Peru’s Ministry of Energy and Mines today announced that it will make a decision on the consulting firm that will lead the integral audit of the Camisea pipeline on the 13th of July.
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Lima, 12 jun (PL) El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú informó hoy que el 13 de julio venidero anunciará a la empresa encargada de realizar la auditoría integral al proyecto de gas de Camisea.
Dentro de un mes se otorgará la Buena Pro al proveedor del servicio que se encargará del estudio de los Sistemas de Transportes de Gas Natural y Líquidos de Camisea, que tuvo en menos de dos años cinco accidentes, expresó el MEM en un comunicado.
Precisó que los posibles proveedores podrán ser empresas, consorcios o asociaciones en participación de procedencia internacional que ofrezcan servicios de auditoria y que cumplan con los requisitos señalados en los Términos de Referencia.
El concurso es convocado por el MEM pero los costos que demanden la realización de esta auditoria serán asumidos íntegramente por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), de acuerdo con el compromiso asumido por la operadora con el Estado.
La auditoría apunta a despejar de manera completa, precisa e imparcial cualquier duda que pueda existir acerca del diseño, construcción y materiales empleados en la ejecución del sistema, así como de las condiciones de seguridad que pueda ofrecer en adelante.
En caso de detectarse un riesgo inminente que ponga en peligro el transporte de hidrocarburos por ductos, el auditor deberá comunicarlo de inmediato a las autoridades.
El quinto accidente del ducto, con saldo de tres heridos por quemaduras en marzo pasado, trajo a primeros planos el proyecto de Camisea, duramente criticado por diversos sectores políticos.
En un inicio el propio primer ministro Pedro Pablo Kuczynski fue acusado de estar vinculado a una de las compañías concesionarias del gas de Camisea, hecho que ha tratado de ocultar el gobierno saliente del presidente Alejandro Toledo.
La TGP ha dicho que cualquiera sea el resultado de la auditoría se quedará por los 30 años que dice el contrato firmado, en lo que muchos observadores consideran una actitud prepotente sin respuesta adecuada por parte del ejecutivo.
