América Latina está pisoteando los derechos indígenas y encarcelando a cada vez más activistas para sofocar la oposición a que las grandes empresas se apoderen de tierras ancestrales, según un experto de las Naciones Unidas.
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, dijo que los activistas que hacen campaña para proteger sus tierras de la minería, la tala, las represas y otros proyectos de desarrollo están siendo cada vez más criminalizados.
“La criminalización se trata realmente de usar el sistema de justicia para evitar que los pueblos indígenas persigan sus propias actividades y sus propias acciones contra proyectos que los destruyen”, dijo Tauli-Corpuz a la Fundación Thomson Reuters.
Dijo que el problema era “muy frecuente” en América Latina y que para ella sería una prioridad este año, incluida una visita oficial a Guatemala en los próximos meses.
Los cargos penales contra activistas incluyen allanamiento de morada, sabotaje económico y terrorismo, dijo Tauli-Corpuz.
“Un número cada vez mayor de indígenas son encarcelados sobre la base de esos cargos, por lo que es realmente una gran preocupación”, dijo. “Es discriminación. Es una injusticia total ".
¿Terrorismo?
Citó el caso del pueblo indígena mapuche de Chile involucrado en una lucha prolongada y a menudo violenta con el gobierno para reclamar sus tierras en el sur del país.
Tauli-Corpuz instó al gobierno chileno a dejar de utilizar la ley antiterrorista del país para procesar al pueblo mapuche.
La ley, establecida durante la dictadura militar chilena de 1973-1990, permite a los fiscales del estado definir como terrorismo una variedad de actos, incluidos incendios premeditados, destrucción de propiedad privada y enfrentamientos con la policía, y dictar sentencias severas.
En toda América Latina, dijo, los conflictos violentos entre grupos indígenas, empresas y el gobierno a menudo se producen cuando hay una falta de consulta y consentimiento previos.
Tauli-Corpuz dijo que se enfocaría fuertemente en 2018 en garantizar que los activistas indígenas en riesgo estén mejor protegidos.
Los gobiernos de la región y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden otorgar medidas cautelares contra defensores de derechos cuya vida se considere en riesgo.
“También invitaré a los gobiernos a discutir con ellos cuáles son los tipos de medidas de precaución que se están tomando, qué tan efectivas son estas”, dijo Tauli-Corpuz.
La CIDH, que monitorea los derechos humanos en las Américas, ha otorgado decenas de medidas cautelares en los últimos años, exigiendo a los gobiernos que protejan a los activistas en la línea de fuego.
La protección puede incluir que el gobierno proporcione a los activistas guardaespaldas, chalecos antibalas y teléfonos móviles.
La medida más reciente fue otorgada en septiembre para proteger a la comunidad peruana “Tres Islas”, que está haciendo campaña contra un proyecto minero que, según dicen, está dañando su salud, suelo y agua.
A pesar de tales medidas, los activistas terminan muertos, dijo.
Puso el ejemplo de Berta Cáceres, una activista hondureña que fue asesinada a tiros en 2016 a pesar de haber ganado la protección de la CIDH.
“Se implementan medidas de precaución, pero no protegen automáticamente a las personas”, dijo Tauli-Corpuz.
Los defensores de la tierra y los ambientalistas indígenas en América Latina, en particular Honduras, México, Brasil y Colombia, son los más afectados por la violencia.
Según el organismo de control de derechos humanos Global Witness, los indígenas representaron el 40 por ciento de los 185 activistas asesinados en 2015 en 16 países.
