QUITO – Los manifestantes indígenas desoyeron las advertencias del gobierno de izquierda de Rafael Correa y volvieron el jueves a acechar el Congreso de Ecuador en protesta por un proyecto de ley del agua del que se sienten excluidos, protagonizando nuevos enfrentamientos con la policía.
Los enfrentamientos se desataron cuando cientos de indígenas marchaban hacia el Legislativo y la Policía les cerró el paso para evitar que bloquearan los accesos, como ocurrió el martes cuando unos 3.000 aborígenes cercaron el recinto en el centro moderno de Quito, según reportes de ambas partes.
La Policía dispersó gas lacrimógeno contra los manifestantes, que retuvieron momentáneamente a un agente antidisturbios y se replegaron hacia calles vecinas, dijo a la AFP Asencio Farinango, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
“Quisimos avanzar en forma pacífica, pero nos recibieron con bombas (lacrimógenas)”, agregó el directivo, denunciando que la Policía bloqueó el tránsito hacia Quito de buses con indígenas provenientes de otras regiones.
“Si las cosas siguen así, esto se va a radicalizar”, alertó.
La Conaie convocó el miércoles a una movilización nacional contra la iniciativa.
Los indígenas, 35% de la población ecuatoriana de 14,2 millones de personas -según cifras de sus representantes no confirmadas oficialmente-, exigen que una autoridad colegiada, en la que tengan voto, reglamente el uso del agua.
Pero el oficialismo insiste en que “la rectoría del recurso hídrico y sus políticas recaen en el presidente y no en manos de una organización”, en referencia a la Conaie, que participó en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000.
Los indígenas también aseguran que el proyecto mantiene un acceso ilimitado al agua por parte de hidroeléctricas, mineras, embotelladoras y administradoras del servicio potable, lo que consideran una forma de privatización.
El jueves temprano, el gobierno socialista llamó a los indígenas a dialogar sobre el proyecto, pero advirtió que no cederá a presiones violentas.
El gobierno “defiende los intereses de todos y no sólo de un sector de la sociedad. Por eso llama al diálogo a los representantes de las organizaciones indígenas para que debatan con argumentos sus inquietudes en torno al proyecto”, señaló el Ejecutivo en un mensaje de radio y televisión.
Pero “no podemos ceder a medidas de presión basados en hechos de violencia ni dejarnos manipular por aquellos que quieren tener el control del agua en contra de los intereses de la comunidad”, añadió.
El gobierno pidió “no dejarse engañar por aquellos que están interesados en defender sus intereses particulares” y quieren “desorientar a la opinión pública a través de una información abiertamente parciliazada”.
El levantamiento del segundo y último debate el martes degeneró en choques entre los manifestantes, muchos de ellos armados con palos, y la Policía, que logró desalojarlos. Varias personas resultaron heridas, entre ellas 15 agentes.
La discusión se reanudó este jueves, pero no está previsto que se vote la iniciativa, según el legislador indígena de izquierda Pedro de la Cruz, quien anunció un acuerdo para que una comisión de asambleístas y dirigentes de la
Conaie discutan los puntos controversiales.
Dicho acuerdo no fue confirmado aún por el movimiento aborigen.
