Choque de Culturas- Los Reclamos de Indígenas que Defienden sus Territorios Sagrados Están Frenando Proyectos de Infraestructura y Exploración Petrolera ¿Qué hay detrás del debate legal? | Amazon Watch
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Choque de Culturas- Los Reclamos de Indígenas que Defienden sus Territorios Sagrados Están Frenando Proyectos de Infraestructura y Exploración Petrolera ¿Qué hay detrás del debate legal?

October 7, 2006 | Semana

Es como si la historia se repitiera. Durante la conquista, Occidente atropellaba al nuevo mundo con caballos y armaduras y los indígenas se defendían con arcos y flechas. Hoy la ‘civilización’ llega de la mano de ingenieros y buldózeres, y los indígenas los repelen con abogados y ONG para defender lo que para ellos es más sagrado: su territorio.

En estos días la polémica corre por cuenta del puerto privado de Brisa y el gasoducto entre Venezuela y Colombia, ambos en La Guajira, y exploraciones petroleras en Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Putumayo. Por un lado, se encuentran los intereses del Estado. Por el otro, las comunidades arhuaca, wayuu, motilón bari, u’was, nasa, inga y embera.

Lo llamativo es que precisamente el debate se da gracias a las garantías que otorga la Constitución de 1991, que declaró a Colombia como un país pluriétnico y multicultural y les dio a las comunidades indígenas y negras herramientas legales para defender sus derechos y su manera de ver el mundo. Según datos del Incoder, 26,89 por ciento del territorio nacional lo ocupan resguardos indígenas y 4,49 son títulos colectivos de comunidades negras. Es imposible que en una porción tan grande del territorio nacional no se inicien proyectos de interés general, y más cuando el país está obligado a buscar petróleo ante los riesgos de que en tres años pase a depender de la importación de crudo.

A los wayúu les negociaron el paso del gasoducto por su territorio a cambio de chivos y obras consideradas menores

Los reclamos de los arhuacos por no poder llegar a uno de sus sitios de pagamento llevaron la semana pasada a suspender la construcción de un puerto

Este gran reto se complica más porque los 82 pueblos indígenas reivindican no sólo sus resguardos, sino otras áreas que forman parte de su territorio ancestral y cultural. Es decir, lugares que tradicionalmente ocupaba su etnia o donde tienen sitios de culto claves para mantener viva su esencia.

Dentro de las garantías de la ley se obliga a que todo proyecto que pueda afectar las etnias se debe someter a un proceso denominado consulta previa. No se trata de una autorización sino de garantizarles el derecho a la participación con procedimientos en los que se le explica de manera clara y veraz a la comunidad los posibles efectos ambientales y sociales de una obra o una ley, y donde se concerta con ellos la manera de mitigar los posibles impactos. Este derecho es requisito fundamental para que los proyectos cumplan con la Constitución y los tratados internacionales.

Pero no siempre es feacil aplicarlo. El principal inconveniente es llegar a acuerdos sobre las diferencias. Los resguardos están claramente delimitados, pero ¿qué pasa con los territorios tradicionales? Esto sucede en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los indígenas han trazado un límite conocido como la ‘Línea Negra’, que incluye sus lugares sagrados y también la mitad de la ciudad de Santa Marta y decenas de pequeños poblados.

Un equipo de seis personas de la dirección de Etnias del Ministerio del Interior es el responsable de definir si en el lugar del nuevo proyecto existen o no indígenas. Según la viceministra, María Isabel Nieto, son “antropólogos y abogados especialistas en temas indígenas y afros”.

Pero algunas comunidades desconfían de la idoneidad de estos funcionarios. Uno de los casos más llamativos es el del pozo de exploración Álamo 1 que lleva a cabo Ecopetrol en Norte de Santander. La petrolera solicitó que verificara si había o no indígenas en un lugar con unas coordenadas exactas. Un funcionario del Ministerio del Interior certificó desde un helicóptero que no había comunidad alguna y se le dio la bendición al proyecto, que ya arrancó. Los indígenas motilón barí de la zona aseguran que en ese lugar, por fuera de su resguardo, está enterrado uno de sus caciques. Según dijo a SEMANA Ashcayra Arabadora, uno de sus líderes, ese lugar es sagrado y paso obligado de sus comunidades. Es tal la indignación que les causó, que un sector de la comunidad ha llegado a discutir tomar el arco y la flecha para repeler lo que para ellos es una invasión.

Algo similar sucede en el Puerto de Brisa, en Dibulla, La Guajira, donde la semana pasada Juan Lozano, ministro de Ambiente y Vivienda, ordenó suspender los trabajos, entre otras razones porque a los indígenas no se les deja ingresar al área del puerto para que hagan sus pagamentos. El Ministerio del Interior había asegurado que en este lugar no existía tal sitio sagrado.

Los defensores de estos pueblos alegan, además, que en las negociaciones entre las grandes empresas y los indígenas el gobierno no desempeña adecuadamente su papel de garante. Para los críticos, esa es la situación de la construcción del gasoducto de la estatal venezolana Pdvsa, entre Venezuela y Colombia, donde se entregó a cada comunidad wayuu por donde pasa el tubo 50 chivos (que a 40.000 pesos por chivo valen alrededor de dos millones de pesos), y obras muy menores.

Antropólogos y dirigentes políticos han alertado acerca de lo que consideran un engaño al que fueron sometidas las comunidades indígenas que, a cambio de dejar pasar el gasoducto, se contentaron con muy poco. Se quejan de que en estas concertaciones no se tuvieron en cuenta los planes de ordenamiento territorial de los municipios, u obras estratégicas para el departamento. Como expresó el representante Vladimiro Cuello a SEMANA: “La comunidad de Comejenes pidió por compensación un aula escolar equipada. Las Américas, un trasmallo de 100 metros. Uriacá, la construcción de un quiosco. Wamayau, un jaguey con cerramiento. La Cruz, una fiesta con abundante comida y chirrinche”.

En el Ministerio del Interior dicen que las concertaciones se hacen de acuerdo con las creencias de los indígenas. “Para ellos son muy valiosos los chivos, dice la viceministra Nieto, y en el acuerdo no podemos imponer cosas que ellos no están pidiendo”.

Sin embargo, tanto Cuello como el senador Jorge Ballesteros consideran que una obra de semejante magnitud, además de resolver los problemas concretos de cada comunidad, debería dejarle algo representativo a La Guajira, un departamento con graves problemas de agua potable, salud y vías de comunicación.

Diferencias de forma y de fondo como las anteriores hacen que la consulta previa, que debería ser un mecanismo expedito, en ocasiones tarde años. Quizá la situación más dramática se presenta con los u’wa, en los límites entre Boyacá y Arauca. Sus protestas comenzaron hace una década y llegaron incluso a amenazas de suicidios colectivos. Fue tal la presión, que la multinacional petrolera Oxy salió de la región. Ecopetrol retomó el proyecto, pero un sector de la comunidad decidió no asistir a ninguna de las convocatorias. Ante esta sinsalida, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que certifica que el Estado ha garantizado el derecho a la participación y que, una vez hechos los estudios de impacto ambiental, se podrá desarrollar el proyecto.

La discusión con los indígenas a veces se hace más compleja cuando actores externos intervienen en las tomas de sus decisiones y, por ejemplo, los inducen a a evitar la presencia del Estado, lo que facilita las actividades de grupos ilegales y el narcotráfico. En Teteyé, Putumayo, indígenas nasa, inga y embera denuncian que a causa del petróleo los han acusado de ser guerrilleros y el precio que han pagado ha sido desplazamientos, muertes y torturas. En este lugar, que ya está en producción petrolera, el gobierno certificó que no había indígenas.

Las protestas de algunas de estas comunidades por todo el país contrastan con los datos del Ministerio del Interior. Según sus cifras, son muy pocas las dificultades que se han presentado en las 42 consultas previas que se han hecho en los últimos tres años, casi todas resueltas en total armonía y con beneficios para ambas partes.

En estos ‘pulsos’ con los grandes industriales, los indígenas no entran tan débiles como se cree. Su causa tiene gran eco en organizaciones civiles del mundo entero que recaudan fondos para sostener su lucha. De ahí que es inexacto pensar que hoy todavía los bajan de las montañas con espejos y abalorios. Además, sus reclamos y su filosofía de ver el mundo, que merecen todo el respeto, no se pueden ver por sí mismos como la única verdad revelada. No es fácil sintonizar modelos de pensamiento tan diferentes y la única solición viable es un diálogo que propicie acuerdos razonables.

Los megaproyectos no necesariamente les traen bienestar a los habitantes de una región. Históricamente, varios pueblos indígenas han recibido los impactos negativos de esta clase de obras y su desconfianza y su prevención son más que entendibles. Pero los colombianos que viven por fuera de los resguardos (entre otras cosas, casi todos descendientes directos de los mismos ancestros indígenas que reivindican las etnias) también tienen necesidades apremiantes y derechos. De la misma manera, los indígenas tienen deberes que cumplir.

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