Nosotros, los Wampis, sabemos que la minería de oro con mercurio amenaza nuestros ríos, nuestra alimentación, nuestra salud y nuestro futuro como pueblo. Por eso nos organizamos para impedir que los mineros entren en nuestro territorio, a pesar de los riesgos. En abril de 2024, detuvimos a ocho personas y las entregamos a la Policía Nacional. Tres de ellas eran policías, mientras que entre los civiles, cuatro eran ecuatorianos y uno peruano.
Este episodio captura lo que vivimos cada día. Somos dos pueblos amazónicos: los wampis en Perú y los Inga en Colombia Nos enfrentamos a las mismas amenazas: economías ilícitas que avanzan sobre nuestros territorios e instituciones que, en lugar de protegernos, a menudo llegan demasiado tarde o terminan formando parte del problema. Poderosos mercados globales de oro y cocaína amenazan el corazón de la selva tropical más grande del mundo, y la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para detenerlos.
Por eso hemos viajado durante días a Viena, a la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONUDD), que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre. Desde aquí, exigimos apoyo para los pueblos indígenas en la protección de nuestro territorio, porque si protegemos la Amazonía, protegemos el futuro compartido de la humanidad.
Lo que los Wampis protegen
Ante amenazas como la extracción de petróleo, los Wampis establecieron nuestro Gobierno Territorial Autónomo. Para nosotros, la autonomía no es aislamiento ni confrontación con el Estado. Es vivir en paz de acuerdo con nuestras propias formas de organización y cuidar los ríos y bosques de los que dependen nuestras familias. En 2025, celebramos diez años de construcción de autonomía para el Tajimat Pujut – La vida plena.
La mayor amenaza reciente es minería ilegal de oro, Esto ya afecta a decenas de comunidades indígenas y a más de 250 cuerpos de agua en Perú. En 2024, la deforestación acumulada por la minería en toda la Amazonía alcanzó los 2.02 millones de hectáreas. Las dragas traen consigo mercurio al agua y a los peces, trata de personas y violencia. Por eso decidimos no permitir su entrada.
Cuando alzamos la voz, la respuesta del gobierno llega tarde, o no llega en absoluto. Por eso actuamos a través de movilizaciones, negociaciones y acciones directas, en las que participan hombres, mujeres y jóvenes. También tenemos Charip – “el relámpago del río” – nuestra Guardia Indígena, que controla el acceso al territorio desde dos puestos de control en los ríos Santiago y Morona.
Inga: protegiendo nuestro futuro
Para el pueblo Inga en Putumayo, Colombia, la situación es aún más difícil. Vivimos en la zona de la triple frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, Un territorio rico en coca, oro, minerales y petróleo, donde grupos armados, corporaciones y actores estatales compiten por el control de la tierra y sus recursos. El dinero fácil que traen está erosionando nuestra economía, arraigada en la agricultura tradicional y la gestión forestal sostenible, y el reclutamiento de nuestros jóvenes amenaza nuestra propia supervivencia como pueblo.
Las amenazas contra nuestros líderes siembran el miedo, pero resistimos. Hemos organizado a nuestros guardias, sistemas de vigilancia territorial y estrategias de defensa, guiados por nuestra espiritualidad. Aun así, la respuesta del gobierno sigue siendo profundamente insuficiente.
El gobierno también ha causado desplazamientos y muertes en nuestros territorios. Hoy nos preocupa que el nuevo gobierno planee reanudar la fumigación aérea, ahora con glufosinato de amonio. Ya hemos sufrido las consecuencias del glifosato para nuestra salud, nuestros cultivos y nuestros ríos. En lugar de recurrir a estrategias bélicas fallidas, necesitamos respeto por los derechos y territorios de nuestros pueblos.
Respuestas fallidas
Lo que ocurre en nuestros territorios se extiende por toda la Amazonía: amenazas existenciales para nuestras comunidades, con especial impacto en nuestros niños y mujeres. Las raíces de esta crisis humanitaria y ambiental se encuentran lejos de aquí. El vertiginoso aumento de los precios internacionales del oro está impulsando la minería ilegal hacia nuevos ríos. La demanda de cocaína en Estados Unidos, Europa y Brasil hace que ningún cultivo sea más rentable que la coca. Las economías ilícitas se han convertido en una de las mayores amenazas para nuestros pueblos, la Amazonía y el clima global.
Los gobiernos suelen responder con operaciones de gran repercusión, militarización y criminalización de los más vulnerables: quienes extraen coca o lavan oro por necesidad o bajo amenaza. Estas respuestas generan titulares, pero no cambian la realidad. Quienes realmente se benefician rara vez son afectados: compradores de oro, proveedores de insumos, financistas y blanqueadores de dinero. Y mientras las redes criminales cruzan fronteras con facilidad, las políticas se detienen ante ellas.
Quienes resistimos —quienes conocemos y cuidamos estos territorios mejor que nadie— recibimos un apoyo insuficiente y no se nos consulta. Incluso se nos criminaliza o se militarizan nuestros territorios.
Por eso hemos venido a Viena junto con representantes indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. En la Declaración de Pucallpa de febrero de 2026, afirmamos que la Amazonía está en crisis debido al extractivismo, las economías ilícitas y las políticas fallidas de los gobiernos. Necesitamos un enfoque que ponga a los pueblos en el centro y aborde las causas estructurales. Estamos llamando por tres cosas concretas.
Primero, un mecanismo formal para la participación y consulta de los pueblos indígenas en las políticas de seguridad de la UNODC. Segundo, una política internacional contra los delitos ambientales que reconozca y apoye nuestra gobernanza territorial, nuestros sistemas de vigilancia y monitoreo. Tercero, atacar las redes empresariales y la corrupción que impulsan estas economías, en lugar de militarizar nuestros territorios. Necesitamos trazabilidad del oro Desde la mina hasta el mercado, el control de los insumos químicos, el desmantelamiento de las redes financieras criminales y un ataque directo contra la corrupción y la complicidad de las instituciones y los funcionarios gubernamentales.
También exigimos protección efectiva para quienes defienden nuestro territorio y apoyo para nuestras economías, la verdadera alternativa a las economías ilícitas. Somos la primera línea de defensa de la Amazonía, y a menudo arriesgamos nuestras vidas. No pedimos que otros lo hagan por nosotros: pedimos tener voz y voto en la decisión de nuestro futuro. Porque no hay seguridad en la Amazonía sin los pueblos indígenas.
Ingry Mojinajinsoy es presidenta de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Colombia.
Galois Flores Pizango fue vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis hasta septiembre de 2026, en Perú.
