El crédito de 900 millones de dólares otorgado por el Westdeutsche Landesbank (WestLB) al Consorcio OCP para la construcción del nuevo oleoducto se ha convertido en el centro de una fuerte controversia política en el Estado de Westphalia en Alemania. La prensa alemana y los movimientos ecologistas locales e internacionales se han hecho eco del escándalo desatado por la aprobación de este préstamo destinado a la realización de un proyecto que afectará zonas extremadamente frágiles y ocasionará graves impactos ambientales al Ecuador.
La ilegalidad de la concesión del crédito ha sido puesta en evidencia después de comprobar que el proyecto no cumple con los estándares ambientales del Banco Mundial, requisito que debe cumplir todo proyecto financiado por el WestLB.
Durante la audiencia que tuvo lugar el día de hoy en el Parlamento de Westphalia para analizar este tema, los funcionarios del WestLB admitieron que el proyecto no responde a esta normativa. Los funcionarios del WestLB trataron de justificar la omisión de la normativa ambiental afirmando que el proyecto cumple con la legislación nacional sobre cuidado ambiental. Esta afirmación fue desmentida por los ecologistas presentes en la audiencia. Ivonne Ramos, vocera de Acción Ecológica en la Audiencia del Parlamento, afirmó que: “el proyecto OCP ha violado todas las normativas nacionales, incluyendo preceptos constitucionales como el principio de precaución o la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Consulta Previa con anterioridad al inicio de los trabajos”.
Las irregularidades del proceso han generado una división en la coalición gobernante en el Estado de Westphalia, formada por socialdemócratas y ecologistas: mientras los socialdemócratas tienen el interés de ratificar el préstamo, los ecologistas presionan para revocar tal decisión. Al mismo tiempo, los grupos políticos que hacen oposición al gobierno estatal denuncian los vicios de la decisión tomada por el WestLB y apoyan la anulación del crédito.
Organizaciones internacionales como Greenpeace, Friends of the Earth International y Amazon Watch se encuentran haciendo un seguimiento de este conflicto y han solicitado también la revocatoria del préstamo.
Mientras tanto, en el Ecuador se agravan los conflictos sociales provocados por la construcción del OCP. El campamento permanente que mantienen pobladores de Mindo, estudiantes universitarios y ecologistas para evitar que las obras avancen al interior del Bosque Protector Mindo Nambillo sigue recibiendo adhesiones. Contrario a lo que algunos medios de prensa han informado, existe la convicción de los acampantes de mantenerse indefinidamente hasta cerciorarse de que se desista de la construcción de la obra. El Consorcio OCP enfrenta además varios conflictos laborales de empleados de la Empresa Techint (constructora del oeloducto) que protestan por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Como si fuera poco, muchas poblaciones por las que atraviesa el oleoducto (p.e. Nono, a 19 Km. de Quito) han iniciado medidas de presión para exigir el cumplimiento de los compromisos que suscribió la empresa para conseguir la aprobación de las comunidades afectadas por el oleoducto.
A pesar de la declaración de voceros del OCP de que la suspensión de los trabajos se debe a la presencia de la estación lluviosa, todo parece indicar que las presiones sociales y las amenazas sobre el financiamiento del proyecto están incidiendo en la continuidad de la obra.
La situación política en el Parlamento de Westphalia apunta a la anulación del crédito de 900 millones de dólares del WestLB, lo que incrementaría los problemas que afronta el Consorcio OCP para continuar con la construcción del oleoducto. Se prevé que, en la sesión del día jueves 17 de enero, el Parlamento tome una decisión al respecto, después de que se realicen las consultas internas de cada uno de los grupos políticos que lo conforman.
