Lima, 15 de abril de 2007
Sra. Iris Cárdenas Pino
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energía y Minas
Presente.-
De nuestra mayor consideración:
Reciba un cordial saludo de las organizaciones internacionales abajo firmantes que trabajan en los temas amazónicos relativos al medio ambiente, salud y derechos humanos. Nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra profunda preocupación sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por GEMA y Barrett Resources Corporation, Perú en febrero del 2007 por el Programa de Líneas Sísmicas 3D en Lote 67, especialmente en relación a los impactos sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Las evidencias presentadas por varios antropólogos y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en 2003 y 2005 sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la región del Lote 67 son contundentes. Las evidencias recogen información de varios encuentros oculares de soldados y moradores de la región, como también trochas, sonidos, y evidencia física incluyendo lanzas cruzadas y cerámicas. Apoyamos completamente la propuesta de AIDESEP para la creación de la Reserva Territorial Napo Tigre con la finalidad de proteger el territorio de los Taromenane, Arabela, y Pananujuri que viven en aislamiento voluntario.
En ese sentido, nos preocupa muchísimo que los tres yacimientos de petróleo del Lote 67 (Dorado, Paiche, Piraña) se encuentren en medio de la propuesta Reserva Territorial Napo Tigre. Nuestra mayor preocupación es que en el EIA se declare que habrá “probablemente” un encuentro con pueblos indígenas en aislamiento voluntario durante el transcurso de las actividades sísmicas. En consecuencia, el EIA no presenta ninguna precaución para evitar encuentros con los indígenas, muy por el contrario, sólo existe un plan de acciones para después de un encuentro “no forzado”. Esto es muy grave, teniendo en consideración la situación de extrema vulnerabilidad de estos pueblos, que carecen de defensas biológicas frente a enfermedades comunes entre los pobladores foráneos (como gripe o sarampión), y que suelen sufrir una mortandad catastrófica después de este tipo de encuentros. Experiencias en otros lugares demuestran que es necesario planificar y ejecutar medidas de contingencia muy cuidadosas para evitar encuentros o interferencias con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pues de lo contrario se estará poniendo en peligro no sólo su calidad de vida, sino su vida misma, así como la supervivencia de los pueblo indígenas.
Cabe destacar que las experiencias existentes con los pueblos en aislamiento voluntario Taromenani y Tagaeri en Ecuador demuestran que los encuentros han sido violentos y forzosos. Asimismo, la posibilidad de que los indígenas sean ahuyentados por los obreros petroleros de sus zonas tradicionales de caza, sin existir ninguna medida que mitigue estos efectos perniciosos, constituyéndose este desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas aislados, una vulneración a sus derechos territoriales, de acuerdo con los artículos 16º y 18º del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Lo más grave es que Barrett planea realizar 8,000 Km. de líneas sísmicas en un espacio relativamente pequeño—un nivel increíblemente intenso y sin precedentes en toda la amazonia peruana. También, Barrett planea establecer 5 bases logísticas, 61 campamentos, 61 helipuertos, y llevar mas de 1,000 trabajadores, todo dentro del corazón de la propuesta Reserva Territorial Napo Tigre. Todo este movimiento, ruido, deforestación y construcción sin duda amenazaría la existencia de los PIAV. Es muy obvio que el programa de sísmica no fue diseñado para tomar en cuenta a estos pueblos.
En atención a dichas amenazas, encontramos que la escasa de información sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la sección Línea Base del EIA constituye una omisión injustificable y representa negligencia inadmisible por parte de GEMA y Barrett.
Otro componente muy alarmante de este proyecto es que Barrett planea contar con traductores para comunicarse con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Varias de nuestras organizaciones trabajan con los Waorani en Ecuador y pensamos que es completamente inaceptable llevarlos al Perú para hacer contactos con sus hermanos, los Taromenani. Además, el idioma zápara, hasta donde sabemos, está casi extinguida; en consecuencia, es injustificable utilizarlos para este propósito.
También, estamos consternados ante la actuación del Estado peruano, que permite la explotación petrolera en una zona colindante a un área del Ecuador que ha sido declarada Zona Intangible a perpetuidad para proteger a los pueblos indígenas aislados Tagaeri-Taromenani.
En contraste, en la Región Loreto hay más de 20 lotes hidrocarburíferos. Antes de considerar éste o cualquier otro proyecto, solicitamos un Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice los impactos acumulativos y de largo plazo de todos los proyectos hidrocarburíferos en la Región Loreto.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Mashco Piro, Yora y Arahuaca (MC-262-07) solicitó al Gobierno de Perú “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario… en especial, adoptar medidas tendientes a evitar daños inmediatos e irreparables a terceros en el territorio”. Consideramos que la situación en el Lote 67 también es de suma importancia y exige una protección inmediata.
A la luz de toda esta información, solicitamos que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) rechace el EIA del Programa de Líneas Sísmicas 3D en el Lote 67 debido al peligro que este programa representa para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la región. Además, en atención a que el Convenio Nº 169 de la OIT, vigente para el Perú desde el año 1995, garantiza el derecho de una consulta antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, así como la decisión de pueblos indígenas de vivir de manera aislada con la sociedad nacional y la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en este momento este proyecto no puede continuar. Asimismo, consideramos que el Estado debe rescindir el contrato de licencia de exploración y explotación del Lote 67, ya que éste compromete los derechos humanos de los pueblos indígenas Taromenane, Arabela, y Pananujuri.
Cabe mencionar que si este proyecto continua en la manera propuesta en el EIA, algunas organizaciones internacionales considerarían posibles acciones contra el Estado peruano por violaciones de derechos humanos ante tribunales internacionales. Nos gustaría evitar esta situación y en cambio trabajar con el Estado y la organización indígena AIDESEP hacia la creación de la Reserva Territorial Napo Tigre para proteger a unos de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario que viven en la Amazonía.
Atentamente,
Matt Finer, Ph.D.
Save America’s Forests
Brian Keane
Land is Life
Maria Lya Ramos
Amazon Watch
Marco Simons
Earthrights International
Aaron Goldzimer
Environmental Defense
Marcos A. Orellana
Center for International Environmental Law
Margot Bass
Finding Species
Por favor, dirija preguntas, comentarios, o respuestas a Dr. Matt Finer ([email protected], 202-544-9219)
