QUITO — El consorcio OCP Limited espera iniciar los trabajos de construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en agosto próximo, una vez que obtenga tres permisos adicionales a la licencia ambiental que recibió ayer del Ministerio de Ambiente en una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente, Gustavo Noboa.
La licencia reconoce que la ruta norte para el ducto es la de menor impacto ambiental.
Hernán Lara, presidente de la compañía, explicó que para completar los trámites requeridos resta la aprobación de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y a los aspectos técnicos establecidos en la solicitud de autorización para la ruta.
El segundo requisito es un acuerdo con Petroecuador para el uso del derecho de vía del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE); el último es el acuerdo ministerial de la cartera de Energía, declarando la utilidad pública del proyecto.
La expectativa del consorcio es que se puedan cumplir estos pasos en unos 10 días.
Luego, aseguró Lara, se firmará el contrato final con la compañía Techint para iniciar los trabajos de construcción, que se prevé iniciarán en agosto. El plazo de 25 meses para ejecutar la obra corre una vez que se tengan todos los permisos mencionados.
Lara indicó además que la empresa tiene una posición frente a los posibles conflictos con la población de Mindo (zona protegida por donde pasará el tubo). “Las personas contrarias al paso del oleoducto por esa zona están en libertad de hacer lo que les parezca”.
Miguel Alemán, delegado de Entrix, empresa que efectuó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra, dijo que concedida la licencia ambiental procede la elaboración de la ingeniería de diseño.
En las áreas críticas se harán todos los esfuerzos para mitigar los impactos establecidos en el plan de manejo ambiental.
Por ahora no existen convenios firmados con subcontratistas nacionales. Según José Dubbeco, gerente de operaciones de Techint, no se justifican hasta el momento en que se defina el contrato entre Techint y OCP. “Cuando ello suceda se iniciará la suscripción de acuerdos con otras empresas”, expresó.
Dubbeco señaló que, una vez definida la relación con OCP Limited, los trabajos de movimiento de suelos de los campamentos, de las áreas de tanques y de las estaciones, se iniciarán inmediatamente. También la expropiación de campamentos de manera que, en los próximos 90 días, se pueda iniciar el tendido de tubería.
POSICIONES
El presidente Gustavo Noboa fue testigo de honor en la ceremonia de concesión de la licencia ambiental. Estuvieron los ministros de Energía, Pablo Terán, y de Ambiente, Lourdes Luque.
Noboa dijo que “los pasos dados han sido los que la ciencia y la técnica aconsejan”.
Luque explicó que las 72 observaciones hechas por su Ministerio “fueron evacuadas satisfactoriamente”.
Terán destacó las inversiones petroleras que supondrá la construcción del oleoducto. Recordó que OCP Limited entregó una garantía ambiental por 50 millones de dólares y otra por daños a terceros por igual valor.
Rechazo de ecologistas sigue Empresarios de Pichincha pidieron garantías para participar.
QUITO.— Las organizaciones sociales y grupos ecologistas, opuestos a la construcción el OCP, apelaron, ayer, a nuevas instancias legales a fin de impedir la ejecución de la obra, y evitar los impactos ambientales que esta causaría.
Siete organizaciones, lideradas por Acción Ecológica, apelaron ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, que negó el lunes un recurso de amparo planteado el pasado 15 de mayo por estas organizaciones, contra los responsables del proyecto.
También los moradores de San Miguel de los Bancos (noroccidente de Pichincha) presentaron, ayer, un nuevo recurso de amparo en un juzgado de ese cantón.
Otras organizaciones ecologistas, entre ellas Fundación Natura, Ambiente y Sociedad, Cecia y Ecociencia, cuestionaron, por considerar apresurada la decisión del Ministerio de Ambiente de otorgar la licencia ambiental.
“Este procedimiento genera desconfianza, recelo y dudas”, dijo Jorge Albán, de Ambiente y Sociedad.
“No es transparente (el proceso), porque 24 horas después de recibir las respuestas a las observaciones ambientales, los dos ministerios (de Ambiente y de Energía) tomaron la decisión, cuando todavía no se terminaba la discusión”, dijo Albán.
Mediante una comunicación dirigida a los ministros de Energía y de Ambiente, el defensor del pueblo, Claudio Mueckay, notificó que intervendrá en todos los asuntos relacionados con la vigilancia de los procesos de estudio de la obra, consultas a la comunidad, autorizaciones y contrataciones.
Entre tanto, los sectores productivos de Pichincha pidieron al Gobierno garantías para asegurar la participación de la empresa ecuatoriana en el proceso de construcción del oleoducto.
