Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

Ramiro Cavero Uriona, Ministro
Hernán Cabrera, Vice-Ministro
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Oruro
Edificio de la Ex-Comibol 6 Piso
Casilla 12814
La Paz
Bolivia


Señores Cavero Uriona y Cabrera,

Nosotros, los grupos firmantes, les solicitamos respetuosamente realizar una Auditoria Ambiental transparente del gasoducto Rió San Miguel - Cuiabá, como fue solicitado por la organización indígena Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

Como Uds. saben, varios artículos han aparecido recientemente en la prensa internacional que demuestran los graves problemas relacionados con el gasoducto que no están resueltos. Entre los problemas más serios están los siguientes:

1) El Plan de Conservación del Bosque Chiquitano (PCBC)
Como Uds. saben, la creación del programa de conservación, que fue negociada privadamente por World Wildlife Fund, Wildlife Conservation Society, Missouri Botanical Garden, Fundación Amigos de la Naturaleza, y el Museo Noel Kempff Mercado, ayudó a convencer a la Corporación de Inversión Privada Extranjera para que financiara la construcción del gasoducto en medio que pasará por el medio del Bosque Chiquitano. Lamentablemente, tres anos después, la Directiva del programa aun no incluye representantes indígenas, y peor todavía esta conformado por representantes de Enron, Shell, y cuatro de las organizaciones conservacionistas mencionadas anteriormente. Como probablemente saben, World Wildlife Fund se retiro del programa, declarando que había una clara falta de transparencia y participación local. Trágicamente, el programa ha generado un gran conflicto social, e irónicamente, como esta estructurado ahora, constituye un riesgo para la sostenibilidad del bosque. Nos preocupa saber que el programa sigue operando en Bolivia, a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y el Consejo Departamental de Santa Cruz para reorientar el programa para que respete la ley y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, solicitamos que su Ministerio suspenda las actividades del programa de conservación, y obligue a Enron y Shell para que lo reorienten de la manera sugerida por CPESC.

2) Falla por parte de Enron, Shell y OPIC en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo indígena
Como parte del Plan de Desarrollo indígena, Enron y Shell tenían que proveer apoyo financiero y técnico para la titulación de las tierras de las comunidades indígenas afectadas por el gasoducto. Nos preocupa mucho que la gran mayoría de las comunidades indígenas aun no hayan recibido los títulos de sus tierras. Consideramos que Enron y Shell son responsables por no cumplir con estas obligaciones, y consideramos que OPIC es responsable por no obligar a las empresas a hacerlo:

"El Proyecto implementará y cumplirá con el Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental, el Sistema de Gestión Ambiental y Social, el Plan de conservación, y los Planes de Desarrollo Indígena."
(OPIC, 1999: "Resumen de las Condiciones Ambientales del Acuerdo de Préstamo para el Proyecto Cuiabá")

Por eso, les solicitamos que se aseguren de que Enron y Shell obedezcan la Ley de Medio Ambiente y cumplan con la Licencia Ambiental que el Ministerio otorgó, la cual incluye el Plan de Desarrollo Indígena (PDI), que dice:

"2.5 ... Este PDI es un componente del EEIA del Gasoducto rió San Miguel - San Matías"
..
"5.2 Con respecto al Programa de Apoyo de titulación de Tierras, citado en el numeral anterior, GOB acuerda financiar el costo que demande la contratación del saneamiento y titulación de las tierras de las treinta y ocho (38) Comunidades indígenas, que se contemplan y cuya localización aparecen descritas en el PDI ... "

..
"4.1.3 Apoyar la consolidación y titulación de las tierras comunitarias de tal manera que la tenencia de la tierra este garantizada a mediano y largo plazo"

(Convenio para la ejecución del Plan de Desarrollo indígena)

En particular, nos preocupan las acusaciones de que las empresas se están negando a pagar los costos totales asociados con la titulación de tierra, como la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) solicitado por la organización indígena local CIRPAS. Creemos que si las empresas negociaron o no un acuerdo aislado para limitar la cantidad de dinero que contribuirían a esta TCO, deben estar obligadas a pagar todos los costos asociados con la titulación de tierra, independientemente del tipo de titulo que las comunidades escogen (TCO o títulos simples).

Con respeto a los otros componentes del Plan de Desarrollo Indígena, hemos tenido conocimiento que hay serios problemas que todavía existen. Estamos muy preocupados de que el programa ha causado desigualdad social entre las comunidades porque su duración es solo de dos anos, y dado que Enron y Shell no han implementado completamente los componentes del Plan. Por ejemplo, el programa debería haber creado un fondo de rotación para beneficiar a todos los pueblos indígenas que participen en el programa, pero los miembros de las comunidades han reportado que solo algunas familias han sido compensadas. Al contrario de lo que dicen los representantes de las empresas, los componentes de Agricultura y Artesanía no han sido implementados completa y adecuadamente. Considerando el hecho de que se espera que el gasoducto siga operando por 40 anos, creemos que las empresas deben extender el Plan de Desarrollo Indígena indefinidamente por todo el tiempo en que el gasoducto opere y en el que continúe causando impactos socio ambientales negativos, como los que están mencionados en la próxima sección.

3) Impactos Secundarios que están Apareciendo
Algunos artículos recientes en la prensa han mencionado varios impactos ambientales secundarios causados por el gasoducto. Miembros de las comunidades locales han observado la extracción de madera ilegal, la cacería, y vacas caminando en el derecho de vía. Además, algunas notas de prensa recientes de Orvana Minerals muestran que la empresa ha abierto la Mina de oro Don Mario en el Bosque Chiquitano. Una nota de prensa de la empresa dice que ha solicitado una licencia ambiental del gobierno Boliviano para extraer gas (asumimos del gasoducto Cuiaba) y para construir un gasoducto de 5 kilómetros que conecte al gasoducto (Cuiaba), que cruza el Bosque Chiquitano, lo que seria una violación grave de la licencia ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA). Como Uds. saben, Comsur compró Orvana Minerals y ahora la controla, y el candidato Presidencial Gonzalo Sánchez de Lozada es el nuevo Presidente (Chairman) de la Junta Directiva. Esta proyecto generará serios impactos secundarios y acumulativos que no estuvieron contemplados en la EEIA original. Por eso, solicitamos respetuosamente que su Ministerio no otorgue una licencia para el proyecto.

Además, considerando la severidad de estos impactos secundarios crecientes, consideramos que es más importante que su Ministerio realice una auditoria transparente para evaluar los danos, sancionar a los responsables e indemnificar a las poblaciones afectadas. Esto incluiría una evaluación de los impactos directos pasados y actuales, muchos de los que han sido documentados en informes realizados por grupos indígenas y organizaciones no-gubernamentales. Esperamos sinceramente que Uds. aseguren que Enron y Shell cumplan con la ley para evitar y mitigar impactos de este tipo.

Considerando los problemas mencionados anteriormente, nos asusta saber que en cualquier momento el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andino de Fomento van a prestar mas de $US 125 millones a Enron y Shell para la expansión del gasoducto YABOG en Bolivia. Irónicamente, antes de la construcción, OPIC, Enron, y Shell prometieron que el gasoducto Cuiaba seria "un proyecto de nivel mundial" e incluiría "medidas sin precedentes" para proteger al Bosque Chiquitano bio-diverso y las comunidades indígenas locales. Tres anos después de la aprobación del préstamo de $US 200 millones por parte de OPIC a Enron y Shell, serios conflictos sociales han aparecido, y el gasoducto ha abierto el Bosque Chiquitano a actividades de desarrollo progresivo. En este contexto, es evidente que el proyecto es verdaderamente "un desastre de nivel mundial." Por eso, esperamos que el caso del gasoducto Cuiaba alerte a su Ministerio de que proyectos destructores como este, que amenazan las tierras indígenas y áreas con ecosistemas sensibles, nunca deben ser autorizados.

Gracias por su consideración.


Les saluda atentamente,


Derrick Hindery, Bolivia Coordinator, Amazon Watch
Ricardo Navarro, Chairman, Friends of the Earth International
Jon Sohn, ECA Campaign Coordinator, Friends of the Earth International
Nadia Martínez, Institute for Policy Studies
Rainforest Action Network
Global Exchange
Friends of the Earth-Brazil
Isaac Rojas, Friends of the Earth - Costa Rica
Ikuko Matsumoto, Friends of the Earth - Japan
Doug Norlen, Policy Director, Pacific Environment
Luís Galrão, EURONATURA - Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado, Projecto ECA Iberia, Portugal
Aaron Goldzimer, Environmental Defense
Kate Walsh, ECA Campaigner, AID/WATCH, Australia
Glenn Switkes, Latin America Program Director, International Rivers Network,
Berkeley California
Diego Azqueta Bernar, Presidente, Watu Acción Indígena, Spain
Tatiana Roa,Censat Agua Viva, Colombia
Nick Hildyard, Cornerhouse, UK
W E E D - World Economy, Ecology & Development, Germany
Sandy Gauntlett, Associate Researcher, International Research Institute for Maori and Indigenous Education (IRI), Auckland University, New Zealand
FERN, Brussels, Belgium
Antonio Tricarico, Campagna per la riforma della Banca mondiale
Italy
Jaroslava Colajacomo, Reform the World Bank Campaign, Italy
Dr. Thomas Griffiths, IFI Programme Co-ordinator, Forest Peoples Programme, UK
Heidi H. McKinnon, Curatorial Research Assistant, National Museum of the American Indian
Paula Palmer, Executive Director, Global Response
Magda Stoczkiewicz, CEE Bankwatch
Vereniging Milieudefensie, Netherlands
Arnold Newman, Ph.D., Executive Director, International Society for the Preservation of the Tropical Rainforest


cc:
Jorge Quiroga Ramírez, President of Bolivia
Andrew S. Natsios, Administrator, Agency for International Development
Gary A. Barron, Deputy U.S. Trade Representative, Office of the U.S. Trade Representative
Peter S. Watson, President and Chief Executive Officer, Overseas Private Investment Corporation
George J. Kourpias, Retired President, International Association of Machinists & Aerospace
Workers
Alan P. Larson, Under Secretary of State for Economic, Business, and
Agricultural Affairs, U.S. Department of the State
Grant D. Aldonas, Under Secretary of Commerce, U.S. Department of Commerce
D. Cameron Findlay, Deputy Secretary of Labor, U.S. Department of Labor
John B. Taylor, Under Secretary for International Affairs, U.S. Department of the Treasury Private Sector
Member -
Marisol Solano, Vice President, Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC)
Carlos Cuacase, President, Organizacion Indigena Chiquitano (OICH)
Robert Cartegena, Secretary of Natural Resources, Confederacion de Pueblos Indigenas de Bolivia (CIDOB)
David Rothschild, Amazon Alliance
Ana María Campero, Public Defender, Bolivia
Dr. Hugo Teodovich, President of the National Agrarian Tribunal, Bolivia

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