Alberto Acosta
Un día después de la conmemoración del segundo bicentenario del asesinato de los patriotas por parte de las tropas españolas en la ciudad de Quito, el día 2 de agosto del 2010, en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT, se firmó el largamente esperado fideicomiso entre el gobierno nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta firma, por fin, se podrá empezar a concretar los ofrecimientos realizados por varios países para financiar el fondo de dicha Iniciativa.
Es una lástima que se haya tardado tanto tiempo. Sin embargo, no es momento de lamentaciones sino de celebraciones. Las diferencias entre lo propuesto en diciembre del 2009 y en julio del 2010 no son mayores. Habría desaparecido sintomáticamente la presencia de un delegado indígena en el directorio. Pero sustancialmente se trata de lo mismo: un fideicomiso con el PNUD como garante internacional de que los aportes exteriores se dedicarán a los fines estipulados por el Estado, con una garantía también de que el petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) se quedará bajo tierra.
Como punto de partida recordemos que los análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en relación con la extracción del crudo llegaron a resultados alentadores. Dejar el crudo en tierra, recibiendo desde el exterior al menos la mitad del ingreso que se dejaría de recibir por exportar el crudo, resulta más provechoso que extraerlo. A esta conclusión se llega incluso sin considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de la explotación del petróleo. Para llegar a este resultado tampoco se incorporaron las grandes y múltiples ventajas colaterales de las que se beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia. En suma, con esta Iniciativa se configuraría un escenario en el que (casi) todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional, salvo, por cierto, las empresas petroleras, sus intermediarios y tinterillos empeñados en extraer el crudo del ITT.
Las penurias quedan atrás. Hoy cabe un reconocimiento a la ministra María Fernanda Espinosa por su labor desde enero de este año y también a las comisiones que llevaron adelante el trabajo con el PNUD. Mención especial merece el ex canciller Fander Falconí, defensor de esta Iniciativa desde hace muchos años. También hay que destacar el esfuerzo y la perseverancia de quienes desde finales de la década de los años noventa vieron a lo lejos la posibilidad de un Ecuador post-petrolero; la lista sería larga, pero resalto a una de las personas decisivas en este empeño: Esperanza Martínez. Por igual habría que hacer extensivo esta felicitación a muchas personas en el exterior, quienes, como Joan Martínez Alier o Joseph Vogel, en el ámbito académico, o la diputada alemana Ute Koczy, en el ámbito político, han contribuido a la cristalización de esta Iniciativa. Y no se puede negar que se ha llegado al punto actual gracias a la voluntad y al apoyo del presidente Rafael Correa, quien lamentablemente no estuvo presente en el acto de firma del fideicomiso de esta Iniciativa…
Desde que se planteó oficialmente esta Iniciativa en los primeros días del año 2007 hasta agosto del 2010 se ha vivido un proceso complejo.1 Ha sido difícil aceptar esta Iniciativa, considerada incluso como “una utopía a tiempo completo“, por Gustavo Duch, en el diario Galicia Hoxe, el 5 de noviembre del año 2009.
Ahora, aún cuando recién estaría por empezar una nueva y compleja etapa, en la que habrá que asegurar las contribuciones internacionales para su financiamiento, esta Iniciativa ya demuestra resultados satisfactorios. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la Iniciativa. Y a nivel internacional la Iniciativa es presentada como una primera alternativa concreta para enfrentar el calentamiento global.
No es posible continuar extrayendo combustibles fósiles en el mundo a la velocidad actual. Esto por dos razones: porque nos acercamos a nivel mundial al pico de Hubbert en la extracción de petróleo (es decir cada vez habrá menos reservas petroleras disponibles) y no estamos muy lejos del pico de extracción del gas. Y, segunda razón, por el cambio climático. Si hay que dejar petróleo y carbón en tierra, ¿dónde debe ser esto? En lugares de particular fragilidad ambiental y social, como el Yasuní-ITT, algunos otros lugares en Ecuador, pero también el Delta del Níger y otros territorios de la Amazonía , como el Madidi en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala; en donde se ha propuesto o incluso ya se está discutiendo esta posibilidad.
El gobierno ecuatoriano se ha tomado mucho, quizás demasiado tiempo en concretar el fideicomiso. Las cambiantes posiciones del presidente de la República han estado a punto de hacer fracasar la Iniciativa. Sin insistir más en lo sucedido, pero manteniendo la vigilancia del caso, por la experiencia acumulada, al tiempo de redoblar el optimismo como parte de un ejercicio de voluntad política, es el momento de mantener el apoyo decidido a la Iniciativa Yasuní-ITT en esta nueva fase, en la que no faltarán amenazas y tropiezos. Es hora de ayudar, o mejor dicho de continuar ayudando, a que lleguen contribuciones del exterior, recordando siempre que el pueblo ecuatoriano es el mayor aportante.
El fideicomiso, es decir, el fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría manejado por Naciones Unidas, es indispensable en este proyecto. Sin embargo no es suficiente. Si no hay claridad y determinación por parte del gobierno, la firma del fideicomiso puede ser apenas un gesto simbólico. Por otro lado, el éxito de esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que el gobierno asuma como que ya ha cumplido su compromiso con la Naturaleza y continúe expandiendo de manera irresponsable la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía o abra la puerta a la minería metálica a gran escala a cielo abierto.
Tener presente las amenazas conocidas
Al presidente de la República, luego de la firma del fideicomiso, le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la Iniciativa. A él te toca hacer realidad lo que ha reiteradamente solemnemente en varias oportunidades, aquello de que dejar el crudo en el subsuelo en el ITT es “el proyecto emblemático” de la “revolución ciudadana“. Convendría que su gobierno, entonces, se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante el tiempo que dure su gestión; eso daría un plazo estable a las gestiones que se avecinan. Eso implica de plano archivar definitivamente aquellas propuestas para retirar una letra al ITT, como podría ser la explotación del campo Tiputini. Esto significa no tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT. Por lo tanto es obligación del gobierno controlar los impactos que provocan las carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Esto incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario, en cualquier lugar de la Amazonía , empezando por el bloque Armadillo, tal como dispone la Constitución de Montecristi en el artículo 57.
El gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación o extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
En este punto convendría reconocer la conveniencia de incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo de baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT. Un punto a destacar, el tipo de crudo existente en esa zona, viene mezclado en una elevada proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
Igualmente, sería importante adelantar los diálogos para analizar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el campo hidrocarburífero del lado ecuatoriano.2 Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano, como han afirmado ciertas personas, pues esto técnicamente es imposible en la actualidad.
Con esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano y por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida.
Identificar las nuevas amenazas
En este momento de definiciones, en cuanto al financiamiento de la Iniciativa se refiere, hay que estar atento a otras amenazas en ciernes. El debate en este punto apenas se ha iniciado. Aquí, habría que señalar, por ejemplo, que se necesita una discusión acerca de la aceptación de financiamiento vinculado al mercado de carbono o al canje de deuda externa. Luego, cuando el fondo esté constituido, otra actividad prioritaria será el control permanente sobre el uso de los recursos financieros que se generen, pues el manejo de esos recursos puede ser otro punto de conflicto.
El modelo de mercado de carbono, es decir de comercializar las emisiones imponiendo condiciones a los países beneficiarios, ya ha sido calificado como una nueva forma de colonialismo. Si los países industrializados, por las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminaron la atmósfera del planeta, ahora en lugar de comprometerse a disminuirlas y resolver ellos el problema, a través de propuestas de mercado, plantean mecanismos especuladores y no eficientes. Estas opciones se caracterizan por altísimas ganancias, que no reducen las emisiones, si no que entregan derechos de contaminación a cambio de una compensación. El mercado de carbono, en realidad, es una forma de privatizar el aire.
Como una nueva propuesta surge REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. REED plantea la creación de sumideros de carbono y podría acabar siendo también un permiso para contaminar. REED supone una falsa solución al cambio climático y entraña una serie de riesgos que es importante tomarlos en consideración.
A continuación se destacan algunas de sus mayores amenazas:
- Este mecanismo permite suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.
- Premia una menor tasa de tala, lo que llevará a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación, en lugar de impedirla.
- Convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ecológicos como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía.
- Enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrían convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.
- En síntesis, al priorizar lo económico mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.
Como muchos de estos componentes están contemplados en las negociaciones del mecanismo REDD, éste no debería ser utilizado en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. En un Estado plurinacional, como el que se tiene que construir en el Ecuador por mandato constitucional, no se puede admitir la enajenación de derechos sobre territorios indígenas. En un país que constitucionalmente reconoce los Derechos de la Naturaleza , no se puede admitir mercantilizar sus funciones. En suma, en un Estado soberano no se puede delegar las funciones de conservación a terceros.
Desde el punto de vista de las comunidades y de nuestros países, colocar sus expectativas en proyectos de conservación atados a compromisos de los países ricos conduce en la práctica a postergar la lucha por sus derechos. Entre los muchos derechos que hay que exigir a los países ricos están asumir directamente el grueso de la remediación ambiental al tiempo que esos países cambian de estilos de producción y consumo depredadores, asumiendo, en definitiva, el pago de su deuda ecológica; este es el punto clave donde se sustenta la corresponsabilidad diferenciada en una nueva institucionalidad ecológica global.
Además, este mecanismo nos pondría en una situación de competir con México, Brasil, Congo y otros países que son grandes deforestadores. Para estos países REDD representa una nueva cartera de proyectos tanto forestales como de conservación con los que buscan simplemente beneficios financieros. Su aplicación anticipa más distanciamientos entre países que deberían caminar juntos en la construcción de una justicia climática global.
En definitiva, ni la iniciativa Yasuní ITT corresponde a REDD ni debe vincularse las aportaciones recibidas al fideicomiso a proyectos relacionados con REDD o al mercado de carbono, pues terminaría en manos de ONGs de conservación o empresarios de distinta índole. Por lo tanto será más sensato invertir preferentemente los recursos que se obtengan en la transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas y renovables de energía disponibles en el país; en conservación de las áreas protegidas; en un masivo proceso de reforestación pero no con monocultivos de especies exóticas; en el desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía con especial participación de las poblaciones de la zona; y, en inversiones en ciencia y tecnología.
La definición de las cinco prioridades enunciadas en el párrafo anterior se alcanzó sin presiones de potenciales contribuyentes. En ejercicio de su soberanía, Ecuador se propone a transitar hacia una economía post-petrolera.
Igualmente habrá que estar atentos para que el financiamiento de este fondo no se haga con canje de deuda. No se puede financiar un proyecto de vida con recursos provenientes de deudas corruptas, como son muchas de las deudas bilaterales contratadas con el Estado español, por ejemplo. En principio, las aportaciones deben ser de fondos nuevos.
Recuperemos la Iniciativa para la sociedad civil
La sociedad civil estuvo en el origen de la Iniciativa. Ahora aparece como un poco arrinconada. No obstante, el momento es de alegría y de empuje. El verbo “yasunizar” se conjuga ya en otros lugares del mundo.
Celebremos la firma del fideicomiso, cuyo contenido deberá ser totalmente divulgado para saber a qué atenernos. Contribuyamos en la medida de nuestros contactos y saberes a fortalecer esta Iniciativa.
No nos olvidemos que las empresas petroleras, empeñadas en hacer negocios con el crudo del ITT, argumentando incluso el interés nacional y el beneficio para las grandes mayorías, no dejarán de actuar para que fracase la Iniciativa Yasuní-ITT. La actitud vacilante del presidente de la República a lo largo de más de tres años y su feria de epítetos en enero de este año, llevan a veces a pensar que existe el riesgo de que se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión encargada finalmente no consigue cristalizar a tiempo los aportes ofrecidos y los nuevos aportes necesarios. El gobierno, entonces, podría endilgar el fracaso a los países desarrollados que ofrecieron aportar, al mismo PNUD e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario…
Por lo tanto, tengamos siempre presente que esta Iniciativa debe afincarse en la sociedad civil. Allí surgió desde la resistencia de las comunidades amazónicas que sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía , particularmente de la Texaco. Desde allí, poco más tarde se planteó un juicio en contra de dicha empresa por parte de los afectados por su irresponsable accionar en la Amazonía. Más adelante, ese sostenido esfuerzo de resistencia desembocó en la propuesta de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
Deben ser por lo tanto, las propias comunidades de la zona del Yasuní, en primera línea, así como las del resto de la región amazónica y la sociedad ecuatoriana en su conjunto los actores fundamentales para presionar por la ejecución de esta Iniciativa. Igualmente ellos deben ser los encargados del control de dicha ejecución, sobre todo del uso que se den a los recursos financieros obtenidos.
En este momento se debería incluso debatir sobre la conveniencia o no de ampliar la actividad petrolera (y minera) en el sur de la Amazonía. Como sociedad podríamos asumir el reto de no hacerlo, buscando los recursos para financiar la economía a través del desmontaje sistemático y creativo de los costosos e inequitativos subsidios a los combustibles derivados del petróleo, muchos de los cuales deben ser inclusive importados a costos muy elevados.
A estas alturas, cuando se ha transitado por un complejo y enriquecedor camino, cuando tenemos una nueva Constitución que prioriza el respeto a los Derechos Humanos individuales y colectivos, y que revolucionariamente incorpora los Derechos de la Naturaleza, la Iniciativa Yasuní-ITT ya no es una elección atada exclusivamente a su financiamiento. Sacarla adelante es una obligación de los gobernantes y respaldarla un deber de todos los habitantes del país y también del mundo.
1 En el libro recién compilado por Esperanza Martínez y el suscrito, “ITT – Yasuní Entre el petróleo y la vida” (Abya Yala), se recopilan muchos documentos y pronunciamientos sobre este proyecto, inclusive se incluyen los documentos que ya en diciembre del 2006 cristalizaron esta propuesta en el marco de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
2 ¿Cuál es la posición de las diferentes fuerzas políticas que acudirán a las elecciones presidenciales de Perú en el 2011? ¿Podemos influir para que haya un debate sobre la “yasunización” del bloque 67?
