El 30 de enero presencié la inauguración de la sede de la Asociación Pariri del pueblo Munduruku en la Reserva Indígena Praia do Mangue, a orillas del río Tapajós. El ambiente rebosaba de alegría. El nuevo y espacioso edificio era un símbolo de arduo trabajo, esfuerzo colectivo y una larga historia de perseverancia. Miembros de la comunidad Munduruku y sus aliados recorrieron el espacio con el orgullo de quienes conocen el esfuerzo que hay detrás de este logro. Pero incluso en ese momento de celebración, la lucha no se detuvo. Esa victoria ya coexistía con la siguiente batalla urgente.
Mientras se inauguraba la sede de Pariri, las conversaciones rápidamente se centraron en Santarém, donde familiares indígenas del Bajo Tapajós habían pasado una semana bloqueando la terminal de granos de Cargill para protestar contra el Decreto 12,600. Firmado por el presidente Lula en 2025, el decreto privatizó tramos de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins, permitiendo el dragado destructivo para expandir los corredores logísticos de exportación de materias primas, al tiempo que negaba a las comunidades indígenas amenazadas su derecho a la consulta libre, previa e informada. Las corporaciones agroindustriales transnacionales como Cargill se beneficiarían enormemente de la reducción de los costos logísticos y el aumento de las exportaciones de soja a los mercados globales, mientras que los pueblos indígenas y sus territorios pagarían las consecuencias.
Al día siguiente de la inauguración, el ambiente festivo había dado paso a los preparativos. Era hora de reunir comida, ropa y dinero, organizar el transporte y reunir las fuerzas necesarias para emprender el viaje. Viajando de Itaituba a Santarém, los Munduruku dejaron atrás un logro concreto y se adentraron en una lucha incierta, agotadora y sin un final a la vista.
Cuando llegué al bloqueo el 1 de febrero, una palabra describía a la perfección lo que presencié: colectividad. Estaba presente en todas partes: en la forma en que la gente se organizaba, en su negativa a aceptar soluciones parciales y en su comprensión de que defender un río abandonando otros carecía de sentido. Cuando el gobierno intentó apaciguar la presión con propuestas que ignoraban el problema fundamental, los líderes del Tapajós dejaron claro que no se marcharían sin la revocación total del decreto y el respeto real a su derecho a la consulta. Mantener las demandas unificadas para los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins fue una decisión tanto política como ética.
Pero también fue una decisión que tuvo un precio.
Algunos días, el sol abrasador, el calor sofocante atrapado en el cemento y la escasa sombra y descanso eran insoportables. Bajo las lonas y las tiendas de campaña, el calor se sentía mucho más intenso de lo que cualquier pronóstico meteorológico podía reflejar. También había días de lluvia, en los que parecía que el cielo se desplomaba de repente. Los fuertes vientos y los aguaceros interminables empapaban la ropa y los colchones, y arrancaban las lonas. Cada mañana, el trabajo comenzaba de nuevo. Había que reorganizar el bloqueo, secar lo que se podía secar, recoger lo que se había caído y continuar la lucha.
Esto no tiene nada de romántico. Mucha gente enfermó, yo incluido. El cuerpo nunca miente. Una de las cosas más destacables fue ver que el movimiento no ocultó sus dificultades, sino que se negó a dejar que nadie las enfrentara solo. Estudiantes de medicina voluntarios y equipos del Distrito Especial de Salud Indígena (DSEI) de Santarém ayudaron a atender a quienes necesitaban tratamiento.
Al mismo tiempo, se construyó un asentamiento provisional donde antes solo había un muelle de carga de hormigón. Semana tras semana, el espacio fue tomando forma. Había una carpa de comida, donde se preparaban y distribuían las comidas; una carpa de salud, con atención médica y dental; una carpa de comunicaciones, donde comunicadores indígenas y no indígenas —como yo— podían producir contenido; y el espacio de reunión, donde la gente se congregaba para tomar decisiones colectivas. También se habilitaron áreas para hamacas y tiendas de campaña, que permitían un poco de descanso. Una red diaria de apoyo lo sostenía, con donaciones de socios, organizaciones y personas comunes que entendían que la lucha debía mantenerse en pie para sobrevivir.
Seguían llegando más familiares. La gente interrumpió el trabajo, las labores agrícolas, la vida familiar y las rutinas diarias para poder estar allí. Llegaron los munduruku del Tapajós Medio, luego los del Tapajós Alto, junto con contingentes de los pueblos kayapó y panará del lejano estado de Mato Grosso, entre otros. Lo que comenzó con unos 50 indígenas del Tapajós Bajo creció hasta alcanzar casi 2,000 personas provenientes de cuatro cuencas fluviales.
Quienes no pudieron unirse a la movilización en persona encontraron otras maneras de manifestarse. Las redes sociales se llenaron de declaraciones, videos, campañas y llamados a Lula para que revocara el Decreto 12,600. Poco a poco, el bloqueo dejó de ser visto como una "causa local" y se convirtió en lo que realmente era: una disputa sobre quién decide el destino de los ríos amazónicos y a quién se escucha.
Comprender las implicaciones más amplias del bloqueo de Cargill aumentó la presión pública. Indígenas y no indígenas, investigadores, artistas, personas influyentes, cantantes e incluso chefs cuyo trabajo depende de la limpieza de los ríos comenzaron a hacerse eco de la misma pregunta: ¿quién se beneficia cuando un río vivo se convierte en un corredor de exportación industrial?
En la madrugada del 21 de febrero, cuando un grupo de manifestantes entró en las instalaciones de Cargill para intensificar la presión del movimiento sobre el gobierno, el ambiente cambió de nuevo. La tensión aumentó, junto con el riesgo de represión estatal y los crecientes intentos de criminalizar el movimiento. A partir de ese momento, cualquier paso en falso podría justificar la violencia policial o los intentos de deslegitimar la protesta pacífica. Aun así, el movimiento no retrocedió. Una vez más, la colectividad se mantuvo firme.
Poco después, cuando algunos líderes clave tuvieron que viajar a Brasilia para reuniones que determinarían el futuro de la movilización, presencié una de las expresiones más claras del sentido de responsabilidad compartida. En lugar de dejar a Santarém sin liderazgo, el movimiento decidió colectivamente quién viajaría y quién se quedaría. Nadie quería dejar desamparados a quienes se quedaban. Nadie quería debilitar el campamento en su momento de mayor tensión. La decisión fue estratégica, impulsando ambos frentes a la vez: la acción local y el diálogo a nivel nacional.
Y entonces llegó el 23 de febrero.
Mientras algunos líderes se encontraban en Brasilia, quienes permanecieron en Cargill participaban en un ritual para reconectarse espiritualmente y pedir protección. Se rumoreaba que la policía se dirigía hacia allí. El ambiente era tenso. Todos parecían preparados para lo peor. Entonces, el jefe Dada Borari, quien dirigía el ritual, pidió silencio.
Fue durante ese silencio que llegó la noticia: el gobierno federal anunció que revocaría el decreto, cediendo ante la decidida movilización indígena, al tiempo que reafirmaba su compromiso de llevar a cabo consultas libres, previas e informadas con los pueblos indígenas.
Lo que sucedió después es difícil de describir sin emoción. El ambiente cambió al instante. La tensión se transformó de repente en alivio y júbilo. Donde durante semanas había habido miedo, agotamiento, fiebre, lágrimas y angustia, ahora se oían gritos, abrazos y una alegría difícil de transmitir a quienes no estuvieron allí en persona. Mirara donde mirara, los indígenas saltaban, se abrazaban y lloraban, esta vez de felicidad.
Para mí, el impacto de aquella escena fue aún mayor porque tuvo lugar en un espacio marcado por la violencia histórica. La enorme terminal de granos de Cargill en Santarém se construyó ilegalmente sobre el sitio arqueológico de Porto, donde descansan muchos ancestros. En ese momento, un lugar sagrado que albergaba la memoria indígena se convirtió en un territorio de celebración política y espiritual. Incluso frente a gigantes económicos, la inacción estatal y condiciones extremas, los pueblos indígenas siguen siendo capaces de transformar nuestro presente.
Legalmente, la revocación del Decreto 12,600 detuvo el avance del dragado destructivo de los ríos y reconoció la falta de consulta a las comunidades indígenas amenazadas por los proyectos, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Políticamente, la victoria demostró que el gobierno no podía ofrecer soluciones insuficientes a pueblos que ya habían dejado clara su postura. Emocionalmente, le dio al movimiento algo esencial: la confianza de que la unidad inquebrantable puede obligar al gobierno a revertir decisiones erróneas.
Pero quizás el legado más importante reside en lo que viene después. El bloqueo de un mes a la terminal de granos de Cargill no solo resultó en la derogación de un decreto. También dejó meridianamente claro que no se pueden realizar consultas comunitarias una vez tomada una decisión; que la construcción de infraestructura no es un acto neutral; que los vitales ríos amazónicos no deben considerarse meros corredores logísticos vacíos; y que el movimiento indígena de la región está ahora más conectado, tiene más experiencia y es más consciente de su propia fuerza.
Como resultado, el gobierno brasileño y el sector empresarial se enfrentan ahora a un panorama más complejo, que les exige escuchar atentamente a quienes se ven afectados por sus planes y decisiones. Y para quienes nos mantuvimos unidos durante aquel mes de bloqueo, una cosa quedó aún más clara: jamás debemos soltarnos de las manos, y mucho menos ahora.
