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La Amazonía se ve nuevamente atrapada en una peligrosa disputa geopolítica. La publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025) llega en un momento particularmente frágil para la región: una retórica abiertamente belicosa hacia Venezuela, ataques armados a buques en el Pacífico y el Caribe, presentados como operaciones anticrimen, y un preocupante silencio diplomático ante las claras violaciones del derecho internacional, con la excepción del presidente colombiano Gustavo Petro, prácticamente solo en su condena.
Todo esto ocurre mientras Ecuador rechaza en referéndum la devolución de las bases militares estadounidenses, y mientras Brasil, Colombia y Perú, los tres países con mayor extensión de territorio amazónico, avanzan hacia unas elecciones decisivas en las que la seguridad y el control territorial serán centrales en el debate público.
En este contexto, la estrategia de Washington dice menos sobre el crimen organizado de lo que parece y mucho más sobre un intento de restaurar una hegemonía hemisférica que ya no se ajusta a la realidad latinoamericana. El documento vuelve a situar a la región dentro de un "Hemisferio Occidental" que debería permanecer bajo el "poder natural" de Estados Unidos. El guion es familiar: una Doctrina Monroe reciclada para el siglo XXI, ahora envuelta en el lenguaje del "narcoterrorismo", la contención migratoria y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
Pero entre líneas, el mensaje es claro: asegurar las cadenas de suministro críticas, garantizar el acceso a minerales estratégicos y proteger los recursos naturales, incluidos los de la Amazonia, del avance de potencias externas, en particular de China. No es casualidad que la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 coincida prácticamente con la nueva estrategia de China hacia América Latina, que describe la región como una «tierra maravillosa, llena de vitalidad y esperanza» y apela a un lenguaje de cooperación, aunque con un interés igualmente explícito en controlar los «recursos estratégicos».
El enfoque estadounidense es aún más alarmante, ya que la Amazonía atraviesa un ciclo simultáneo de crisis climática, expansión extractiva, economías ilícitas y violencia territorial. Redes transnacionales vinculadas al oro ilegal, la cocaína y otros mercados globales han capturado vastas áreas, imponiendo sus propias reglas donde el Estado llega tarde o no llega. A esto se suma la presión de los gobiernos que promueven la extracción minera y petrolera en zonas altamente sensibles, profundizando los conflictos sociales y debilitando ecosistemas esenciales para la estabilidad climática global.
Ante este escenario, la respuesta de Washington no es nueva ni innovadora. Es una reedición de recetas fallidas: más armas, más operaciones especiales, mayor securitización de problemas esencialmente sociales, económicos y ambientales. La Estrategia Nacional de Seguridad 2025 evoca inevitablemente el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y toda una era de intervenciones que militarizaron las políticas públicas sin transformar las condiciones que sustentan al crimen organizado. Lejos de debilitarlo, estas estrategias fragmentaron e intensificaron el poder criminal, sin afectar las enormes ganancias de las economías ilícitas.
La Amazonía demuestra a diario que la seguridad no se construye desde helicópteros, ni con fumigaciones aéreas, ni criminalizando a quienes, empujados por la falta de alternativas, dependen de la coca o el oro. La verdadera seguridad requiere lo que las comunidades indígenas, campesinas y ribereñas llevan décadas repitiendo: derechos territoriales sólidos, economías legales viables, acceso efectivo a la justicia, presencia estatal sostenida y participación comunitaria. Estas comunidades son quienes mantienen la selva en pie y quienes pagan el precio cuando los gobiernos optan por respuestas militarizadas en lugar de construir gobernanza.
Hoy en día, la Amazonía se encuentra en una encrucijada. Puede avanzar hacia enfoques integrales de seguridad basados en la cooperación regional y la gobernanza comunitaria, como sugieren los recientes esfuerzos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica promovidos por Colombia y Brasil. O puede seguir el camino propuesto por Washington: una versión ampliada del Plan Colombia aplicada a toda la cuenca amazónica y diseñada desde fuera.
El referéndum ecuatoriano demostró que los pueblos pueden resistir estas lógicas. En contraste, la prolongada crisis política de Perú, agravada por iniciativas legislativas que debilitan el Estado de derecho, ha dejado un terreno fértil para el control criminal de las instituciones; el gobierno de Daniel Noboa flirtea con soluciones militarizadas; y Venezuela continúa hundiéndose en su propia espiral de corrupción, extractivismo y violencia.
En este momento crítico, América Latina decide su futuro: en referendos, elecciones, debates públicos, resistencia territorial y la construcción de autonomías locales. Ese es el camino que debe fortalecerse. Lo que la región, y la Amazonía en particular, no necesita es un retorno a esquemas de tutela externa que la reducen a un espacio de proyección militar y suministro de recursos estratégicos.
La respuesta que exige la Amazonía es diferente. No nuevas guerras, sino un nuevo pacto ecosocial. Políticas de seguridad que aborden las causas estructurales de la violencia: la desigualdad persistente, la ausencia del Estado, la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas reales. Seguridad con justicia, con servicios públicos sólidos, con ciencia, con economías locales y con respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.
Ante una estrategia estadounidense que mira al pasado, América Latina tiene la posibilidad, y la responsabilidad, de mirar hacia el futuro. Un futuro en el que la Amazonía no sea un territorio a controlar, sino un territorio a cuidar. Donde la seguridad no justifique la geopolítica, sino que garantice una vida digna. Y donde las decisiones que definen el destino del continente se construyan desde los territorios y se apoyen desde Bogotá, Lima, Quito, Caracas y Brasilia, no impuestas desde Washington.
Si la historia nos ofrece alguna lección, es esta: cada vez que la Amazonia ha sido militarizada en nombre del orden, se ha perdido la selva, sus pueblos y la democracia. Repetir ese camino no es la solución.
