Servindi, 5 de febrero, 2010 – Pobladores indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegaron hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, para solicitar que se les binde medidas de protección debido la hostilidad y amenazas realizadas por una compañía minera.
“Venimos a pedir que la Corte ordene al Estado ecuatoriano el retiro de unos 1 mil 400 kilos de explosivos que la empresa (Compañía General de Combustible, CGC, de capital argentino) sembró en nuestros territorios sagrados, porque estamos muy preocupados por los riesgos”, sostuvo el presidente de Sarayaku, Holger Cisneros.
En esa intervención el líder originario hizo referencia a los explosivos encontrados por la comunidad en su propio territorio, sembrados por la empresa para impedir las manifestaciones en contra de sus actividades, según lo indicaron los mismos pobladores.
Holger Cisneros explicó que los mil 500 miembros de su pueblo han tenido que eludir los suelos minados y restringir sus actividades para evitar una tragedia, lo que les ocasiona un gran perjuicio pues ellos viven de la caza, la pesca y el cultivo de sus tierras.
Cabe recordar que ya en el año 2005, debido a la resistencia de los Sarayaku y a una petición de medidas de protección de la CIDH, la empresa suspendió sus actividades, aunque el contrato con el Estado de Ecuador sigue vigente.
De otro lado, el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, indicó que esperan que la CIDH ratifique las medidas cautelares que dictó en 2004 y 2005 para proteger las vidas de los miembros de la etnia, que aún siguen amenazadas.
Santi dijo que el gobierno “no ha cumplido esas medidas cautelares” y, aunque se ha reunido con los dirigentes indígenas, “no ha actuado con seriedad, pues no envía funcionarios con poder de decisión”.
