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Lima, Perú—Mientras los ministros de finanzas de 46 países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegan a Lima para la reunión anual de directorio que tendrá lugar esta semana, cientos de organizaciones de la sociedad civil de todas partes del continente se sumaron a sus contrapartes peruanas para llamar la atención sobre las deficientes políticas sociales y medio ambientales del banco y sus débiles mecanismos de cumplimiento. De esta manera la atención internacional parece volverse hacia el BID, el que hasta ahora se había mantenido a resguardo de la vigilancia social que tradicionalmente se concentra sobre otros organismos como el Banco Mundial y el FMI.
Debido a que la reunión tendrá lugar este año en Perú, el controversial proyecto del gas de Camisea, en la Amazonía peruana, y las deficientes políticas ambientales del BID serán el principal foco de atención en las críticas de la sociedad civil. El proyecto Camisea—el cual recibió un aprobación condicionada del BID por $75 millones de dólares, en setiembre del 2003— está promoviendo la destrucción de la más importante región boscosa del planeta y amenazando la vida de poblaciones indígenas que viven en aislamiento. Dirigentes indígenas han afirmado que el consorcio del proyecto está intentando dividir, manipular y debilitar a las organizaciones indígenas locales y a las autoridades nacionales y locales para favorecer sus propios intereses.
Como resultado de la presión de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas, el vicepresidente ejecutivo del Banco, Dennis Flannery, envió la semana pasada una carta anunciando el retraso del BID a cerrar el préstamo Camisea, con lo cual se hicieron humo las esperanzas del gobierno peruano y de las compañías involucradas en el proyecto, los cuales esperaban firmar ceremonialmente el préstamo con el Presidente del BID, durante la reunión anual.
En su escrito Flannery indica: “Debe saber que las partes involucradas en este proyecto [Camisea] han esperado que nuestro banco pueda finalizar su compromiso de financiar el proyecto antes o durante la Reunión Anual de nuestro Directorio de Gobernadores, programada para los últimos días de este mes en Lima. Luego de hacer una cuidadosa revisión del estatus de varios elementos del proyecto, este lunes pasado, hemos decidido posponer el cierre financiero para después de nuestras reuniones anuales. El comentario de Flannery fue hecho en una carta de respuesta a otra carta enviada por una ONG con información recopilada de las comunidades indígenas afectadas de las zonas del Alto y Bajo Urubamba en la que se documentaban numerosos impactos graves no resueltos y fallas en las condiciones requeridas por el préstamo de parte tanto del consorcio Camisea como del gobierno peruano.
El BID también votó la semana pasada en favor de la publicación de un borrador de su nueva política ambiental, la cual no logra plasmar las normas mínimas internacionales y ha colocado al BID al final de las más importantes instituciones financieras en esta materia, en una época en la que tanto instituciones financieras públicas como privadas están adoptando políticas ambientales mucho más fuertes.
El BID está también bajo la atención del movimiento antiglobalización por sus políticas de promoción de la privatización del agua, los acuerdos de libre comercio y la integración económica, los cuales se basan en una expansión insostenible de las industrias extractivas para la exportación.
Los grupos de la sociedad civil y representantes de las comunidades indígenas afectadas por los proyectos del BID que están concentrándose en Lima esta semana sostendrán foros paralelos y reuniones con altos ejecutivos del Banco. Información de referencia, antecedentes, videos y entrevistas de prensa en español e inglés están disponibles a solicitud de los interesados. # # #
