Washington, DC – Grupos ambientalistas Amazon Watch, Friends of the Earth y la Red de Energía y Economía del Instituto de Estudios Políticos han divulgado un informe acompañado por un video que demuestra que los impactos ambientales de los gasoductos Cuiaba y Bolivia-Brasil de Enron y Shell persisten.
Como indica el informe y el video, el gasoducto Cuiaba ganó notoriedad internacional por la destrucción del bosque seco tropical de mayor conservación en el mundo, “el Bosque Seco Chiquitano”. La destrucción del bosque pone en peligro la sostenibilidad de las comunidades indígenas chiquitanas y ayoreas, que están sufriendo violación de sus derechos humanos.
En Febrero 2002, la agencia del gobierno estadounidense que inicialmente aprobó un crédito de 200 millones de dólares para la construcción del gasoducto (OPIC), retiró el préstamo, poco después de la quiebra de la Enron, y solicitó una investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por posibles violaciones cometidas por Enron de “la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras”. Lo irónico es que OPIC fue el mayor financiador público de Enron.
Uno de los problemas más graves relacionados con el gasoducto tiene que ver con la mina de oro “Don Mario” del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, ubicada en el medio del Bosque Chiquitano. “Antes de la construcción del gasoducto Cuiaba hace tres años, Enron, Shell, y OPIC garantizaron que no se construirían válvulas para extraer gas del ducto en el Bosque Chiquitano,” dijo Jon Sohn, analista Político de “Friends of the Earth”.
“Les advertimos que la existencia de nuevas extensiones del ducto a través del bosque chiquitano traería proyectos industriales a una área de extrema sensibilidad”. El video demuestra que la mina de oro está en proceso de extraer gas del ducto. Un representante de la empresa admitió que el consorcio de Enron y Shell había construido válvulas para extraer gas, una clara violación del convenio con OPIC y el Estudio de Impacto Ambiental.
La decisión de construir el ducto a través del bosque chiquitano y los humedales del Pantanal ha sido empeorada por un programa de conservación manejado por las empresas y cuatro ONGs, el cual excluye representantes indígenas de su directorio. Las empresas también fallaron en “mitigar” impactos como la cacería y la tala de madera ilegal a lo largo de la ruta del ducto. El informe sostiene que ahora Enron, Shell y OPIC deben garantizar que las comunidades reciban titulación para sus tierras y reciban compensación a largo plazo por los impactos que han sufrido y van a seguir sufriendo a consecuencia del ducto.
El miércoles, el Banco Inter-Americano de Desarrollo, cuyos fondos provienen en parte de los contribuyentes estadounidenses aprobó un crédito de 132 millones de dólares para Transredes (un consorcio de Enron y Shell) para la expansión del gasoducto Yabog.
Representantes de Amazon Watch, Friends of the Earth, y el Instituto de Estudios Políticos han declarado que las empresas Enron y Shell no deben beneficiarse de fondos públicos, considerando su historia de devastación social y ambiental en Bolivia, además de las investigaciones actualmente en proceso en los Estados Unidos por sus prácticas ilegales en Bolivia y otras partes de mundo. Estos grupos solicitaron al gobierno de los EEUU -que controla el 30 por ciento del BID- rechazar la solicitud de Enron para este proyecto.
“Los fondos públicos no deben ser utilizados para la destrucción de los bosques tropicales pristinos,” dijo Atossa Soltani, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Al rechazar este préstamo, el BID podría mandar una señal importante a Enron y otros que no pueden depender de los cofres públicos para financiar la devastación de valiosos ecosistemas.”
En noviembre, el presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, quien ayudó a negociar la venta parcial del YPFB a Enron y Shell, estuvo en Washington, y se reunió con el presidente George W. Bush y con representantes del BID para promover su apoyo para el gasoducto Yabog y otros proyectos. También quería conseguir apoyo financiero para planes para exportar las reservas de gas de Bolivia, además de una propuesta para exportar cantidades inmensas de gas desde Bolivia hasta California.
Mientras tanto, las comunidades afectadas por los ductos han solicitado que las empresas y las instancias financieras resuelvan los problemas persistentes. Enron sigue operando la red de ductos de petróleo y gas en Bolivia con Shell. A pesar de su quiebra, Enron no ha vendido sus acciones en Bolivia.
