El 23 de agosto, el pueblo waorani salió a las calles de Puyo para conmemorar el tercer aniversario del histórico referéndum sobre el Yasuní en Ecuador y protestar por el incumplimiento del gobierno respecto a la voluntad de los votantes. La negativa del gobierno a acatar la voluntad popular pone en riesgo la biodiversidad del Yasuní y la supervivencia de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, que viven en aislamiento voluntario, al tiempo que agrava la amenaza de contacto no deseado.
Tres años después de que los ecuatorianos votaran abrumadoramente a favor de mantener el petróleo bajo el Parque Nacional Yasuní permanentemente bajo tierra, el petróleo sigue fluyendo. Según cifras del gobierno, se ha clausurado menos de una cuarta parte de los pozos. Los líderes waorani afirman que la cifra real ronda los diez. Sin una supervisión independiente, aún no está claro si los pozos se han clausurado correctamente según las prácticas estándar de la industria o si simplemente se han abandonado.
Los yacimientos siguen produciendo aproximadamente 40,000 barriles diarios, y Petroecuador, la petrolera estatal de Ecuador, está posponiendo el cese total de la actividad petrolera hasta 2034 —once años después de la votación— con planes para permitir que muchos de los pozos se agoten de forma natural. La administración del presidente Noboa no ha cumplido con los plazos impuestos por la corte para poner fin a la extracción, lo que pone en riesgo tanto el mandato democrático como los derechos de los pueblos indígenas cuyos territorios se ven afectados.
El gobierno tampoco ha consultado con los Waorani ni ha obtenido su consentimiento sobre el proceso de desmantelamiento, y los ha excluido de una participación y supervisión significativas.
La protesta de agosto fue el último capítulo de una lucha por Yasuní que se ha extendido durante décadas.
En agosto de 2023, los votantes ecuatorianos acudieron a las urnas e hicieron historia. Casi el 60% optó por mantener una de las mayores reservas de petróleo del país permanentemente bajo tierra.
El petróleo se encuentra bajo tres yacimientos —Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT)— que conforman el Bloque 43, una concesión petrolera ubicada en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO, Yasuní es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Es también territorio ancestral del pueblo indígena Waorani y de los Tagaeri y Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario.
Junto con grupos sobre el terreno como Acción Ecológica, Amazon Watch ayudó a dar la voz de alarma sobre los planes para perforar en Yasuní allá por 2003.. Posteriormente trabajamos con NAWE (la Nación Waorani de Ecuador) para generar impulso y atención internacional en torno a Yasuní como un lugar clave para mantener el petróleo bajo tierra, y trabajamos en La propuesta original pionera de Yasuní-ITT de una administración anterior, que buscaba mantener el petróleo bajo tierra a cambio de contribuciones de los países ricos más responsables de la crisis climática actual.
Al momento del referéndum, Petroecuador ya había perforado 247 pozos, que producían aproximadamente 55,000 barriles diarios, con planes para perforar hasta 600 pozos en total. Tras los resultados del referéndum, el gobierno quedó legalmente obligado a llevar a cabo una retirada progresiva y ordenada de toda actividad de extracción de petróleo en el Bloque 43 en el plazo de un año a partir de la notificación oficial de los resultados. La Corte Constitucional también prohibió al gobierno celebrar nuevos contratos para continuar la explotación petrolera en la zona.
Esta decisión marcó la primera vez que un país productor neto de petróleo clausuraba prematuramente pozos que habían entrado en funcionamiento recientemente, y la primera vez que se tomaba una decisión de este tipo por voto popular. En teoría, el voto constituye un mandato irrevocable, mucho más sólido que un decreto ejecutivo, una política o una ley que podrían ser revocados con un cambio de gobierno.
Sin embargo, el gobierno de Noboa no solo no ha implementado el referéndum, sino que también está incumpliendo una decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige a Ecuador tomar medidas para proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane, incluyendo el cese inmediato de las actividades petroleras.
El fracaso del gobierno en implementar plenamente el referéndum, desmantelar las operaciones petroleras, garantizar la participación de los Waorani en el proceso y proteger la vida y las futuras generaciones de los pueblos indígenas que viven aislados va mucho más allá del destino de Yasuní. Plantea interrogantes fundamentales sobre si una decisión democrática histórica —y un precedente para mantener los combustibles fósiles bajo tierra— será respetada, ampliada y replicada, y si los derechos de los pueblos indígenas cuyos territorios hicieron posible esa decisión serán finalmente protegidos.
Esto ocurre además en un momento crítico para el futuro energético de Ecuador. Mientras gobiernos y la sociedad civil se reunían en Santa Marta, Colombia, para identificar obstáculos e impulsar acciones y cooperación internacional para la transición energética, Ecuador estuvo notablemente ausente. En lugar de desarrollar un plan para gestionar su transición hacia fuentes de energía distintas al petróleo, el gobierno de Noboa avanza en la dirección opuesta, buscando nuevas inversiones y tratando de subastar millones de hectáreas de territorios indígenas titulados en selvas remotas y sin carreteras.
La apuesta de Ecuador por redoblar su apuesta por el petróleo como motor futuro de su economía conlleva importantes riesgos financieros y políticos. A medida que avanza la transición energética mundial y se prevé que la demanda de petróleo alcance su punto máximo a principios de la década de 2030, en medio de un importante crecimiento de las energías renovables y la electrificación, los países que dependen en gran medida de las exportaciones de crudo se enfrentan a una creciente incertidumbre sobre los ingresos futuros, la inversión y la viabilidad a largo plazo de los nuevos proyectos petroleros. Expandir la frontera petrolera hoy conlleva el riesgo de comprometer a Ecuador con proyectos costosos cuya rentabilidad podría deteriorarse a medida que cambie la demanda mundial, al tiempo que se retrasa la difícil pero necesaria tarea de planificar una economía más diversificada y resiliente.
Hace tres años, los ecuatorianos optaron por un camino diferente. El referéndum del Yasuní creó un mandato para mantener el petróleo bajo tierra y envió una poderosa señal de que los ecuatorianos rechazan el mito arraigado de que una mayor extracción de petróleo trae desarrollo y prosperidad. En cambio, la votación abrió la puerta para que Ecuador liderara el camino hacia una transición justa hacia la eliminación de los combustibles fósiles, afirmando que la biodiversidad, los derechos indígenas y un clima estable valen más que el equivalente a tan solo unos días de consumo mundial de petróleo.
Tres años después, esa decisión debe respetarse. El gobierno del presidente Noboa debe poner fin de inmediato a la extracción de petróleo en el Bloque 43, clausurar y desmantelar permanentemente los pozos e infraestructura restantes, y garantizar una participación y supervisión significativas del pueblo Waorani en el proceso. Asimismo, debe adoptar medidas que protejan la supervivencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane y abandonar los planes para expandir la exploración petrolera a otros territorios indígenas de la Amazonía.
El mundo está observando lo que sucede en Yasuní. Tres años después de que los ecuatorianos votaran a favor de mantener este petróleo bajo tierra, su decisión debe ser respetada. Únase a los Waorani y otras naciones indígenas que piden a Ecuador que implemente el referéndum, ponga fin a la extracción de petróleo en Yasuní y detener la expansión de la frontera petrolera a través del Amazonas.
