiva que enfureció a los ambientalistas. El plan recibió también una contundente respuesta de parte de autoridades estadounidenses. George Taylor, jefe del equipo de medio ambiente en Bolivia para la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. le preguntó a Hardy por qué Enron optaba por cortar a través del bosque en lugar de crear una línea más larga en torno al área sensible. La respuesta de Hardy habría sido que Enron quería moverse rápidamente y mantener los costos en un nivel competitivo, así que los ingenieros tomaron sus reglas y trazaron dos rutas posibles que eran líneas rectas, le dijo Hardy. A fines de 1998, la oposición ambientaliasta estaba montada.

La WWF, Amigos de la Naturaleza y Amazon Watch recomendaron a Enron cambiar su plan para bordear el bosque. Pero Enron se rehusó. La firma argumentó que redireccionar el ducto le daría un 70% más de longitud y un sobrecosto de más de $us 100 millones. Además dijo que su plan original cumplía con las políticas de Opic para el desarrollo en bosques protegidos. El director del medioambiente de Opic, Harvey Himberg, envió dos especialistas para revisar el área en enero de 1999.

Nancy Dean y Angela Miller sobrevolaron la ruta del ducto y se sorprendieron al ver un mínimo avance y la densa bóveda de árboles. Dean me expresó que no había forma posible de que Opic pudiera financiar aquello, dijo Taylor. Pero Himberg tomó otra decisión. Decidió que Opic juzgaría el impacto ambiental del proyecto en base a los efectos en un área limitada en lugar de considerar el bosque como un todo. Así determinó que el proyecto no sería frenado bajo las restricciones forestales.

Poco después, Dean y Miller se retiraron de la Opic. Durante el proceso, Hardy visitaba tanto las oficinas de Taylor que los empleados de éste bromeaban sobre si el presidente de Enron se había mudado al lugar, en la central de Washington. Empleados de Opic dijeron también que el tema de Cuiabá interesó mucho a George Muñoz, presidente y jefe ejecutivo de la Opic, y que éste presionó a Himberg. Muñoz dijo que no hizo nada impropio y que buscó mitigar el daño al bosque. Además negó toda influencia especial de Enron sobre Opic. Himberg declinó comentar sobre si se sintió presionado. Pero en la era Muñoz, Enron se acercó cada vez más a Opic, para conseguir apoyo económico para proyectos de riesgo en países en desarrollo.

A la vez, Enron impulsó un frente congresal buscando cortar el subsidio corporativo y matar a Opic durante las votaciones de reautorización. Finalmente, la firma acabó escribiendo a todos los congresistas (estadounidenses) buscando votos para la reautorización de Opic. El esfuerzo dio resultado y los ejecutivos de Enron celebraron junto con empleados de Opic en una fiesta. A medida que la dependencia de Enron en agencias federales crecía durante el gobierno de Clinton, la compañía incrementó sus donaciones hacia los demócratas por un factor de cinco, hasta llegar a $us 533.000.

Cuando el proyecto Cuiabá fue sometido a votación por los 15 miembros del directorio de Opic, no había un consenso claro. Siete miembros provenían de agencias gubernamentales y tres de ellos estaban profundamente escépticos. Éstos creían que el proyecto violaba normas ambientales que se elaboraron en base a la prohibición del presidente Clinton a las agencias financieras estadounidenses, incluyendo a la Opic, de apoyar proyectos ubicados en bosques tropicales primarios Dos años después de la orden de Clinton, Opic definió el bosque primario como un “bosque relativamente intacto que no ha sufrido modificaciones por actividad humana en los últimos 60 a 80 años. Lo caracterizaba una abundancia de árboles maduros y niveles limitados de actividades de subsistencia.

” Este matiz de definición alimentó el debate sobre el proyecto Cuiabá. Enron presentó evidencia de que la actividad humana excedía los niveles de subsistencia. Grupos medioambientalistas acusaron a Enron de exagerar los datos. Himberg insistía en que la definición de la agencia era similar a la usada por el Banco Mundial. Pero cuando el Washington Post le hizo notar las marcadas diferencias entre ambas, Himberg cambió de opinión. Dijo que adoptaron una definición del FSC, un grupo que impulsa el desarrollo sostenible.

Sin embargo, esta organización abolió esta definición por anticuada. Su director dijo que se debe pensar en la conservación del bosque como un todo, y que ellos la interpretaron en forma muy estrecha. Distorsionaron posición de grupos ambientalistas El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señala que esta fundación nunca abandonó su oposición al proyecto Cuiabá. Acusa a Enron de distorsionar su posición.

“Fueron maquiavélicos,” dijo Patricia Caffrey, la principal negociadora de la WWF, a quien funcionarios de Enron apodaron la “dama dragón.” “Quedó claro que nunca aprobamos el gasoducto,” dijo el ex vicepresidente de WWF, Tuig Johnson. “Fuimos mal representados en las negociaciones (de Enron).”

En el encuentro decisivo del 15 de junio de 1999, funcionarios de Opic argumentaron que el Chiquitano no era un bosque primario. Los especialistas del medio ambiente de Usaid y del Tesoro quedaron pasmados. Pero otros fueron convencidos. El proyecto fue aprobado, con ciertas condiciones. “Los grupos medioambientalistas no estaban satisfechos,” dijo George Muñoz, ex presidente de Opic. “Pero el negocio ya estaba hecho. Y llevábamos un palo grande.”

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