Ocho líderes indígenas de Ucayali y Huánuco han recibido amenazas durante meses de mafias narcotraficantes, invasores de tierras y madereros ilegales. Hace varios días estuvieron en Lima exigiendo protección al gobierno peruano. Temen por sus vidas.
No pudo haber sido una coincidencia. Un mensaje amenazante llegó el 2 de octubre por la tarde. Fue dejado en la puerta principal de las oficinas de ORAU (Organización Regional de AIDESEP en Ucayali) en Pucallpa. Ese mismo día, solo unas horas antes, uno de sus oficinistas fue baleado en un presunto atraco.
La amenaza estaba dirigida contra Berlín Diques, presidente de ORAU, y su asesor Jamer López. La organización, que representa a 300 comunidades entre 15 diferentes Pueblos Indígenas Amazónicos de la región Ucayali en Perú, había denunciado varias mafias que operan en la selva. Presentaron cargos, activando el protocolo del Ministerio de Justicia para defensores de derechos humanos, y ambos recibieron protección policial. Pero esta protección duró solo un día.
Diques llegó a Lima durante los primeros días de diciembre junto a un grupo de líderes indígenas de diferentes comunidades nativas de las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. Todos tienen miedo porque también están amenazados. Los siguientes son algunos de sus casos:
1. Zulema Guevara - Líder en busca de justicia
Zulema es uno de los miembros del grupo. Su esposo, Arbildo Meléndez Grandes (34 años), líder cacataibo de la comunidad de Unipacuyacu, fue asesinado a balazos el 12 de abril de 2020, cuando caminaba por el bosque. Anteriormente se había enfrentado a invasores relacionados con traficantes de tierras que habían amenazado con matarlo. Las autoridades judiciales se habían enterado del caso. Un mes antes de los disparos que le quitaron la vida, se había celebrado una reunión con el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Pero incluso eso no pudo evitar el crimen.
“Desde que murió mi esposo, el gobierno me abandonó”, dice Zulema. Tuvo que dejar su comunidad junto con sus tres hijos pequeños para establecerse en Pucallpa, lejos de su familia y tradiciones agrícolas.
Sin embargo, para participar en los procesos judiciales relacionados con el asesinato de su esposo, ha viajado a Puerto Inca (Huánuco). Allí, desconocidos en motocicleta la han amenazado en tres ocasiones. Ella ha pedido protección para su vida.
En el frente legal, ella siente que el caso legal se ha estancado debido a malas intenciones. Su abogado ha pedido la remoción tanto del fiscal como del juez, dado que no han emitido una orden de detención contra el asesino confeso y porque están tratando de aceptar una defensa por homicidio involuntario.
2. Miguel Guimaraes - Líder amenazado desde 2018
Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río y Afluentes Ucayali (FECONAU), también ha recibido diversas amenazas. La última fue a través de un mensaje a su celular de un número desconocido. Recibió un video que mostraba a personas desmembradas y un mensaje claro. “Si sigo adelante con mi trabajo, me pasará lo mismo”, dice que le dijeron. Esto sucedió el 14 de octubre de 2020.
El caso ha sido tomado por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú y han pasado varias semanas sin resultados. El Ministerio Público, que inició su investigación, tampoco tiene novedades. Ha estado recibiendo este tipo de acoso desde 2018, cuando ni siquiera era un líder comunitario. “Estamos aquí tratando de hablar con las autoridades porque no queremos ser las próximas víctimas”, dice.
Miguel explica que hay más de 2,000 hectáreas de bosques deforestados alrededor de la comunidad de Flor de Ucayali y otros. Las mafias talan los bosques para plantar hojas de coca y establecen sus sitios de producción para hacer pasta para cocaína. En los últimos dos años, las áreas destruidas se han multiplicado. El estado de emergencia declarado por la pandemia COVID-19 no ha detenido a las mafias. “La presencia del gobierno es nula”, dice Gimaraes.
3. Diana Ríos - Hija del líder que buscó justicia
Durante más de seis años, Diana Ríos se ha sentido indignada y muy frustrada porque el proceso judicial contra los asesinos de Jorge Ríos, su padre, no ha concluido. El 1 de septiembre de 2014, Jorge y otros líderes indígenas Asháninka, Edwin Chota Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, fueron cruelmente asesinados por madereros ilegales. Los cuatro habían denunciado las redes criminales de tala ilegal que continúan operando impunemente a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil.
“Se ha identificado a los acusados. Tenemos fotos, pruebas, todo. Es injusto que estén intentando archivar el caso. Cuatro líderes fueron asesinados por defender sus bosques, sus territorios. El gobierno se ha vuelto cómplice por no escuchar nuestras demandas ”, dice Ríos.
Diana, similar a Zulema, tuvo que dejar su comunidad de Alto Tamaya Saweto. Se mudó con sus cuatro hijos a Pucallpa por razones de seguridad. “No puedo ir tranquilamente a mi comunidad porque el asesino de mi padre todavía está por ahí, junto al mismo río”, dice enojada.
En su comunidad, a la que no puede regresar, ahora hay más de 8,000 hectáreas de selva tropical deforestadas a manos de los madereros ilegales, y el área se ha convertido en la “tierra de nadie”.
4. Herlín Odicio
Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades de Cacataibo (FENACOCA), también ha sido amenazado por llamadas telefónicas y mensajes amenazantes que dicen: "Sabemos quién es usted".
Los mensajes provienen de diferentes números de teléfono. Lo llaman durante todo el día. Herlín ha solicitado protección al gobierno, y la policía ha recibido información sobre los números desde los que se llevan a cabo las amenazas.
5. Marcelo Odicio Angulo - El líder que no para de patrullar su bosque
En los territorios de su comunidad Yamino, ubicada en la provincia de Padre Abad (región Ucayali), las actividades de producción de coca y narcotráfico se han incrementado a pesar de que se encuentran en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
“El Ministerio de Cultura no ha hecho casi nada en esta zona”, dice, señalando que unas 20 personas de su comunidad indígena Cacataibo son las que se organizan para realizar patrullajes forestales. Solo están armados con flechas.
Han recibido amenazas de terceros y han pedido protección. Se ofreció protección pero ni un solo policía ha visitado la comunidad, a pesar de que hay una comisaría a unos 40 minutos en la ciudad de Aguaytia. “Necesitamos protección, el gobierno debe intervenir”, dice Marcelo Odicio.
Reuniones de alto nivel
Durante los primeros días de diciembre, los líderes amenazados mantuvieron varias reuniones en Lima con funcionarios de alto nivel para explicar sus casos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, se reunió con ellos el 2 de diciembre. El Ministerio acordó revisar el protocolo para defensores de derechos humanos para convertirlos en un mecanismo útil para prevenir la violencia y proteger a los Pueblos Indígenas.
También se reunieron con el ministro del Interior, Rubén Vargas. Entre los compromisos que asumió antes de dejar su cargo se encontraba una resistencia más activa contra el crimen organizado en estas partes de la selva. Les dijo a los líderes que tienen un nuevo protocolo para las operaciones policiales para construir relaciones con las comunidades indígenas.
Este pasado miércoles, el gobierno declaró un estado de emergencia por 60 días en seis distritos de Huánuco y tres distritos de Pasco, con el objetivo de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú fortalezcan su lucha contra el crimen organizado como el tráfico ilícito de drogas. minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, asesinato y tala ilegal.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, les dijo que el partido Frente Amplio había presentado una nueva propuesta de ley para defensores de derechos humanos, que incluía un plan para atender e indemnizar a las víctimas. El congresista Alberto de Belaunde también se ofreció a presentar un proyecto de ley para defensores del medio ambiente y derechos humanos.
También se reunieron con la Procuraduría del Ministerio de Medio Ambiente. Sus funcionarios se comprometieron a elaborar denuncias oficiales a nombre de su oficina y pasarlas a la Dirección Nacional Contra las Drogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional.
La coordinadora de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Flor de María Vega, escuchó las críticas de Zulema Guevara sobre la investigación del homicidio de su esposo y la solicitud de que los fiscales de Puerto Inca (departamento de Huánuco) refuercen sus operativos contra el narcotráfico.
Solicitud de protección del gobierno
Con todos los riesgos que implica defender la selva, el presidente de la ORAU, Berlín Diques, afirmó que van a “seguir porque los bosques son nuestra fuente de vida, de alimento, de seguridad, de vida permanente”.
Dice que es urgente que la justicia acelere las investigaciones y procesos para detener y sentenciar a los responsables de las muertes de líderes indígenas asesinados en los últimos años. Dice que también es urgente que el gobierno refuerce su campaña contra el narcotráfico, la tala ilegal y las plantaciones ilegales de monocultivos como la palma aceitera. Esto es, agrega Diques, "una lucha constante".
