Belo Horizonte, Brasil – El Banco Inter-Americano de Desarrollo ha reconocido por fin los múltiples problemas del proyecto gasoducto Camisea, un proyecto emblemático del banco que ha causado graves impactos sociales y ambientales en el Perú, incluyendo los cinco derrames en los primeros 18 meses de operación.
El Presidente del BID Luis Alberto Moreno admitió que el banco no procederá con un préstamo de $400 millones de dólares para financiar parcialmente el controversial terminal de liquefacción de gas en la costa peruana hasta que el banco haya realizado una auditoria de la problemática primera fase de Camisea. “No estamos ni cerca de aprobar el préstamo. Sin la auditoria, no podemos seguir a la próxima fase,” dijo el Presidente Moreno, un antiguo embajador Colombiano, al Financial Times.
La decisión fue adoptada después de los numerosos graves problemas ocurridos en Camisea, incluyendo el contacto forzado de pueblos indígenas en aislamiento que viven en el área amazónica donde se desarrollan las operaciones, la extensa erosión, la pérdida de peces y fauna, base alimenticia para la sobrevivencia de la población local y repetidas rupturas en el gasoducto. El campo de operaciones Camisea está ubicado en una de las áreas más remotas y de mega biodiversidad de la cuenca amazónica.
Las comunidades Machiguengas afectadas, representadas por COMARU y la Organización indígena de la Amazonía peruana AIDESEP, junto con organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos y el medioambiente, incluyendo las organizaciones no-gubernamentales Racimos de Ungurahui con sede en Perú, Amazon Watch y Environmental Defense, con sede en los EEUU, advirtieron mucho tiempo antes de los problemas que actualmente están ocurriendo, así como de las violaciones a los compromisos sociales y ambientales establecidos por el BID al consorcio, liderado por Hunt Oil, con sede en Texas. El Banco impuso esas condiciones bajo presión intensa de la sociedad civil y más grave aún el Banco desembolsó el 100 por ciento de su préstamo de $75 millones de dólares cuatro días después del primer derrame y dos semanas después de que el Congreso peruano aprobara la decisión de dedicar el 40 por ciento de las regalías del gobierno central para la adquisición de las armas.
Una delegación de estas organizaciones de la sociedad civil, con representantes de las comunidades indígenas peruanas, están presentes en la Reunión Anual del BID reclamando lo siguiente:
– Que el BID suspenda la evaluación del préstamo solicitado de $400 millones de dólares para el proyecto Camisea II hasta que se haya subsanado los defectos de Camisea I;
– Que el Gobierno peruano suspenda las operaciones del gasoducto hasta que sea realizada una auditoria técnica por parte de una entidad independiente y reconocida internacionalmente para que se evalúe la integridad del gaseoducto;
– Que el BID asuma la responsabilidad de financiar una auditoria independiente sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto, con la participación decisoria de las comunidades indígenas afectadas y otras organizaciones que han monitoreado el proyecto desde el principio; y
– Que el BID conduzca una investigación interna de su institución para identificar los problemas estructurales en el seno de este banco que permitieron aprobar un proyecto con graves fallas en el diseño y en la ejecución.
Las organizaciones están también solicitando una urgente reunión con el Presidente Moreno en Lima para tratar los problemas de Camisea al más alto nivel con una comisión conformada por el BID, el Gobierno Peruano, y las comunidades afectadas. El proyecto Camisea también ha recibido $50 millones de dólares en financiamiento proveniente de CAF y $103 millones del Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES.
**Desde el 6 de abril, la delegación peruana, Robert Guimaraes Vasquez, Grimaldo Caristo Aladino y la abogada Lily La Torre, estarán en Perú y dispuestos para ser entrevistados.**
