Cuando los ecuatorianos votaron hace dos años a favor de bloquear la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, fue un triunfo para los ambientalistas que buscaban proteger uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Y fue un gesto característico de un país que fue el primero en consagrar los "derechos de la naturaleza" en su constitución y que alberga partes de la selva amazónica y las Islas Galápagos.
Pero las recientes medidas del presidente Daniel Noboa han alarmado a los ambientalistas y líderes indígenas que dicen que la reputación verde del país –y sus protecciones para la sociedad civil– se están desmoronando.
El gobierno de Noboa ha tomado medidas para eliminar el Ministerio de Medio Ambiente, un organismo independiente del país. Está impulsando una legislación aparentemente destinada a sofocar la minería ilegal, pero que los críticos temen que devastará a las organizaciones sin fines de lucro. La Asamblea Nacional, presionada por Noboa, aprobó una ley el mes pasado que permite a las entidades privadas y extranjeras... cogestionar zonas de conservación que, según los críticos, debilita las protecciones y amenaza los derechos territoriales indígenas. Ecuador acaba de firmar un nuevo acuerdo petrolero con Perú que podría acelerar la perforación en zonas sensibles.
Natalia Greene, defensora ambiental de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, dijo que la decisión de Noboa de integrar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía y Minas acelerará la minería justo cuando Ecuador está lidiando con un aumento en la minería ilegal de oro vinculada a crimen organizadoElla lo llamó "como poner al lobo a cargo de las ovejas".
“La intención del gobierno es muy clara: ser una ametralladora del extractivismo”, afirmó.
Noboa ha defendido las medidas ministeriales y otros cambios, considerándolos necesarios para recortar costos, reducir la burocracia y abordar la crisis financiera de Ecuador. Los funcionarios argumentan que la consolidación de los ministerios hará más eficiente la toma de decisiones.
Ni el Ministerio de Energía y Minas ni la oficina de Noboa respondieron preguntas de The Associated Press.
Los derechos indígenas en riesgo
En julio, Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para que la petrolera estatal de Ecuador venda crudo directamente a Petroperú y vincule sus reservas del sur de la Amazonía con el oleoducto Norperuano de Perú, con perforaciones previstas para enero de 2026. Los grupos ambientalistas dicen que podría acelerar las perforaciones en áreas sensibles, eludiendo las salvaguardias y la consulta indígena.
Las naciones peruanas Achuar, Wampis y Chapra denunciaron el plan en una carta pública, afirmando que desmantelaría las protecciones de larga data que exigen la consulta a las comunidades antes de que los proyectos avancen en sus territorios. Advirtieron que el oleoducto ya registra un promedio de 146 derrames al año y que su expansión representaría una grave amenaza para la Amazonía y los medios de vida de los pueblos indígenas.
“Van a violar todos nuestros derechos para entrar en nuestros territorios y extraer los recursos que desean”, declaró Nemo Guiquita, líder waorani de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Añadió que las comunidades indígenas temen un auge de proyectos petroleros y mineros en sus tierras ancestrales, lo que amenaza tanto los ecosistemas como sus medios de vida.
“Se debilitará la protección ambiental”, afirmó. “Habrá mucha deforestación, contaminación de ríos y destrucción del ecosistema, vital para nuestra existencia como pueblos indígenas”.
Ricardo Buitrón, presidente del grupo ambientalista Acción Ecológica, con sede en Quito, señaló que los cambios ocurren apenas unos meses después de que los ecuatorianos votaran a favor de mantener el petróleo en el suelo en Yasuní, una decisión que el gobierno aún no ha aplicado plenamente.
“Hemos retrocedido décadas”, dijo. “Se está priorizando un modelo de desarrollo que no se preocupa por proteger los ecosistemas, sino por extraer al máximo los recursos naturales”.
Temores de que la ley propuesta perjudique a las organizaciones no gubernamentales
La propuesta de ley que ha alarmado a las organizaciones sin fines de lucro se denomina formalmente Ley Orgánica para el Control de los Flujos Irregulares de Capital. Sin embargo, los activistas la califican de ley "anti-ONG", argumentando que podría imponerles una pesada carga y obligar a muchas a cerrar.
La medida se aplica a más de 71,000 organizaciones en todo el país, dándoles seis meses para volver a registrarse ante el gobierno, presentar registros financieros detallados y revelar sus fuentes de financiación extranjera. El gobierno afirma que la ley es necesaria para prevenir el blanqueo de capitales y la desestabilización política. Los críticos advierten que, en cambio, podría silenciar la disidencia al someter a las organizaciones a controles exhaustivos.
Noboa presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional el 29 de julio, dando a los legisladores hasta el 28 de agosto para actuar antes de que se convierta automáticamente en ley.
“Esto ha sido difícil para nosotros”, dijo Guiquita. “En la práctica, las organizaciones indígenas viven principalmente de donaciones y ONG. El gobierno nos está debilitando en todos los ámbitos”.
“Representa una amenaza porque podrían disolvernos con cualquier pretexto”, dijo Buitrón. “Esto nos recuerda lo que ya vivimos hace una década, cuando intentaron clausurar algunas organizaciones en el país”.
Apuestas regionales y globales
Kevin Koenig de Amazon Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que defiende los derechos de los indígenas y la protección del medio ambiente en la Amazonia, dijo que los cambios en el país son parte de una regresión más amplia.
“Estamos presenciando un paquete radical de reformas regresivas que están reduciendo las protecciones ambientales y las garantías de los derechos indígenas, y amenazando libertades civiles fundamentales como la libertad de expresión y de reunión”, afirmó. “Esto sugiere una expansión masiva de la industria petrolera y minera, particularmente en la región amazónica”.
Koenig dijo que los cambios envían señales preocupantes antes de la COP30, la cumbre climática de las Naciones Unidas prevista para finales de este año en Brasil.
Se están observando tendencias similares en Perú y El Salvador, donde los gobiernos tienen una supervisión ambiental limitada, y en Brasil, donde se han debilitado las licencias para proyectos en la Amazonia.
Movilizando la resistencia
Grupos de la sociedad civil se están movilizando contra los cambios. Greene afirmó que las organizaciones han reactivado la Asamblea Nacional Socioambiental, una coalición nacional de movimientos ambientales y sociales, y están planeando impugnaciones legales, manifestaciones y apelaciones ante organismos internacionales.
Muchos temen que el papel de Ecuador como pionero verde mundial se esté desmoronando.
“Nuestro único delito aquí ha sido proteger nuestro territorio, proteger nuestras tradiciones, proteger nuestra forma de vida”, dijo Guiquita.
