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Piden a organismos multilaterales que aplacen decision sobre Camisea

December 12, 2007 | Cesar Munoz | EFE

Una delegación peruana que se opone al proyecto de gas de Camisea pidió hoy en Washington a los organismos multilaterales que estudian dar préstamos que aplacen su decisión hasta evaluar los posibles daños ambientales y sociales de la obra.

El denominado proyecto Camisea II prevé la construcción de una planta de licuefacción en Pampa Melchorita, a unos 169 kilómetros de Lima, para exportar el gas natural a México y Estados Unidos.

Detrás de este proyecto está el consorcio Perú LNG, formado por la estadounidense Hunt Oil, las trasnacionales SK Corp. (Corea) y Repsol YPF (España).

Se espera que los directorios de los organismos multilaterales aprueben o rechacen la extensión de los préstamos en las próximas semanas, según Alberto Barandiaran, presidente de la organización no gubernamental “Derecho, Ambiente y Recursos Naturales” (DAR), quien dijo que su monto total sería de 1.600 millones de dólares.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Ex-Im Bank) han elaborado estudios sobre el impacto del proyecto, pero Barandiaran señaló que no han estimado sus efectos totales, desde que el gas sale de los pozos hasta que llegue al puerto para su exportación.
“Queremos que se suspenda la decisión. No se han evaluado todos los factores”, indicó.

Además, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Perú, Carlos Herrera Descalzi, destacó que Perú debería usar el gas para abastecer a sus empresas y sus consumidores, y solo exportar los hidrocarburos que sobren.

“Las cifras económicas son abrumadoramente favorables al consumidor interno”, declaró Herrera Descalzi, quien como ministro de energía firmó la primera fase del proyecto de Camisea, concebida para el abastecimiento nacional.

El ingeniero afirmó que empresas petroquímicas del país están dispuestas a pagar el triple por el gas que lo que el Estado ganaría con su venta a Estados Unidos, Chile o México.

“Exportar gas como materia prima nos empobrece”, señaló, por su parte, la congresista de Unión por el Perú (UPP), Gloria Ramos, quien también forma parte de la delegación.

El grupo ha pedido el aplazamiento de las decisiones sobre los préstamos en reuniones con miembros de los consejos directivos de las tres instituciones de crédito y con los funcionarios encargados del proyecto.

La segunda fase del proyecto de Camisea, que aspira a convertir a Perú en exportador de gas, está envuelta en controversia por las seis fugas en las tuberías ya construidas y otros presuntos perjuicios ambientales y sociales.

Walter Kategari, jefe de la federación indígena Consejo de Machiguengas del Río Urubamba (COMARU), aseguró que las obras de construcción han enturbiado los ríos, disminuido la pesca y causado deslizamientos de tierra.

Además, afirmó que han trastornado la paz en las comunidades indígenas, al hacer que muchos jóvenes abandonen la forma de vida tradicional y emigren a los núcleos urbanos para asumir empleos de baja cualificación, al tiempo que ha aumentado la prostitución.

Kategari reconoció que el consorcio empresarial que ha desarrollado Camisea I ha otorgado una compensación de aproximadamente medio millón de dólares a los entre 13.000 y 15.000 indígenas que viven en el Bajo y Alto Urubamba.

Sin embargo, consideró que ese dinero no compensa los efectos negativos del proyecto en esas áreas vírgenes de la selva.

“No podemos desarrollar una actividad económica a costa de un pueblo”, se quejó el líder indígena.

Pese a que los préstamos en Washington aún están pendientes, el consorcio Perú LNG ya ha comenzado las obras de una planta a la que llegará el gas de la selva y que producirá 625 millones de pies cúbicos de hidrocarburos licuados al día.

El proyecto Camisea II también prevé la construcción de un gasoducto y una terminal portuaria.

La decisión de las instituciones de crédito sobre los préstamos se ha retrasado en parte por las auditorías pedidas por el Gobierno, después de que hubiera seis fugas en los conductos de la primera fase del proyecto, según ha reconocido la propia gerente general del consorcio Perú LNG, Barbara Bruce.

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