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Signos de esperanza en la Amazonía peruana

13 de enero de 2022 | ricardo perez | Ojo en el Amazonas

Crédito de la foto: Hugo Pérez / El Comercio

En medio de la avalancha de noticias negativas, damos la bienvenida a las señales de progreso. Este martes 11 de enero recibimos noticia de que el pistolero confeso de la muerte a balazos del líder indígena Arbildo Meléndez finalmente ha sido capturado. Redy Rabel Ibarra Córdova admitió el tiroteo del 12 de abril de 2020, alegando que fue un accidente, y originalmente fue puesto en libertad por el sistema judicial bajo su propia responsabilidad. 

La viuda de Arbildo, Zulema Guevara, ha luchado valientemente por la justicia en el caso de su esposo, convirtiéndose ella misma en blanco de amenazas de muerte. Debido a sus esfuerzos persistentes, las autoridades judiciales se vieron obligadas a emitir una orden de arresto el año pasado. Aunque los miembros de la comunidad conocían el paradero de Ibarra, pasó meses moviéndose libremente por el territorio con impunidad. Su detención fue finalmente realizada por la Guardia Indígena Kakataibo de la comunidad de Santa Marta. Ibarra está ahora en manos de la policía peruana y bajo custodia.

Aunque no hay garantía de que Ibarra rinda cuentas en última instancia, y mucho menos las personas que ordenaron el asesinato de Arbildo, su detención es un paso importante. Arbildo, sin embargo, es solo uno de los muchos líderes indígenas y voceros comunitarios que han sido asesinados en los últimos años en la Amazonía peruana, principalmente en la región central. ¿Cuál es el origen de esta trágica situación y qué se debe hacer?

El “desarrollo alternativo” fraudulento fracasa y perjudica a las comunidades indígenas

A finales de 2021, un investigación periodística, apoyado por nuestro Fondo de Defensores de la Amazonía, finalmente reveló cómo el gobierno de Perú permitió la colonización de territorios indígenas en la Amazonía peruana por parte de narcotraficantes. La investigación detalló cómo las autoridades gubernamentales agilizaron la titulación de tierras para colonos individuales mientras ignoraban solicitudes de larga data de títulos de tierras comunitarias por parte de numerosas comunidades indígenas. Este robo masivo de tierras fue posible gracias al desarrollo de una “estrategia de desarrollo alternativo”, llevada a cabo por múltiples niveles del gobierno peruano, que prometía contrarrestar la producción de drogas ilícitas.

La realidad es que las estrategias de desarrollo alternativo no han reducido la producción de coca. Los cultivos ilegales en la Amazonía peruana se han incrementado, según documenta el gobierno de los Estados Unidos, al igual que los asesinatos de líderes comunitarios. El asesinato en 2020 del líder comunitario de Unipacuyacu Arbildo Meléndez Grandes fue el primer caso en llamar la atención internacional, ilustrando cómo el narcotráfico había ganado poder en esa parte de la Amazonía peruana. Los narcotraficantes y sus aliados habían asesinado previamente a otros líderes de Kakataibo, cuyos casos nunca salieron a la luz pública. Varios años antes, en 2018, la agencia de desarrollo alternativo de Perú, DEVIDA, finalmente suspendió el financiamiento para la titulación de tierras individuales realizada por los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali. Ya se había hecho un daño tremendo, cuyos efectos todavía se sienten hoy.

Estas invasiones de tierras en curso han creado tensiones entre los colonos y las comunidades indígenas que continúan estallando en violencia. 2022 comenzó con informes de posibles enfrentamientos, junto con el anuncio de que el movimiento indígena amazónico de Perú está declarando públicamente la intención de sus comunidades de formar un “ejército indígena”.

Por su parte, los gobiernos locales no parecen tener intención alguna de reparar los daños. Al contrario, todo parece indicar que pretenden seguir dando permiso a nuevos asentamientos justo encima de las comunidades indígenas existentes, agravando el conflicto con una impunidad preocupante.

Un paso adelante: el nuevo mecanismo de protección

A pesar de las dificultades, las comunidades indígenas, sus líderes y aliados han lanzado una campaña nacional e internacional para protegerse. La primera victoria del esfuerzo fue la creación del Mecanismo Interinstitucional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, una iniciativa liderada por funcionarios del Ministerio de Justicia de Perú. La iniciativa ha llevado a una docena de conversaciones de alto nivel entre líderes indígenas y ministros del gobierno para discutir cómo sus ministerios pueden proteger mejor a los líderes y comunidades amenazados.

Un resultado de estas discusiones es que el Ministerio Público ahora debe utilizar las denuncias de amenazas registradas en el Ministerio de Justicia como parte de su formulación de acusaciones contra los presuntos perpetradores. Este es el tipo de coordinación mejorada que esperamos ver como resultado del nuevo Mecanismo. Más allá de esto, el Fiscal General solicitó al presidente peruano, Pedro Castillo, una presupuesto para nuevos fiscales para investigar y juzgar los delitos contra defensores de derechos humanos, con protocolos especiales de trabajo con líderes comunitarios amazónicos amenazados.

Desafíos continuos

Dicho esto, uno de los problemas fundamentales sigue siendo la falta de una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, la propia Policía Nacional de Perú actualmente falta capacidad estar presente en un territorio tan extenso. Solo en situaciones de emergencia la policía puede coordinarse con las organizaciones indígenas y sus diversos mecanismos de vigilancia o seguridad comunitaria. Las comunidades amazónicas peruanas necesitan intervenciones policiales que no se centren simplemente en la cantidad de hectáreas de coca erradicadas o laboratorios clandestinos destruidos, sino proporcionar una mayor sensación de seguridad para las miles de familias indígenas que viven en la región.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer también han hecho compromisos de trabajar juntos para incluir a las familias de los líderes asesinados en sus programas de apoyo. Es un anuncio importante, pero tienen un largo camino por recorrer para lograr una reparación adecuada para las familias que han sufrido la pérdida de uno o más miembros por la violencia.

A su vez, la nueva administración de DEVIDA también ha prometió tener una estrategia diferente para combatir el narcotráfico, priorizando proyectos de desarrollo alternativo comunitario diseñados en estrecha colaboración con las comunidades indígenas y presencia policial “inmediata” cada vez que haya una emergencia. En este momento, DEVIDA está trabajando con la federación indígena que representa a las comunidades de Kakataibo en el diseño de una serie de proyectos de desarrollo económico que deberían lanzarse a partir de enero de 2022. Dicho esto, DEVIDA aún tiene que señalar que está realmente dispuesta a reparar el daño causado por su apoyo a la titulación individual de tierras en la zona entre 2013 y 2018. Los cambios de enfoque y las nuevas prioridades no son suficientes. El problema central a resolver es el de las invasiones de tierras, y DEVIDA tiene el deber de ser muy claro al respecto en sus nuevas formas de intervención.

Por su parte, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aliada clave del gobierno peruano en su estrategia antinarcóticos, viajó recientemente a Pucallpa y se reunió con organizaciones indígenas. Durante la reunión, el equipo de USAID anunció que trabajará directamente con las organizaciones indígenas en el área para apoyar proyectos destinados a fortalecer sus sistemas de monitoreo comunitario, como patrullas indígenas que utilizan drones y equipos GPS. Es importante destacar que USAID también expresó su intención de apoyar iniciativas diseñadas para lograr títulos de propiedad colectiva de las tierras para las comunidades indígenas.

Sin duda el 2021 fue un año intenso en la Amazonía peruana, con algunos momentos en los que parecía que habíamos avanzado poco y otros en los que sentíamos que por fin las cosas iban en la dirección correcta. Pudimos apoyar a nuestros aliados estratégicos con apoyo legal, incidencia internacional, trabajo en los medios y protestas públicas en múltiples momentos clave.

Cómo avanzar en 2022

El 2022 seguirá siendo muy desafiante y necesitamos la vigilancia de todos los amigos de la Amazonía para mantener la presión sobre las agencias peruanas y estadounidenses. En el corto plazo, las autoridades peruanas deben atender la emergencia humanitaria, mitigar el conflicto (facilitar el diálogo entre las partes y brindar alternativas económicas a quienes estén dispuestos a dejar de producir coca) y desbaratar las violentas represalias que inevitablemente intentarán los narcotraficantes como respuesta. a los avances de las comunidades indígenas.

Primero, debemos ver una operación de seguridad comunitaria unificada, con participación tanto de las Guardias Indígenas emergentes como de los mecanismos comunitarios de monitoreo forestal existentes, con reglas claras, apoyo logístico y respaldo legal. Otro paso importante para deshacer todo el daño causado es que DEVIDA y los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali asuman su participación en el tema ilegal de títulos individuales de propiedad desde 2013. Finalmente, el Ministerio de la Mujer debe brindar asistencia inmediata a las familias. que han perdido seres queridos por la violencia, con especial consideración a casos como el de Zulema Guevara, viuda de Arbildo Meléndez Grandes y madre de cuatro niños pequeños.

Luego, el gobierno peruano debe establecer una estrategia genuina de desarrollo alternativo para la Amazonía, con presupuestos, actividades y cronogramas claros. Esta nueva estrategia debe recibir apoyo político, financiero y técnico de la comunidad internacional. Debe incluir un programa de restitución territorial que no solo aborde los aspectos legales de las invasiones de tierras, sino que considere cómo lidiar con los conflictos creados cuando los productores de coca que ocupan tierras indígenas se niegan a irse.

Esta crisis en la Amazonía peruana central es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los programas gubernamentales intervienen los territorios de manera irresponsable y no consultan a los pueblos indígenas. Debemos honrar el tremendo servicio que las comunidades indígenas brindan a nuestras sociedades mientras arriesgan sus vidas para contener la deforestación dañina y la amenaza a la biodiversidad causada por el tráfico de drogas, la tala ilegal y el acaparamiento de tierras.

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