Solicitud al Relator Especial de la ONU sobre amenazas e intimidaciones en el proceso judicial de Belo Monte | Amazon Watch
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Solicitud al relator especial de la ONU sobre amenazas e intimidación en el proceso judicial de Belo Monte

13 de mayo de 2010 | Actualización de campaña

Movimento Xingu Vivo Para Semper, Terra de Direitos - Organização de Direitos Humanos, Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Sociedade Paraense de Direitos Humanos (SDDH), Justiça Global, Comitê Metropolitano do Movimento Xingu Vivo (Belém - Pará), Prelazia do Xingu, Comissão Pastoral da Terra - Pará, Rede FAOR, Associação de Defesa Etno-ambiental - Kanindé, con el objetivo de fortalecer las denuncias anteriores enviadas a las Naciones Unidas y este Ilustre Representante, poner en conocimiento nuevos hechos de violación de la independencia judicial en el caso de la construcción. de la Central Hidroeléctrica Belo Monte (Pará / Brasil), con el fin de llamar su atención sobre las acciones del Estado brasileño.

Organizaciones denuncian intimidaciones durante el proceso legal de Belo Monte

Movimento Xingu Vivo para Semper, Terra de Direitos, Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Sociedade Paraense de Direitos Humanos - SDDH, Justiça Global, Comitê Metropolitano do Movimento Xingu Vivo (Belém - Pará), Prelazia do Xingu, Comissão Pastoral da Terra - Pará, Rede FAOR, Associação de Defesa Etno-ambiental - Kanindé

Organizaciones de la sociedad civil brasileña remitieron este jueves (13) una denuncia al Relator Especial del Consejo Humano sobre la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas sobre las amenazas y presiones que enfrentan los abogados del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) y por un Juez Federal de la ciudad de Altamira, Pará relacionado con la subasta de la presa Belo Monte. En abril, los fiscales generales Terre Cláudio do Amaral, Bruno Alexandre Gütschow y Ubiratan Cazetta presentaron dos acciones civiles públicas para suspender la subasta de forma absoluta. El juez federal Antonio Carlos Almeida Campelo admitió las acciones civiles que alegaban la insuficiente implementación de las audiencias públicas con indígenas y comunidades afectadas y cuestionó la falta de datos en los estudios de impacto ambiental del proyecto. Además, han presentado una acción civil por mala conducta contra el funcionario administrativo del IBAMA, que liberó la subasta pese a la falta de datos en los estudios.

Originales en portugués: Parte 1 | Parte 2

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