La nueva subasta petrolera de Ecuador es una amenaza directa a nuestros territorios. Tras 60 años de extracción, solo hemos visto muerte y destrucción, no desarrollo.
La investigación científica confirma que las tierras gestionadas por indígenas constituyen las barreras más eficaces contra la deforestación y los incendios. Donde se garantizan y se hacen cumplir los derechos indígenas, los bosques prosperan, al igual que nuestro clima global.
El crimen organizado no solo representa una amenaza para la seguridad pública. Ahora es uno de los principales impulsores de la deforestación de la Amazonía y el desplazamiento de los pueblos indígenas.
Este frente unido se basa en una trayectoria de resistencia: en más de 25 años, no se ha perforado ningún nuevo pozo de petróleo en el sureste de la Amazonia ecuatoriana.
A pocos meses de la COP30 en Belém, Brasil tuvo la oportunidad de enviar al mundo un mensaje contundente sobre su compromiso con la justicia climática. Sin embargo, su mensaje fue ambiguo.
“Nuestro futuro estará condenado si el presidente Lula no veta el Proyecto de Ley de Devastación”.
En la Volta Grande do Xingu, el río aún fluye. Incluso con turbinas y licencias que lo estrangulan, el Xingu perdura porque los pueblos que lo protegen se niegan a desaparecer.
“California es cómplice de violar nuestros derechos al seguir consumiendo crudo que nuestros tribunales y votantes han dicho que debe permanecer en el suelo”.
Lo que ocurrió en esta gran reunión no fue solo una reunión de los Mura, los más directamente afectados por el proyecto Potasa Brasil. Más bien, la importancia de este evento radica en que esta lucha se ha convertido, ante todo, en la lucha de todos los pueblos indígenas.
