Siempre y cuando se cumpla con los estudios, planes, licencias y permisos ambientales previstos en la ley, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le dio vía libre al Gobierno para poner en marcha el proyecto petrolero que, con pública oposición de varias organizaciones indígenas, se ha pretendido impulsar desde hace 14 años en el territorio del resguardo U’wa, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander.
En respuesta a una consulta del ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, sobre la base de que las actividades exploratorias de Ecopetrol en el área ofrecen optimistas posibilidades sobre el hallazgo de hidrocarburos y que para el país es urgente encontrar petróleo antes de 2010 a riesgo de empezar a importarlo, el Consejo de Estado dejó en claro que la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas no afecta la legalidad del proyecto petrolero.
En la consulta, el ministro Pretelt planteó que desde el año 2002 se han adelantado actividades exploratorias en el área denominada Sirirí, y según los geólogos, puede haber importantes acumulaciones de hidrocarburos (petróleo y gas) en el subsuelo. Sin embargo, para asegurarse de que la información sea fidedigna, los expertos necesitan realizar trabajos adicionales en la zona denominada Catleya. Ambas áreas están localizadas en territorio U’wa.
Según un informe aportado por el Ministerio de Minas y Energía, el Estado colombiano tiene la imperiosa necesidad de adicionar nuevas reservas de hidrocarburos para satisfacer el consumo nacional y, en forma determinante, contribuir a la estabilidad económica del país. Sin embargo, desde 1995, cuando la compañía Occidental obtuvo licencia ambiental para desarrollar el proyecto petrolero, el pueblo U’wa se ha opuesto abiertamente, argumentando la defensa de su cultura y tradiciones.
Ante tal disyuntiva, y después de innumerables litigios judiciales y consultas a todo nivel, que han involucrado a los últimos cuatro gobiernos, la administración Uribe Vélez decidió tomar cartas en el asunto preguntándole al Consejo de Estado si puede emprender la exploración en el territorio de los U’wa, y qué debe hacer si esa comunidad indígena se opone, en momentos en que existe una seria amenaza de desabastecimiento de hidrocarburos en Colombia.
La respuesta
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, recordó inicialmente que, de conformidad con el artículo 330 de la Constitución, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, puede hacerse siempre y cuando participen en las decisiones las comunidades afectadas. Esta norma está desarrollada en la Ley 21 de 1991 y el decreto 1320 de 1998.
Según consta en la documentación aportada ante el contencioso administrativo, este trámite se ha venido cumpliendo a lo largo de la última década, y en distintos estudios, consultas y respuestas judiciales, le ha significado al Estado una inversión aproximada de $3 mil millones. No obstante, las asociaciones que representan los intereses del pueblo U’wa se han negado sistemáticamente a la realización del proyecto y no han querido participar en el proceso de consulta previa que exige la ley.
En su defecto, el asunto derivó en un interminable conflicto con múltiples actores y estrados judiciales. Por ejemplo, en su momento, la Defensoría del Pueblo interpuso una tutela contra la licencia ambiental otorgada a la OXY, en tanto que la comunidad U’wa demandó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema ha pasado por el Congreso de E.U, por la OEA, y ahora, de nuevo, regresa a las instancias nacionales.
La Sala del Consulta del Consejo de Estado, en un concepto que no obliga al Gobierno, pero seguramente revivirá la polémica ambiental y económica, concluyó que, de acuerdo con la extensa documentación aportada por el Ejecutivo, salvo que el Ministerio del Interior considere justificada la inasistencia de la comunidad U’wa a las reuniones de consultas previas, el Estado ya cumplió con los trámites legales y puede iniciar el proyecto petrolero.
Eso sí, aclaró la corporación judicial, que la exploración sísmica de interés general promovida en las áreas de los resguardos indígenas, podrá hacerse siempre y cuando “se acaten los estudios ambientales y, definitivamente, teniendo en cuenta las objeciones y observaciones formuladas por los pueblos indígenas en defensa de sus derechos constitucionales a la integridad étnica, social, cultural y económica”.
Además, el Consejo de Estado manifestó que la ausencia de un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades U’wa o, incluso, “la renuencia injustificada de éstas a participar en el proceso de consulta previa, no afecta la legalidad de la iniciación del proyecto petrolero, siempre y cuando, su análisis ambiental se ajuste teniendo en cuenta, en cuanto sean razonables, las observaciones y objeciones formuladas por las comunidades afectadas”.
Así las cosas, Ecopetrol quedó habilitado para empezar trabajos sísmicos en un área de 186 mil hectáreas que recibió de la Occidental, luego de que esta empresa perforara el pozo Gibraltar I. Por su propia cuenta y con sus recursos, Ecopetrol perforó un segundo pozo, y después de intensas actividades, en enero de 2004 reportó un diagnóstico positivo. Ahora podría consolidar la búsqueda en Sirirí-Catleya, en la región conocida como Sarare.
Según fuentes consultadas en el Gobierno, el Consejo de Estado es impreciso cuando afirma que las comunidades U’wa no han acudido a la consulta previa. Sí lo han hecho, pero para reiterar su negativa absoluta al proyecto petrolero. Con la decisión del Consejo de Estado, el Ejecutivo espera sortear un azar económico a la vista: el desabastecimiento de petróleo que tendría críticos efectos en las finanzas públicas de la Nación.
Sin embargo, se sabe de antemano que el pueblo U’wa, en defensa de su autonomía política y administrativa, rechazará la medida. Sus voceros han manifestado que su territorio no será objeto de negociación, y que las experiencias de otras consultas previas han sido negativas y sólo están encaminadas a admitir el proyecto petrolero y desmayar en las pretensiones de la comunidad de preservar su territorio sagrado, en el cual el petróleo es considerado la “sangre de la tierra”.
El concepto de 27 folios emitido por la Sala de Consulta y conocido por El Espectador evalúa todas las acciones del Estado y la comunidad U’wa y el conflicto desatado entre los derechos de los indígenas y la obligación del Gobierno para atender el interés general, concluyendo que con todos los controles ambientales del caso, el proyecto petrolero Sirirí-Catleya, entre Boyacá, Arauca y Norte de Santander, puede ponerse en marcha.
Cronología
1992-1995: La OXY inicia un proceso de consulta previa para la exploración de petróleo en el territorio del pueblo U’wa, en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. La comunidad rechaza la exploración.
1995: La Defensoría del Pueblo, representando los intereses del pueblo U’wa, instaura una tutela por violación del derecho de la comunidad a ser consultada.
1997: La Corte Constitucional falla en favor de los U’was y ordena detener las exploraciones.
1997: El Consejo de Estado falla a favor de la legalidad de la OXY para explorar en el territorio de los U’was y tumba la tutela de la Corte Constitucional.
1999: La OXY desarrolla un estudio de impacto ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente le otorga licencia para perforar el pozo Gibraltar I.
2002: La OXY le cede a Ecopetrol los derechos sobre estos terrenos.
2003: Ecopetrol inicia la perforación de los pozos Gibraltar I y Gibraltar II, por fuera del territorio de la comunidad U’wa.
2004-2005: Se lleva a cabo el proceso de consulta previa por parte del Gobierno con las autoridades U’was. La comunidad no acepta el desarrollo de actividades extractivas en su resguardo indígena.
2006: El Consejo de Estado falla que el Gobierno cumplió todos los trámites legales para efectuar el proceso de consulta previa con el pueblo U’wa y que, pese a la negativa de los indígenas, puede iniciarse la exploración sísmica en las áreas de resguardos indígenas.
Mayo de 2006: Un total de 57 ONG de Estados Unidos y Europa dirigen una comunicación al presidente Uribe y al presidente de Ecopetrol en la que les solicitan suspender definitivamente cualquier proyecto petrolero en el territorio del pueblo U’wa.
Visión de los U’was
“El territorio es sagrado, la tierra es nuestra madre y sin ella no hay vida. El petróleo es la sangre de la tierra, que da vida a los animales, a las plantas y a toda la humanidad. Por eso a los U’was nos toca cuidar el territorio sagrado para mantener el equilibrio de la Madre Tierra”.
“Nuestro conocimiento tradicional nos dio el poder espiritual para controlar la naturaleza en sus desequilibrios. Con el trabajo del petróleo en nuestro territorio sagrado se acaba nuestra cultura. No queremos una segunda invasión y colonización”.
“Tenemos una cultura que puede curar enfermedades propias que siempre hemos conocido. Por eso no queremos que nos traigan otras enfermedades con la llegada de otras personas a nuestro territorio”. “Nuestro territorio no está en venta ni será objeto de negociación”.
“Antes de la llegada de los españoles esta tierra era de nosotros. Siempre hemos tenido nuestra ley. Nuestra riqueza nos la da la madre naturaleza”.
“Somos un pueblo con un asentamiento histórico y milenario que es patrimonio de la Nación. Todo esto nos da la legitimidad para ejercer el pleno derecho de la autoridad indígena en la administración del territorio sagrado, el cual no es negociable”.
“Los U’was no aceptamos la consulta del Gobierno, porque las experiencias de consultas previas hechas en otras regiones indígenas han demostrado que lo que se busca es legitimar la presencia del Gobierno en territorio indígena, y no que sean respetadas las decisiones autónomas de nuestros pueblos al momento de decidir si aceptan o no el desarrollo de estos proyectos”.
